El Gobierno de Mariano Rajoy ha vuelto a poner en marcha la maquinaria legislativa del Estado español con el objetivo de que el Tribunal Constitucional declare ilegal la eleccion de Carles Puigdemont como candidato en la investidura del nuevo presidente de la Generalitat. Un movimiento que, en definitiva, se presenta con la intención de poner en un brete al flamante presidente de la Generalitat, Roger Torrent, de ERC para descubrir su predisposición a cumplir la ley. Aunque también le da una salida a los sectores independentistas que no saben cómo quitarse de en medio a Puigdemont sin traicionar a sus votantes.

El primer paso, preceptivo, es pedir un informe al Consejo de Estado sobre la posibilidad de impugnar la elección del diputado Puigdemont como candidato en la investidura. Algo que el Gobierno da por hecho que aceptará el Consejo de Estado, puesto que en Moncloa han estudiado a fondo el ordenamiento jurídico español y creen que tiene cabida. 

El razonamiento, que ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, es que Puigdemont tiene un “estatus jurídico incompatible con su presencia física en el Parlament”. Porque el expresident de la Generalitat “no tiene derecho de deambulacion y tan pronto como entre en territorio español debe ser puesto en manos de la Justicia”. 

Con la confianza de que el Tribunal Constitucional anulará la elección de Puigdemont, el objetivo último es poner a prueba al presidente del Parlament. “Torrent debería haber tenido presente que el señor Puigdemont no puede entrar en el país sin que se haga efectiva su puesta a disposición de la Justicia”, ha señalado Sáenz de Santamaría. “No puede elegir a Puigdemont como candidato. Si elige a otro candidato, no hay problema”, ha subrayado la vicepresidenta. 

Sáenz de Santamaría ha ido más allá en sus reproches, que sirven tanto para Puigdemont como para Torrent: “A estas alturas, todos debemos ser adultos, aunque algunos no lo parezcan. Hay que ser responsables de nuestros actos y de las consecuencias jurídicas que conllevan”.

Las miradas sobre Torrent
De esta manera, el presidente del Parlament, de ERC, tendrá que decidir si se somete a la ley: “Esperamos que el señor Torrent no empiece desobedeciendo al Tribunal Constitucional”, ha señalado la vicepresidenta. La hipótesis de que Torrent siga los pasos de su predecesora, Carme Forcadell, y desoiga al Tribunal Constitucional, no se baraja en Moncloa, donde señalan en privado que “vamos a ser optimistas y esperemos que esta vez sí se cumpla la ley”.

Sobre los tiempos y plazos, en Moncloa tampoco creen que vaya a haber problemas para elegir a un nuevo candidato. “Tiene 135 opciones”, señalan, y recalcan que Torrent ya “ha demostrado que en 36 horas es capaz de abrir una ronda de contactos”.

El gran teatro

El brete para Torrent, sin embargo, puede ser una pequeña pantomima que dé una vía de escape a ERC y el sector del PDeCAT para poder quitarse a Puigdemont del medio sin que parezca una traición de cara a sus votantes, tal y como adelantaba ayer Jordi Oliveres en este periódico. Los vaivenes de Puigdemont hace tiempo que no gustan entre sus antiguos socios y más aún molestó que calificase a Oriol Junqueras de presidario, por lo que la última esperanza estaba en que el Tribunal Constitucional frenase su investidura.

De esta manera, se puede responsabilizar de la decisión al Estado español, Torrent abrirá una nueva ronda de contactos y se elegirá a un nuevo candidato mientras que Puigdemont queda como una especie de mártir en Bruselas… siempre y cuando no decida presentarse en el Parlament y consiga burlar al dispositivo policial que ha montado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

De espaldas a Ciudadanos

Existe una última vertiente de todos estos movimientos, más en clave política. Preguntada sobre qué partidos estaban al tanto de la jugada legal, la vicepresidenta ha señalado que “aquellos partidos que se han acercado a nosotros estos días”. Cuando se le ha pedido que sea más específica, sólo ha dicho dos nombres: “El PP de Cataluña y el PSC”. La ausencia clamorosa es la de Ciudadanos, el partido más votado en Cataluña y con quien el PP vive estos días una dura pugna por la hegemonía de la derecha. Y ya se sabe que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio.