Tanto el Partido Socialista como el Popular habían agotado todas las prorrogas concedidas por el presidente del Congreso para llegar a un consenso. Ante la imposibilidad de aceptar por parte del PSOE el empeño del PP de proponer a Enrique López, que no reúne los requisitos legales para acceder a tan alta magistratura al carecer de los años requeridos en el ejercicio de la judicatura, ambos partidos había decidido dejar la renovación para la próxima legislatura.
Los socialistas, convencidos de la imposibilidad de lograr un acuerdo. Los populares, seguros de su inminente éxito en las urnas, confiando en colar a su candidato rechazado e incluso a algún otro más, habían optado, pese a la deteriorada imagen del Constitucional, por dejar pudrirse la situación.
La anterior presidenta, Maria Emilia Casas, ya reprochó a ambos partidos el “bloqueo” del Constitucional, pero admitió que la hicieran permanecer al frente del mismo tres años más de lo que le correspondía. Mas ético parece pues la actitud de los magistrados cesantes que van a obligar a sentarse a la mesa de negociación a quienes no querían.
La asociación de jueces Francisco de Vitoria, nada más conocer el plante, ha reconocido que la actitud de estos tres magistrados era “respetable y plausible”. Al tiempo que, sin citarle, recordó al partido de Rajoy que cuando una formación propone un candidato que no es aceptable, lo que provoca, intencionadamente, es una situación de bloqueo.
De la falta de respeto de ambas formaciones políticas mayoritarias hacia las instituciones del Estado, da cuenta el hecho de que no solo es el Tribunal Constitucional el que legalmente necesita una renovación urgente: el Defensor del Pueblo no se ha elegido desde que Múgica abandonó el cargo hace exactamente un año, y el Tribunal de Cuentas tiene a sus doce consejeros con el mandato concluido desde noviembre pasado.
Y luego dicen que las instituciones no funcionan……
Victoria Lafora es periodista y analista político
