En el marco de la campaña de las elecciones catalanas, tanto el Partido Popular como Vox, además de Aliança Catalana, han esgrimido discursos xenófobos señalando a la inmigración como argumento para postularse como alternativa a la inseguridad en las calles. Sin embargo, estas posturas, de tintes similares, se han visto tumbadas por los datos del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General del Estado.

Ejemplo de ello, las recientes palabras del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, en el mitin de este martes en Cornellá (Barcelona), en el que compró el discurso xenófobo que ya venía defendiendo Vox para hablar acerca del impacto de la inmigración ilegal en Cataluña. “Les pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades”; de esta manera, reclamó el voto para su partido para “aquellos que se dan cuenta que Cataluña tiene los índices de criminalidad, de robos y de hurtos y de reincidencia de los más altos de España”.

En sintonía, el candidato de Vox, Ignacio Garriga, en el debate electoral de este lunes en laSexta, pronunció una premisa similar, diciendo que Cataluña “alberga una de cada tres violaciones de toda España” promovidas por las “manadas de agresores sexuales ilegales de nuestras calles”. “Aquellos que se llenan la boca del feminismo han convertido a los transportes públicos en un lugar de riesgo”, añadió.

En términos similares se postuló el partido independentista Aliança Catalana. Su candidata, Silvia Orriols, alcaldesa de Ripoll (Girona), se ha confesado abiertamente islamófoba. En el lema de su formación, ‘Salvemos Cataluña’, busca priorizar a la población catalana en el acceso a las ayudas públicas, repatriar a los inmigrantes y aboga por cerrar mezquitas.

Según datos de Interior, en 2023 se produjeron en España un total de 556.793 infracciones penales. Sometiendo este dato a comparación entre los cometidos por españoles o por personas extranjeras, la diferencia es más que notable: los residentes nacionales cometieron 359.693 (64,60%); en cambio, los extranjeros, 197.100 (35,40%).

Allanamiento y usurpación de inmuebles, conceptos dispares

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados el 10 de abril, el titular de Interior remarcó, en réplica a las inquietudes del principal partido de la oposición, que, por un lado, y tal y como reflejó el barómetro del CIS de marzo, la inseguridad ciudadana tan sólo preocupa al “2,3% de los españoles”, pese a la insistencia de los populares y de Vox a postularse como alternativa a esta problemática.

Pero en el epicentro de la cuestión, en lo que concierne a las ‘okupación’ de inmuebles, Marlaska destacó que “estos delitos bajaron cerca de un 9% en 2023 en el conjunto del país en relación con el año 2022; también en Cataluña”. Tal y como hizo énfasis, en 2023 este tipo de delitos descendieron en términos generales, teniendo en cuenta que Cataluña concentra “alrededor del 40% de los casos de toda España”. Por comunidades autónomas, con datos procedentes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Cataluña concentró un total de 7.002 usurpaciones; en consecuencia, en 2023, descendieron a 6.258.

Entrando en materia, el término genérico de ‘okupación’ se incluye con dos tipologías distintas dentro del Código Penal y que comprenden diferencias sustanciales. Por un lado, el allanamiento de morada -artículo 202 del Código Penal- “comprende tanto las primeras como las segundas residencias, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan de forma urgente, conforme al ordenamiento jurídico, y siempre que se disponga de permiso del morador y éste haya presentado una denuncia”, especificó Marlaska entonces. Por otro, en cuanto a las usurpaciones de inmuebles -artículo 245 del Código Penal-, pueden referirse a inmuebles residenciales o no, “pero no son morada”, teniendo en cuenta que en este escenario los cuerpos policiales tan sólo pueden proceder bajo “decisión de la autoridad judicial” y con “la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad”.

Esta distinción es más que notable. El titular del Interior remarcó que “menos del 1% de los delitos genéricos de ‘okupación’ se refieren al allanamiento, es decir, inmuebles que son morada. Menos del 1%. Más del 99% son usurpaciones”, reiteró. Una afirmación apoyada a su vez por los datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) según el cómputo del año 2022: sólo el 0,16% de los delitos genéricos de ‘okupación’ se refieren a delitos de allanamiento. En aquel año, se incoaron un total de 8.868 procedimientos por usurpación, un 9% menos que en el año anterior y sólo 96 procedimientos por allanamiento”. También en la Memoria del Ministerio Público, el delito de usurpación se marcó por “su estabilidad” y las variaciones fueron “mínimas” entre 2018 y 2021.

 

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