Ourense está en pie de guerra ante la decisión del Fiscal Jefe, Florentino Delgado, de abrir juicio oral por un delito de coacciones contra la mujer que denunció al presidente de la Diputación provincial, Manuel Baltar, por ofrecerle supuestamente un empleo en el organismo provincial que entonces presidía su padre, a cambio de que mantuviese relaciones sexuales con él.  Lo que Delgado esgrime es que la demandante “presionó” al hijo del llamado ‘cacique bueno’ con una “reiterada petición ilícita de empleo”.

La decisión llega tras el sobreseimiento de la causa decretado por la juez instructora que había imputado a ambos Baltar, padre e hijo, sobreseimiento contra el que ya se han interpuesto dos recursos, uno de la acusación popular y otro de la propia demandante.

Sin embargo, según explica a ELPLURAL.COM Ledicia Piñeiro, concejala de Ourense en Común, no ha habido delito de acoso sexual porque "el código penal solo recoge dos formas acoso, “cuando hay relación laboral directa o hay relación académica”. “En este caso”, subraya “esto no se daba porque Manuel Baltar no era presidente de la Diputación en ese momento y ella no estaba trabajando para ese organismo”. Sin embargo, indica “sí había una situación de jerarquía y superioridad, siendo él una persona tan influyente en el partido y ella una militante”.

Actitudes vejatorias

En este sentido, recalca Piñeiro, “la jueza deja muy claro en el auto, que, no habiendo acoso sexual, quedan probadas las actitudes vejatorias y humillantes hacia la víctima". Por tanto, “es escandaloso”, que el fiscal le “dé la vuelta a lo que son hechos probados” y convierta “a la víctima en verdugo”.

La instructora señala la resolución que el presidente “solicita o al menos acepta” de la demandante “un favor de naturaleza sexual para realizar en el ejercicio de su cargo una acción u omisión tendente al nombramiento de la mujer para desempeñar un empleo público sin cumplir los requisitos legales”.

Del mismo modo, se indica que José Manuel Baltar, quien, cuando la denunciante le reclama “la ayuda que me prometiste”, asegura que “después de echar a todos estos vamos a hacer una historia de servicios sociales (…) te voy a solucionar el problema”, se comprometía a hacer lo posible para que lograra el trabajo. “Esa promesa va a misa”, se puede oír en las grabaciones que recoge la juez.  

Para Noa Presas, parlamentaria del BloqueNacionalista Galego (BNG) y responsable de acción feminista en la ejecutiva Nacional del partido, que el fiscal jefe de Ourense ponga el punto de mira en la denunciante evidencia dos cuestiones extremadamente graves. Por una parte, detalla a este medio, que “en esta provincia, donde durante muchos años gobernó el Partido Popular con Baltar padre, y ahora con el hijo, no existe separación de poderes y que se sigue entendiendo la política como un ejercicio caciquil de dominación de la sociedad.  El poder judicial actúa bajo los intereses de la familia Baltar, setencia.

Por otro lado, “lanza un mensaje terrible de desamparo a todas las mujeres que puedan ser víctimas de violencia machista”. Porque el acoso sexual, explica Presas, “es una forma de violencia de género y así lo recoge la legislación gallega, que es más avanzada que la estatal”.  

Esta diputada aclara, además, que “el propio poder judicial tiene una guía práctica de medidas de protección integral contra la violencia machista donde fundamenta elementos por los cuales hay que garantizar la credibilidad de la víctima, y en este caso se cumplen todos”.  Pero aun así “se va contra la víctima” dejando ver que “hay gente impune y que es mejor no denunciar”. “Hay que tener en cuenta lo que supone en un sitio tan pequeño como Ourense presentar una denuncia por un tema así”, insiste.

Cese o dimisión

Públicamente estas dos formaciones políticas, al igual que En Marea Ourense y distintas asociaciones feministas, como Falando Nós y Marcha Mundial das Mulleres, ya han pedido la dimisión o el cese de Florentino Delgado, al que algunos llaman ya 'el Moix de Galicia'. El BNG ha registrado también iniciativas en el Parlamento de Galicia “para que se posicione de manera unánime” y están tramitando “una queja para el consejo Fiscal” porque “entendemos que esto es un absoluto escándalo”, subraya la responsable de acción feminista del partido.

Lo cierto es que tanto para Ourense en Común como para el Bloque Nacionalista Galego, es sorprendente la inacción de la Fiscalía. Es incomprensible que “no haya visto nada en 40 años”, que “tenga sobre su mesa más que indicios de cuestiones irregulares que son vox populi y no haga algo al respecto, pero centre su mirada en esta víctima”. “Nos escandaliza”, además, recalca Presas, que “use los mismos argumentos que utilizó el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuando salió a la luz este escándalo”.