Hartazgo de los detectives
“Y claro, tanto va el cántaro a la fuente que acaba rompiéndose”, reconoce a ELPLURAL.COM fuentes próximas a la agencia “Detectives Almirante”, autores de la demanda contra María Dolores Cospedal, a quien pidieron en previo acto de conciliación que reconociera la falsedad de sus declaraciones relacionando a esta empresa con un inexistente espionaje al PP encargado por el PSOE, partido que puso una segunda demanda de conciliación con igual resultado que las anteriores: Cospedal se negó a reconocer su error y ni siquiera se presentó en el juzgado, mandando a sus abogados en representación suya.
Contundente decisión judicial
No solo Cospedal elude los actos de conciliación. Este miércoles tampoco ha asistido a la audiencia previa al juicio que se sigue en el procedimiento civil. En en su lugar ha acudido su abogado, quien no han llegado a un acuerdo para evitar la cita del día 3 de octubre con el demandante, Isidro García González, gerente de “Detectives Almirante”. Ante esto, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Coslada (Madrid) ha decidido seguir adelante con las iniciativas judiciales citadas.
Un trío de acusadores
El juez madrileño también ha llamado a declarar a la alcaldesa de Ciudad Real, diputada por esta provincia y sancionada por el Banco de España con 20.000 euros, aproximadamente, por su responsabilidad en la extinta caja manchega (CCM), así como al actual portavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, demandados también, junto a Cospedal, por la agencia de detectives por acusarles de falso espionaje al PP.
Cien mil euros a cada uno
El responsable de la agencia de detectives presentó la demanda el pasado enero por “intromisión ilegítima en el honor” de sus responsables y solicita que cada uno de ellos indemnice a la parte demandada con 100.000 euros. El demandante alega que las declaraciones de los tres políticos populares en las que hacían referencia a la supuesta contratación de servicios por parte del PSOE para espiar al PP le causaron prejuicio en el plano económico, profesional y de menoscabo de su imagen, mientras que los abogados de los demandados enmarcan esas manifestaciones en un contexto de "campaña electoral", han dicho hoy al juez.
Protestas de los funcionarios
La vista judicial ha tenido sus más y sus menos con el abogado de la presidenta de Castilla-La Mancha, Alberto Durán, quien se ha quejado de que la puerta de entrada de los juzgados de Coslada estaba “empapelada” con "noticias falsas” sobre María Dolores de Cospedal, y ha reprochado al juez que haya “consentido” a los trabajadores (que se manifestaban contra los ajustes del Gobierno) ese tipo de actitudes. Según recoge Efe, el juez ha preguntado al letrado si creía que las protestas de empleados públicos afectan a la “imparcialidad del proceso”, a lo que ha respondido: “Espero que no”.
Profesionalidad del juez
Por si acaso, el instructor, siempre según EFE, ha recordado al abogado que, en caso de considerarlo así, existen “cauces” como la recusación o la presentación de quejas ante el Consejo General del Poder Judicial para reprochar las acciones del juzgado, si bien ha dicho que en su opinión no existe “relación” entre las protestas y el juicio.
Los espías del esposo de Cospedal
Aunque nada tiene que ver con esta causa, el caso es que los espías sobrevuelan el entorno de Cospedal, la mayoría de las veces fruto de su imaginación, pero en el caso de su esposo, Ignacio López del Hierro, tan reales como los salvajes recortes de su mujer. Por eso sabemos que el millonario empresario fue espiado por sus propios jefes porque no se fiaban de él y de otros compañeros de viaje de negocios. Naturalmente, este procedimiento es, a todas luces, ilegal y reprochable.
