Desde que José María Aznar tomara las riendas de la formación y lo refundase en lo que es ahora el Partido Popular en 1993, han sido muchos los códigos éticos, disposiciones, normas de transparencia y regeneración democrática que los populares han firmado para luego incumplirlas y guardarlas en el cajón del olvido.

Ahora, que su nuevo líder, Pablo Casado, está ante el abismo de una posible imputación por prevaricación administrativa y cohecho impropio, el PP se siente una vez más acorralado por sus propios códigos de conducta.

Y es que, en septiembre sabremos si el Tribunal Supremo imputa a Casado por las presuntas irregularidades en su máster de la Universidad Rey Juan Carlos. De ser condenado, el líder popular podría enfrentarse a entre tres y siete años y medio de inhabilitación para cargo público. Una hipotética sentencia que pesaría y mucho después de que su antecesor, Mariano Rajoy, se convirtiera en el primer presidente del Gobierno en sentarse en un banquillo como testigo por corrupción y en perder una moción de censura. Sin olvidar que el propio PP es el único partido de la democracia condenado por corrupción, por la Trama Gürtel.

Pero hay más: Púnica, Gürtel, Taula, Enredadera… son casos que inundan el partido y, en ninguno de ellos, el PP ha respetado lo que pone en sus propias normas éticas. Pero para comprenderlo mejor, repasemos algunos de los puntos de las diferentes normas y promesas violadas.

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Pautas de conducta para ser símbolo de transparencia

“El sistema democrático exige implícitamente la asunción de un compromiso ético por los políticos. Es la sustancia misma de la Democracia la que exige a los políticos ese compromiso”. Así comienza el primer código ético del PP, creado el 24 de abril de 1993, con José María Aznar como líder. Con estas palabras, el PP se presentaba como un símbolo de la transparencia y el buen hacer. Décadas después, se convertiría en el único partido imputado por corrupción y con el mayor número de miembros bajo la misma condición.

Si acudimos al actual código ético por el que se rigen los miembros del PP, podemos leer: “El objetivo de este Código es establecer con precisión unas pautas de conducta, a las que deben ajustarse los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización”.

Todos deben comprometerse a cumplir este objetivo, sin embargo, como si fueran normas preparadas de cara a la galería, para presentarse ante la sociedad como un partido que lucha contra la corrupción, el PP ha incumplido sus propios códigos manteniendo a imputados entre sus filas, protegiéndoles y cuestionando las decisiones o la falta de rapidez de los jueces.

No influir en la Justicia

Aun así, insisten en decir que “no es posible exigir regeneración a los demás si previamente uno no asume un compromiso de autoexigencia, tanto como partido como a sus dirigentes y militantes que puedan ostentar tareas públicas” y, precisamente por ello, se comprometieron a “no influir en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo cuando ello comporte un privilegio en su beneficio o en el de su entorno familiar y social”.

Sin embargo, ahí estaba Rafael Catalá, exministro de Justicia, para criticar casi cualquier decisión judicial que pudiera influir al PP. “Presionar a los jueces es impropio e inútil”, decía Catalá, para acto seguido atacar a jueces como José de la Mata, el sustituto de Pablo Ruz en la Audiencia Nacional cuando era instructor de casos como Gürtel o Bárcenas. De él, llegó a decir: “Si no es independiente, se le puede recusar”.

Rafael Catalá junto a Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados.

Ahora, Pablo Casado ha vuelto a rescatar este discurso bipolar que, por un lado, pide respeto para la Justicia; pero por otro, asegura que la investigación de su máster es una especie de ataque personal que quiere acabar con su carrera. Mantiene que lo que se está haciendo con él, no se ha hecho con ningún político. Con sus palabras, está saltándose promesa del código.

¿Regalos?

Otro de los puntos de este código de conducta reza: “La prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales”.

La jueza instructora del Caso Máster, antes de elevar el caso al Supremo, aseguró que Casado sería “un colaborador necesario” para la entrega de su título de máster como “un regalo”. Una titulación que consta en su currículum pero que, supuestamente, nunca cursó.

Es más, la jueza considera que hay acreditados indicios de que Casado podría formar parte del “grupo escogido de alumnos” a los que el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos habría regalado el título.

Facilitar la creación de comisiones de investigación

Otro punto claramente olvidado por el PP aparece en las bases para el Pacto por la Transparencia y contra la Corrupción que firmaron en noviembre de 2009 y que recoge junto al resto de códigos nuestro colaborador Los Genoveses. Allí se comprometen a “facilitar la creación de comisiones de investigación”.

La lista de obstáculos, que ha presentado el PP para que el Congreso no pudiera investigar su financiación y su Caja B, es casi interminable.

Cuando PSOE, Podemos y Ciudadanos crearon una comisión de investigación en el Congreso para estudiar su financiación, el PP contratacó presentando otra, en el Senado y para investigar las cuentas de todos los partidos. Una forma de encender el ventilador.

Nada más nacer, la comisión montada por el PP se convirtió en una reunión de populares. Es decir, la oposición la abandonó y el partido, por aquel entonces de Rajoy, investigaba al resto de formaciones sin ellas presentes. Pero, de momento conseguían tapar la comisión del Congreso.

El siguiente paso fue el intento de limitar y frenar al Parlamento a la hora de investigar su supuesta financiación ilegal. ¿Cómo? Registraron un "pronunciamiento previo" para que en la comisión sólo se pudiera investigar la financiación del PP desde mediados de 2016 quedando fuera la etapa en la que se creó, supuestamente, esa Caja B.

Además, intentaron que no se pudiera llamar a comparecer a nadie que no ocupara en estos momentos un cargo político, orgánico o institucional. Así querían evitar la imagen de figuras tan destacadas como José María Aznar. Incluso amenazaron con acudir al Tribunal Constitucional si se seguía investigando en el Congreso.

Y así es como el Partido Popular cumple sus códigos y fomenta la creación de comisiones de investigación.

Renunciar al escaño

Ya en el primer código ético, el de Aznar en el 93, el PP se comprometió a que “sus militantes y cargos de representación asumirán el compromiso por escrito de renunciar al escaño o al puesto que ocupan si deciden abandonar la formación política por la que fueron elegidos”.

Sin embargo, hemos visto más de un ejemplo que, tras ser señalado por la Justicia, tras ser invitado a dejar el partido, la persona lo ha hecho pero no ha renunciado a su escaño para mantener su condición de aforado.

Así lo hicieron De La Serna, Pilar Barreiro y el caso más sonado, Rita Barberá. Todos se sentaron el Grupo Mixto.

Por último… ¿qué entiende el PP como infracción?

En el Reglamento de Régimen Disciplinario y de Garantías, aprobado por la Junta Directiva Nacional del PP el 15 de enero de 2018 se acordó que los miembros del PP podían recaer en infracciones leves, graves y muy graves.

Así, ellos mismo definen como “infracción muy grave” cuando se incurre en “cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos”, pero también cuando una persona es condenada “por un delito que por su naturaleza o por las circunstancias en las que se haya cometido se considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos establecidos en los Estatutos Nacionales, según valoración motivada del Comité de Derechos y Garantías competente”.

Así, cualquier popular condenado por corrupción debería conllevar una “suspensión de afiliación por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años”, la “inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del Partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo” y la “expulsión del partido”.

Ahora, la pregunta es, en el caso de ser imputado, ¿Casado también olvidará estas normas?