“El objetivo de este Código es establecer con precisión unas pautas de conducta, a las que deben ajustarse los cargos públicos, responsables políticos y profesionales con funciones ejecutivas en la organización”. Así empieza el código ético aprobado por el PP, una serie de pautas a seguir para ser un buen representante público que, por los acontecimientos vinculados a la corrupción que inundan el partido, parece que nadie respeta y/o que nadie es capaz de aplicar sobre los infractores.

Según explicó el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, al presentar el informe de lucha contra la corrupción este jueves, en los últimos cuatro años se ha detenido a 7.000 personas, que se dice pronto. Solo en 2015, fueron 2.442 los detenidos en 1.200 actuaciones policiales.

En los últimos días hemos encontrado un nuevo ejemplo y, para ello, solo hay que mirar de nuevo a la Comunidad Valenciana. El Juzgado de Instrucción de Nules ha ordenado el procesamiento del que fuera alcalde del PP de La Vall D'Uixó y ahora diputado por Castellón, Óscar Clavell, por supuestos delitos de fraude, malversación de fondos públicos y prevaricación.



Según relata el auto, mientras que Clavell era alcalde en funciones, validó unas facturas por unos 707.000 euros de la empresa encargada de las funciones de limpieza y transporte de residuos urbanos. Considerando que existen pruebas suficientes, la instructora del caso ha dictado auto de procesamiento. Y es que “pese a que la responsable técnica de la ejecución del servicio” avisó de que validar dichas facturas no era correcto, porque tenían defectos, el alcalde siguió adelante.

Ahora es el turno del fiscal, quien tiene que decidir si archiva el caso o abre juicio oral, la clave de todo el asunto. Si acudimos al código ético del PP podemos leer que entienden “que no es posible exigir regeneración a los demás si previamente no asume un compromiso de autoexigencia, tanto como partido como a sus dirigentes y militantes que puedan ostentar tareas públicas” y, precisamente por ello, se comprometieron a “no influir en la agilización o resolución de trámite o procedimiento administrativo cuando ello comporte un privilegio en su beneficio o en el de su entorno familiar y social”.

A la apertura de juicio oral
Son muchas las veces que se ha tenido que preguntar a la cúpula del PP sobre la no expulsión del partido de miembros investigados (nuevo término para referirse a los imputados) o implicados en casos de corrupción. La respuesta siempre ha sido la misma: cuando se abra el juicio oral y no solo porque una persona esté siendo investigada.

Si tomamos como promesa estas palabras, podemos afirmar que el Partido Popular ignora su Código Ético e incumple sus promesas. Óscar Clavell ha pasado esa barrera, ha pasado de investigado en el proceso de instrucción a estar procesado. Lo siguiente, será la imagen de él sentado en el juicio y, aun así, sigue siendo diputado del PP. No le han expulsado.

Sobre esta cuestión, ELPLURAL.COM ha intentado preguntar a los responsables de prensa del PP sin recibir respuesta alguna. Al comprender que era de Óscar Clavell de quien queríamos hablar, rápidamente nos han remitido al Grupo Parlamentario del Partido Popular. Allí, tampoco hemos obtenido respuesta.

No siempre es así
La pregunta sería por qué con unos sí y con otros no. Volvemos a recordar que el PP ha asegurado en repetidas ocasiones que no pedirían la expulsión de un miembro de la formación señalado por corrupción hasta que no se abra juicio oral. Pues bien, con Gómez de la Serna les entraron las prisas.

Cuando De la Serna fue señalado por supuestos cobros de comisiones a empresas españolas en el extranjero, ocupaba el número dos en la lista del PP por Segovia y nos encontrábamos en plena campaña electoral para las generales del pasado 20 de diciembre. En esta situación, no tardaron más que días en pedirle que se retirara, pero él prefirió esconderse.

El diputado popular por Segovia Pedro Gómez de la Serna (d), excluido del grupo por sus negocios en el extranjero, pasa al lado del presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, durante la sesión constitutiva del Congreso que da paso a la XI legislatura. EFE



Finalmente se presentó una vez ya celebradas las elecciones en el Congreso a recoger su acta de diputado. ¿Qué hizo el PP? Sin esperar a que se le abriera juicio oral, aunque sí estaba imputado por la Audiencia Nacional, le expulsó del partido y le relegó al Grupo Mixto.

Quizás porque en su Código Ético también recogen que cualquier miembro del PP tiene “el compromiso de comunicar a la Dirección del Partido Popular la apertura de cualquier procedimiento jurisdiccional del que puedan derivarse indicios racionales de comisión de un delito, y de poner a disposición del Partido el cargo público que desempeñe cuando el Comité Nacional de Derechos y Garantías considere que su permanencia en el mismo daña a la propia organización o a la institución pública”.

O porque piden que se abstengan de “toda actividad privada que pueda suponer un conflicto de intereses con el ejercicio de su función, y no aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja”. Sea como fuere, el PP ha puesto sobre papel unas normas a seguir que no se cumplen y unas promesas que solo a veces.