El Pleno de Madrid ha ratificado hoy las primeras medidas del Gobierno de Manuela Carmena para cumplir con la senda de gasto exigida por el ministro Cristóbal Montoro, un recorte de 173 millones de euros procedentes en su mayoría de partidas que las áreas y distritos no iban a agotar en lo que queda de año.
El Pleno ha aprobado con los votos a favor de Ahora Madrid, la abstención del PP y el PSOE y el voto en contra de Cs los recortes equivalentes al 3 % del presupuesto, que afectan a 1.206 partidas, a los que tendrán que sumarse otros 192 millones de euros antes de finalizar el año, de los que ya se han previsto 56.
La votación de este punto ha sido a mano alzada a petición del PP, después de que el PSOE pidiese un receso de 15 minutos para consensuar la postura del grupo en la votación.
"Aunque este equipo de Gobierno está en absoluto desacuerdo con esa interpretación de la regla de gasto y sin perjuicio de las acciones legales que hemos tomado, se ha procedido a dar cumplimiento a la medida", ha admitido hoy en el Pleno el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que ha garantizado que estos ajustes no van a afectar a los servicios básicos prestados a los madrileños.
Tanto el delegado de Economía y Hacienda como el PSOE han puesto de manifiesto en el Pleno que el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha impuesto una política que va "en contra de la autonomía de Madrid y de los ciudadanos", mientras que Cs y el PP han considerado que el responsable de los recortes es el Gobierno de Ahora Madrid por gastar por encima de la norma.
"Ustedes han elegido: prefieren una radio, un edificio en pleno centro de Madrid y que Bicimad sea una sociedad pública. Es su problema y lo tienen que explicar a los madrileños; nosotros preferimos inversión social", ha dicho en el Pleno el edil del PP José Luis Moreno.
En la misma línea, el portavoz de Economía y Hacienda de Cs Miguel Ángel Redondo ha considerado que no se hubiesen tenido que acometer ahora recortes si el delegado no hubiese incumplido la norma, además de denunciar que Ahora Madrid no había empezado a hacer "absolutamente nada" ya que para ellos el presupuesto es "papel mojado" e "irrealizable".
"No vamos a votar a favor de una medida que suponga disminuir gasto social y servicios públicos (...) mientras se despilfarra el dinero en radios, subvenciones a afines o dinamizadores de distrito", ha advertido el edil de Ciudadanos.
El concejal de Manuela Carmena, por su parte, se ha enorgullecido de estar "saneando" un ayuntamiento que los gobiernos del PP dejaron en el "top ten" de las ciudades más endeudadas, en referencia a la reducción de más de 2.000 millones de deuda en esta legislatura.
"Les sienta mal que lleguen los radicales a resolver lo que ustedes dejaron", les ha dicho el edil del gobierno de Manuela Carmena, convencido de que "el tiempo dará y quitará razones" y los madrileños sabrán que ambos grupos ponen "palos en las ruedas" al Gobierno municipal con su apoyo al Ministerio de Hacienda y se lo harán pagar "en las urnas".
"Haré todo lo posible para que la gente sea consciente de su torticera actuación, que lo que intenta es hacer oposición utilizando a las instituciones", ha advertido el delegado.
La portavoz de Economía y Hacienda del grupo municipal socialista, Erika Rodríguez, ha pedido hoy al delegado que elabore un nuevo plan económico financiero (PEF) con "responsabilidad" y con "un plan de acción" para Madrid.
"Necesitamos una hoja de ruta, no vale cualquier recorte", ha reclamado Rodríguez, que ha añadido que su grupo no puede apoyar los "recortes" en el presupuesto municipal pero que también "están en contra" y "no aceptan" la postura de Montoro.
El Ministerio de Hacienda indicó al Ayuntamiento que tenía que presentar cada semana un certificado de sus cuentas para garantizar el acatamiento de la regla de gasto, incumplida en los ejercicios de 2015 y 2016.
Además de los recortes para este año, el departamento de Cristóbal Montoro requiere nuevas medidas de ahorro de 243 millones de euros en 2018.
El equipo de Gobierno asume que tendrá que prorrogar las cuentas de 2017 debido a la falta de tiempo para presentar un presupuesto nuevo, como consecuencia de la tutela impuesta por el ministro.
