A raíz de los últimos acontecimientos que han rodeado y ensanchado la trama Koldo en el ámbito judicial, mediático y político, es en este último punto donde una de las ramas del caso está radicando en las actuaciones de la Generalitat Valenciana de Carlos Mazón. El Consell, por una parte, varias adjudicaciones públicas a una constructora que aparece en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil; a su vez, han trascendido dos contratos más a la misma empresa de parte del Ayuntamiento de Benidorm, del Partido Popular.
Ante esta serie de entrelazados acontecimientos, desde el PSOE-PSPV han entonado la crítica desde la oposición señalando el “doble rasero” del Gobierno de Mazón, al que acuñan “hipocresía al haber quedado al descubierto al conocerse que ha contratado en diferentes ocasiones con empresas que aparecen en las grabaciones del caso Koldo”.
En este sentido, han lamentado que viene del mismo PP “que en dos años ha vuelto a abrirle las puertas de la Generalitat a empresas relacionadas con la Gürtel”: “Es el PP de siempre, haciendo lo de siempre”, han asegurado fuentes del PSPV en conversaciones con ElPlural.com.
Bajo los mismos términos, los socialistas valencianos han afeado al PP que “hayan intentado, sin éxito, poner bajo sospecha contrataciones llevadas a cabo durante la etapa del Botànic, las cuales no tienen ningún fundamental”. Sitúan en estos términos que la realidad en los dos años de mandato de Mazón al frente de la Generalitat, fecha que se cumple además este domingo 13 de julio, “ha aumentado la opacidad y desmontado la agencia antifraude y debería dar explicaciones sobre su gestión”.
Por este último ejemplo de haber recurrido a la empresa vinculada con la trama Koldo en repetidas ocasiones no es más que una muestra más de “la desesperación del PP de Mazón por tapar su negligencia”, por la que consideran que “los lleva a hacer el ridículo”, instándole a su vez a que deje de “esparcir bulos”.
Todos los contratos del PP de Mazón con la constructora de la trama Koldo
La constructora Levantina Ingeniería y Construcción SL es una de las empresas que reza en el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre la trama Koldo y que, además de en el plano nacional, su papel en la política valenciana ha estado a la orden del día.
Por parte de la Generalitat de Mazón, a través de dos Consellerias distintas, se le adjudicó hasta tres contratos de obra pública por un montante de 1,4 millones de euros. A ello, cabe sumar otros dos contratos, que ha avanzado en exclusiva este periódico, otorgados por el Ayuntamiento de Benidorm, bajo el mando del PP.
Dicha empresa, propiedad de José Ruz Martínez, fue contratada por el Gobierno de Mazón entre octubre y noviembre de 2023 para realizar obras en las infraestructuras de la autonomía, pero, a ello, cabe sumar que el 14 de junio de 2024, esta entidad entró en concurso de acreedores por su deuda acumulada.
La primera de ellas fue para la “reposición del muro de protección del Barranco de la Mota” en Enguera (Valencia) a través de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua e Infraestructuras por un importe de 831.645,77 euros. En este caso, pese a que el proyecto partió del anterior mandato del Botànic, fue en manos de la exconsellera Salomé Pradas por el que se terminó llevando a término. La segunda, con motivo de la “reparación de escaleras de emergencia exteriores del Hospital Clínico de Valencia” por un total de 524.505,38 euros de parte de la Conselleria de Sanidad. Por último, la tercera, se remite al “traslado de casetas de venta de billetes a la isla de Santa Pola y reposición de servicios portuarios” por parte de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, de un valor económico de 47.915,90 euros.
A este montante millonario, cabe sumar las dos adjudicaciones de parte del Ayuntamiento de Benidorm liderado por Toni Pérez, quien firmó con la constructora las obras de Musealización integral del Castellum de Tossal de la Cala de Benidorm por un cómputo de 400.994,38 euros. Como segundo caso a esta Administración municipal, cabe sumar el contrato para la reparación de una pasarela peatonal en playa poniente por un importe final con impuestos de 1.567.092,74 euros, cuya entrada en vigor fue el 30 de diciembre de 2022.
