Este martes 12 de noviembre el juzgado de instrucción número 13 de Sevilla admitía a trámite la querella presentada por el PSOE por “posibles irregularidades” en las contrataciones del Servicio Andaluz de Salud (SAS) imputando así a sus últimos tres directores. 

Por ello, el magistrado ha llamado a comparecer a los imputados -Valle García, Miguel Ángel Guzmán y Diego Vargas- “en hora de audiencia cualquier día hábil del mes de noviembre de 2024 al objeto de informarles de sus derechos conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como darles traslado del escrito de querella y ampliación mediante copia de estas y demás diligencias practicadas, acordándose su declaración en un momento posterior”. 

A raíz de esta última decisión de la justicia, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, se ha dirigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y al gobierno andaluz en su conjunto para que “dejen de intentar, ante la opinión pública, minimizar” las presuntas irregularidades en el SAS por procedimiento de emergencia. “Quiero que Moreno Bonilla comparezca ante el parlamento de Andalucía y explique si conocía y nos ha ocultado que han seguido utilizando esa contratación de emergencia durante 2024 y si desde el 30 de julio le había dado conocimiento su consejera de Hacienda de ese informe de control financiero permanente que avala efectivamente lo que hemos denunciado”.

Al margen de la citación de los imputados, el juzgado número 13 de Sevilla ha acordado también una serie de diligencias interesadas por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, entre las que figura “que se requiera al Servicio Andaluz de Salud para que aporte en el plazo de un mes de forma sistemática y en soporte digital los expedientes tramitados por procedimientos de emergencia por su Servicio Central en el periodo 2021-2023 en el ámbito del artículo 9 del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo”.

Hechos “de especial gravedad”

A consecuencia de esta decisión judicial, el presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha instado al grupo popular de Moreno Bonilla que deje de “convertir” ante la opinión pública “este caso en algo menor o asunto administrativo”, cuando “lo que se deduce del pronunciamiento tanto de la Fiscalía Anticorrupción como del propio Juzgado de Instrucción es que estamos ante una investigación judicial sobre asuntos muy graves que, sin duda, va a ir avanzando de forma clara y definitiva en las próximas semanas”. 

En líneas similares, ha puesto el acento en la responsabilidad que ostentan los cargos imputados, señalando que “no estamos hablando ya de gerentes ya cesados, sino de la actual gerente” y de “unos hechos que nos parecen de especial gravedad”. Sobre esto, el dirigente socialista ha recordado que en la “primavera” de 2023, cuando ya avisaron desde su grupo que la Junta “estaba abusando de esa contratación de emergencia sin una razón o justificación legal suficiente”, el Gobierno andaluz prometió sin cumplirlo que “dejarían de hacerlo de manera inmediata”.

La otra acusación: el ocultamiento de un informe fiscal

Con todo ello, Espadas ha ido más allá acusando al grupo popular andaluz de ocultar el “informe definitivo de control sobre el cumplimiento de la normativa aplicable en los expedientes de tramitación de emergencias 2022-2023” en el que, además, se ratifica la querella socialista y constituye “un pronunciamiento desfavorable, categórico, negativo a la posibilidad de ese abuso en la contratación de emergencia a través de adendas, prórrogas cuando no se daban ya ningún tipo de circunstancias que autorizaran ese uso excepcional”.

Por esta razón, el líder socialista ha pedido que “cuando haya lugar” desde el Gobierno andaluz se den “explicaciones en sede parlamentaria sobre la ocultación de una información de interés y relevancia”.

Fase “determinante” para depurar responsabilidades

En este sentido, Espadas ha querido poner de manifiesto la importancia de la fase de investigación judicial que considera como “determinante” para señalar a los responsables y ha puesto énfasis en la consejera actual de Salud, Rocío Hernández, sobre quien señala que “tendrá que explicar por qué su directora gerente ha firmado esas resoluciones”, así como Moreno Bonilla “por qué se firmaron las anteriores”. 

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