Isabel Díaz Ayuso ha puesto en peligro los espacios forestales, allanando el camino en la Comunidad de Madrid para que viviendas y negocios se construyan en pleno monte. Desde su llegada al Gobierno regional en 2021, la política ha reducido la protección del suelo forestal, permitiendo la proliferación de edificaciones en áreas donde el riesgo de incendio es elevado. Esta desregulación, denunciada por colectivos ecologistas, está generando un nuevo mapa del peligro, intensificando los núcleos habitados en zonas donde el fuego puede arrasar en minutos y donde, además, faltan planes de prevención básicos.
Según el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales (INFOMA) para 2025, en la región se han identificado 2.361 zonas de interfaz urbano-forestal (IUF), que ocupan un total de 22.624,56 hectáreas. A pesar del peligro que estas decisiones han supuesto, tan solo 60 de esas zonas cuentan con un plan de autoprotección frente a incendios. Otros 35 se encuentran en fase de tramitación, encontrándose, en cualquier caso, muy lejos de lo que exige la normativa en vigor desde 2006.
Las zonas de interfaz urbano-forestal (IUF) son lugares donde el monte y las construcciones humanas —como urbanizaciones, casas aisladas, campings o gasolineras— se mezclan peligrosamente, lo que supone un gran riesgo en caso de incendio. Esta cercanía facilita que el fuego se propague en cuestión de minutos y avance con rapidez hacia las viviendas, poniendo en peligro tanto a las personas como a sus bienes.
Para evitar tragedias, la Comunidad de Madrid obliga a que estas zonas cuenten con Planes de Autoprotección (PAIF), unas herramientas básicas que deben identificar los riesgos, establecer rutas de evacuación y coordinar los recursos locales hasta la llegada de los bomberos. Sin embargo, ya se ha destapado que la mayoría de estas áreas carecen de cualquier tipo de plan.
El proyecto INFOMA, actualizado en 2017, amplió la obligación a 59 municipios considerados de alto riesgo, con un plazo de cumplimiento que expiró en 2018. Sin embargo, seis años después, gran parte de esas zonas siguen sin protección.
Según la Plataforma Ecologista Madrileña, esta falta de planificación deja a miles de vecinos expuestos. Denuncian además la existencia de más de 78.000 construcciones ilegales en suelo forestal o cerca de él, muchas de ellas sin control ni medidas mínimas de seguridad. Esto no solo agrava el riesgo de incendios, sino que impide una respuesta eficaz en caso de emergencia.
La desregulación que pone en jaque al monte madrileño
Desde 2021, el Gobierno regional ha aprobado varias reformas legales que, bajo el paraguas de las llamadas “leyes ómnibus”, han modificado radicalmente la Ley del Suelo, la Ley Forestal y la normativa de espacios protegidos. Estas reformas han permitido legalizar construcciones dispersas y facilitar nuevas edificaciones en zonas anteriormente restringidas.
El resultado es un aumento de la presión urbanística sobre el monte, justo cuando el cambio climático y la sequía están agravando el riesgo de incendios forestales. Además, la versión actual del INFOMA ha excluido de la obligación de contar con PAIF a las explotaciones agrícolas, ganaderas y a las viviendas vinculadas a estas actividades.
El reciente incendio de Tres Cantos-Viñuelas es un trágico ejemplo de lo que puede suceder cuando una zona no está preparada, provocando que las llamas se propaguen con rapidez y provoque la evacuación de numerosas personas.
Por todo ello, la Plataforma Ecologista Madrileña acusa al Ejecutivo de poner en riesgo a la población y al medio ambiente al priorizar intereses urbanísticos sobre la prevención. Denuncian que estas decisiones políticas multiplican el gasto público, mientras reducen la protección de la biodiversidad y dejan a los municipios sin herramientas para gestionar el territorio.
Por ello, exigen al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que cumpla y haga cumplir la normativa de prevención de incendios, revierta las modificaciones legales que favorecen la construcción en suelo forestal y priorice la seguridad ciudadana y la conservación de los ecosistemas frente a la especulación urbanística a corto plazo.
