El Defensor del Pueblo se ha desentendido totalmente de la polémica levantada después de que el BOE recogiese que Carmen Martínez-Bordiú Franco, nieta del dictador, reclama el Ducado de Franco tras la muerte de su madre, Carmen Franco Polo.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó una queja ante la Oficina del Defensor del Pueblo para solicitar su intervención en la renovación del título nobiliario con el que el 26 de noviembre de 1976 Juan Carlos I reconoció los méritos de la hija del dictador Francisco Franco para ostentar un título nobiliario como reconocimiento.

Según la ARMH la tramitación de la sucesión del ducado por parte del Ministerio de Justicia atenta contra el honor de las víctimas de la dictadura franquista y supone la participación en un gesto de enaltecimiento de la dictadura y de la corrupción, el saqueo y la agresión a los Derechos Humanos que encabezó el dictador Francisco Franco.

En su respuesta, el Defensor del Pueblo se inhibe del caso asegurando no tener competencias para llevar a cabo ningún tipo de actuación y dirige a la ARMH hacia la Corona, que es quien puede detener la sucesión del título.

En el escrito remitido a la Asociación, el Defensor del Pueblo asegura que “dicha facultad de otorgamiento (o supresión de un título) se ejerce por el Rey y se materializa a través de una Real Carta, que surte efectos frente a terceros una vez que se publica en el Boletín Oficial del Estado el correspondiente Real Decreto”.

La ARMH ya ha anunciado que continuará con sus denuncias de lo que considera un hecho que enaltece a la dictadura con la colaboración de la administración pública de una democracia. Ya lo ha hecho ante la Fiscalía General del Estado, que archivó el caso, y en una carta directa al presidente del Gobierno y el ministro de Justicia para “impedir que se haga apología del franquismo”.