La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha solicitado por registro al presidente del Gobierno Mariano Rajoy y al ministro de Justicia Rafael Catalá que soliciten al Consejo de Estado un informe acerca de los títulos nobiliarios concedidos por el dictador Francisco Franco, así como el título de ducado de Franco concedido el 26 de noviembre de 1975 por Juan Carlos I.

La ARMH considera que de esta manera el Consejo de Estado podría llevar a cabo un dictamen acerca de qué significa en democracia que todos los gobiernos desde que se acabó la dictadura “hayan renovado distinciones que enaltecen la dictadura y sus métodos violentos”, en total 39 títulos nobiliarios, concedidas “en su mayor parte a criminales de guerra o altas personalidades de la dictadura que se beneficiaron de su violencia y de su corrupción política directa o indirectamente”.

Este es un paso más dentro de las actuaciones que está llevan la principal asociación memorialista española después de que se conociese que Carmen Martínez-Bordiú Franco, nieta del dictador, había reclamado el Ducado de Franco tras la muerte de su madre, Carmen Franco Polo.

Este título, que implica también la condición de Grande de España, fue concedido por el rey Juan Carlos I a la hija del dictador “en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren”. La transmisión no le costará nada a la nieta de Franco porque está exenta de derechos fiscales.

Antes de ello, Franco firmó el Decreto de 4 de junio de 1948 por el que se desarrolla la Ley de 4 de mayo de 1948 sobre Grandezas y Títulos nobiliarios. A partir de ese momento el dictador otorgó algunos títulos nobiliarios a criminales de guerra y personalidades destacadas de la dictadura.

La ARMH ya denunció ante la Fiscalía General del Estado el trámite del Ministerio de Justicia para que el título de Ducado de Franco con Grandeza de España recaiga sobre Carmen Martínez Bordiú afirmando que era un “acto de enaltecimiento de la violencia de la dictadura y un maltrato a los miles de víctimas del franquismo”.

Bonifacio Sánchez, en representación de la ARMH, acudió a la Fiscalía General del Estado a presentar la denuncia y, en declaraciones a El Plural, señaló que su intención era que “la Fiscalía intervenga ante el Ministerio de Justicia para que proteja a las víctimas” y para tratar de “impedir que se haga apología del franquismo”.