El Ayuntamiento de Benidorm ha cerrado varios contratos con la empresa Levantina Ingeniería y Construcción S.L, una de las compañías señaladas en el bautizado como ‘caso Koldo’ que salpica también al que fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el empresario Víctor de Aldama.
El Partido Popular ha usado como arma arrojadiza contra el Gobierno de España la situación que salpicó al ex número 3 del PSOE, pero sigue sin mirarse en el espejo. Una buena prueba de ello son los acuerdos que el Consistorio de la localidad alicantina ha llevado a cabo con la mencionada firma, a su vez una de las principales implicadas en el supuesto pago y cobro de mordidas.
Así las cosas, el pasado lunes este periódico informaba en exclusiva de que el equipo municipal, liderado por el ‘popular’ Toni Pérez -desde 2023 presidente de la Diputación Provincial de Alicante- había acudido a la compañía indicada para las obras relativas a la Musealización Integral del Castellum de Tossal de la Cala de Benidorm por importe de 400.994, 38 euros.
Unas horas después, este periódico ha podido confirmar que el mismo ayuntamiento rubricó otro contrato por un importe mucho más alto, en su caso para la reparación de una pasarela peatonal en playa poniente. En este caso, el importe de presupuesto base de licitación fue de 1.672.457,57 euros (con impuestos) y de 1.382.196,34 (sin impuestos). Finalmente, el importe de adjudicación con impuestos fue de 1.567.092,74 euros, y de 1.295.117,97 sin impuestos.
La entrada en vigor del contrato y la entrada en vigor del mismo fue el 30 de diciembre de 2022, ocho días después del acuerdo, mientras que el plazo de ejecución previsto fue de tres meses.
Los contratos de Carlos Mazón con la empresa de la ‘trama Koldo’
Los vínculos del Partido Popular con la empresa valenciana van más allá del regidor de Benidorm y presidente de la sucursal conservadora alicantina. De hecho, suben en el escalafón hasta para alcanzar la figura de Carlos Mazón. En este sentido, destacar que en octubre y en noviembre de 2023, el presidente de la Generalitat -desde octubre del año pasado especialmente en entredicho por su gestión antes, durante y después de la DANA que dejó 228 fallecidos- concedió varios contratos con la ahora firma polémica-
La constructora, que entró en concurso de acreedores el 14 de junio de 2024 por acumulación de deudas -llegó a presentar pérdidas de casi 40 millones de euros-, con filiales en países como Argelia o Panamá y cuya sede fue registrada por la UCO acumuló hasta tres contratos con el Consell del president.
La primera de ellas queda fechada a 3 de noviembre de 2023, aunque no se oficializó hasta el día 27 del mismo mes. En aquella ocasión se centraba en la “reposición del muro de protección del Barranco de la Mota”, en Enguera (Valencia).
Se trató de una licitación impulsada por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, que actualmente dirige Vicente Martínez Mus, y por la que se pagó 831.645,77 euros.
El segundo de los acuerdos que escaló hasta el líder valenciano lo firmó su Conselleria de Sanidad en el marco de la “reparación de escaleras de emergencia exteriores del Hospital Clínico de Valencia”, por un montante de 524.505,38 euros el 6 de octubre de 2023. Si bien, igual que ocurrió en el supuesto anterior, no se formalizó hasta pasados 20 días.
Por último, la tercera adjudicación la rubricó, otra vez, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio; en su caso por el “traslado de casetas de venta de billetes a la isla de Santa Pola y reposición de servicios portuarios”, a razón de 47.915,90 euros el proyecto. Un contrato que se licitó el 3 de noviembre, aunque aquí no se registró la fecha de oficialización.
Con todos los datos sobre la mesa, cabe confirmar que el Gobierno de Carlos Mazón habría invertido un total de 1.404.067 euros en tres adjudicaciones a Levantina Ingeniería y Construcción SL.
La compañía, con oficina en Alberic y Plaza del Patriarca de València, consiguió contratos con el anterior Ministerio de Transportes que ascendieron a 94 millones de euros. el empresario José Ruz, vinculado a la compañía, negaba el pasado viernes ante el magistrado en el Tribunal Supremo el pago de presuntas mordidas a la trama para lograr adjudicaciones de contratos de obra pública.
