La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha instado al Gobierno a reconsiderar el formato legal del proyecto de Real Decreto con el que el Ministerio de Sanidad pretende introducir nuevas restricciones a productos sin combustión como los cigarrillos electrónicos o las bolsas de nicotina. A su juicio, el texto podría vulnerar el principio constitucional de reserva de ley, al imponer limitaciones que no están amparadas por la legislación vigente, concretamente la Ley 28/2005 sobre productos del tabaco.
Según la CNMC, el Ejecutivo estaría utilizando un reglamento para limitar derechos o imponer obligaciones sobre artículos —como las bolsas de nicotina— que no cuentan con base jurídica suficiente en el marco normativo actual. La citada ley solo habilita al Gobierno a regular productos que contienen tabaco o se derivan de él, pero no aquellos que son completamente distintos en composición o forma de consumo.
Ante esta posible falta de cobertura legal, la CNMC recomienda al Ejecutivo que considere elevar esta regulación a rango de ley, a través del Parlamento. Esta vía permitiría dotar al texto de mayor seguridad jurídica, además de abrir el debate sobre el enfoque más adecuado en salud pública respecto a productos que, aunque no inocuos, podrían desempeñar un papel en la reducción del daño para fumadores adultos.
Varios países europeos refuerzan las críticas
A esta objeción se suman las alegaciones presentadas por varios países de la Unión Europea, entre ellos Rumanía, Hungría, República Checa, Grecia, Italia, Croacia y Suecia, en el marco del procedimiento TRIS. Estos Estados han remitido a la Comisión Europea opiniones razonadas que advierten de que el decreto español podría vulnerar el mercado interior y superar las competencias que otorga la Directiva europea sobre productos del tabaco. Algunos de ellos consideran que las medidas suponen una “prohibición de facto” de productos como las bolsas de nicotina.
Tanto la CNMC como los países firmantes alertan, además, de la falta de proporcionalidad del decreto. Señalan que la prohibición de sabores distintos al tabaco y el límite de 0,99 mg de nicotina por bolsa no cuentan con respaldo científico suficiente, y consideran que no se han valorado alternativas menos restrictivas, como campañas educativas o controles específicos para evitar el acceso de menores a estos productos.
El proyecto de decreto se encuentra aún en fase de tramitación, y el Ministerio de Sanidad mantiene abierto el análisis de las aportaciones recibidas en el proceso de información pública. Hasta el momento, no se ha pronunciado sobre las alegaciones presentadas por estos países —a las que el Gobierno está obligado a responder de forma razonada— ni sobre el dictamen de la CNMC.
