La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentó este martes dos medidas para atajar los rebrotes de coronavirus. La primera fue la de implementar la obligatoriedad de usar la mascarilla aún en situaciones donde la distancia de seguridad se pueda mantener; y la segunda, la denominada “cartilla Covid”. Se trata de una suerte de cartilla de vacunación que permita identificar a aquellas personas que tienen anticuerpos o un test PCR negativo para que puedan realizar cuantas actividades quieran y soslayar las limitaciones en gimnasios, museos etc.
La polémica medida, en la que Ayuso parece haber echado freno al matizar a la postre que solo es un proyecto, ha sido llevada al Defensor del Pueblo por la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, ya que considera que vulnera los derechos de la población.
Para el tercer sector, esta medida es "preocupante" porque puede producir una "segregación" de la población en función al acceso a PCR u otras medidas de diagnosis.
"Esta cartilla podría darse un efecto de discriminación en el acceso a servicios, uso de instalaciones y otras acciones que, evidentemente, quedan fuera del ámbito de acción de una importante parte de la población madrileña así como, especialmente, de las personas más vulnerables", han reiterado y, por ello, han presentado la queja al Defensor del Pueblo.
Han señalado que en la actualidad el acceso a las pruebas diagnósticas "solo se pueden alcanzar si se contratan en la sanidad privada", por lo que se está dejando "fuera" a las personas más vulnerables que no pueden costearse las PCR.
Por otro lado, han insistido en que llevan meses pidiendo medidas urgentes para las personas más vulnerables frente al coronavirus para que puedan acceder a mascarillas.
