La caja alicantina nos costará a los contribuyentes, según evaluación del semanario  El Nuevo Lunes, 4.340 millones de euros, unos cien euros a cada español; el equivalente al presupuesto del Ministerio de Defensa.

Lo más grosero de este descalabro es que, encontrándose la caja en quiebra, con un agujero de activos dudosos de 50.000 millones de euros, los directivos de la misma la hayan saqueado a conciencia, o más bien sin conciencia.

No hay que olvidar los nombres de los gestores desaprensivos que se han aprovechado groseramente de la entidad y, en definitiva de todos nosotros.

Tomen buena nota: Roberto López Abad, director general; María Dolores Amorós, quien sucedió a este en el puesto; Agustín Llorca, director general adjunto; Vicente Soriano, director general adjunto; Vicente Soriano, director general de Recursos; Joaquín Meseguer, director general de Participaciones Empresariales y Gabriel Sagristá, responsable de Expansión.

Pero lo más increíble, aunque ya hay pocas cosas verdaderamente increíbles, es que el deterioro de la entidad haya podido llegar hasta semejante extremo sin el conocimiento y la corrección adecuada por parte de las autoridades competentes.

Resulta no ya increíble sino fascinante por su alto grade de surrealismo  que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez reconozca, sin inmutarse, que “La CAM es lo peor de lo peor”.

También faltaron a su obligación las autoridades de la comunidad valenciana que tienen responsabilidades en las cajas de la región, por activa y por pasiva.

Por activa porque sus presiones para financiar locuras faraónicas  han resultado irresistibles para unos directivos que deben su puesto a las autoridades valencianas.

Y por pasiva porque también tienen responsabilidades “in vigilando” respecto a la actuación de las cajas con sede en su territorio.

La Caja de Ahorros del Mediterráneo pasará a la memoria colectiva como el mayor agujero de la historia financiera española en la que no han faltado agujeros. Supera pues la factura de Banesto que costó 3.636 millones de euros, unos 700 millones menos.

José García Abad es periodista y analista político