Todos sabíamos que algo olía a podrido en Dinamarca cuando apareció la falsa princesa Corinna zu Sayn-Wittgenstain, una comisionista de origen germano-danés cuyo verdadero nombre es Corinna Larsen, en los muy campechanos aledaños del entonces jefe del Estado español Juan Carlos I. En todas las cortes existieron cortesanas y cortesanos, eufemismo que enmascaran verdades más turbias, y a los peones de corte encargados de edulcorar la realidad se les ocurrió llamarla “amiga entrañable” aunque la entraña real de la que se encargara estuviese entre la entrepierna y la cartera regia. Los tiempos son otros a los que conocemos por la historia y la literatura en las que los Borbones sembraban de bastardos reales los camerinos de los teatros, las casas de putición y mancebías. Hay quienes se empeñan en decir que pertenece a la vida privada del rey pero, como sabían los clásicos, las personas públicas, los que se dedican a la “res publica” no tienen vidas privadas y, si no, que no se dediquen a ella. El arribismo de la falsa princesa es evidente, pero también que la máxima responsabilidad la detenta quien tenía atribuciones de jefe del estado español con cargo a los presupuestos generales.

Al margen del discurso Monarquía Parlamentaria frente a República, que habrá de abordarse en algún momento, la cuestión es que una institución tiene y debe ser respetada por los demócratas pero ha de merecer el respeto por la pulcritud y rigor con la que sus representantes las gestionen. Mucho más en el caso del rey que, en una monarquía parlamentaria como la nuestra, es el jefe del estado. Su solvencia, valor y vigencia lo serán en tanto en cuanto ellos lo sean. Queda claro que, en este momento, el peor enemigo de la institución monárquica, detentada por el rey Felipe VI es el anterior jefe del estado, su padre,  Juan Carlos I. Hubo incluso, en una cuestión excepcional, que concederle el ridículo título de “Rey Emérito”, otra anomalía institucional,  pues, ante los escándalos que le salpicaron, en su dislate cazador en Botsuana, acompañado de la rubia peligrosa, el marido consentidor de la misma y adornado por la corona principesca del título y su hijo, en el momento de casi intervención económica de España, su abdicación causó más de un roce con su hijo y sucesor.

Esta semana el excomisario José Manuel Villarejo ha asegurado al juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea que se reunió con la amiga del rey Juan Carlos, como enviado del Estado con el objeto de solucionar los problemas que ella tenía entonces con el ex jefe del Estado.


Villarejo, en prisión desde noviembre por el caso Tándem, ha declarado bajo secreto sobre las grabaciones entre él y Corinna; durante su comparecencia se ha acogido a su derecho a no declarar ante ciertas preguntas, además de no contestar a los fiscales del caso. Según fuentes jurídicas, en su declaración ha dicho que “actuó por orden del Estado” para intentar “solventar ciertos conflictos entre la aristócrata alemana y don Juan Carlos.” Como ya hizo en declaraciones anteriores, Villarejo se ha escudado en sus trabajos para el Estado para justificar las grabaciones con Corinna que se encontraron en el registro de la casa del abogado andorrano y exsocio de Villarejo, Rafael Redondo, en prisión provisional junto al excomisario.

La cuestión aquí no es si esto se trata de una guerra sucia de los imputados para dañar a la institución, o al  anterior jefe del estado español. La cuestión es si la conversación entre Corinna y el rey emérito publicada el pasado 11 de julio, ya ratificada como auténtica,  en la que también se escucha presuntamente al expresidente de Telefónica Juan Villalonga, y que fue grabada en Londres en 2015 es constitutiva de delito.  En ella Corinna afirma que el Rey Juan Carlos tiene cuentas opacas en Suiza y que fue utilizada como testaferro para ocultar su patrimonio en el extranjero. No sirven ya aquí la página de los servicios prestados al país por el rey Juan Carlos I; reconocidos y amortizados están, con todos sus privilegios también, lo que no puede ser carta blanca para convertir el CNI y los fondos reservados en coto privado de solaz y caza. Tampoco queda claro si, aquel discurso de “todos somos iguales ante la ley”, que esgrimió en su discurso de navidad el rey Juan Carlos ante el escándalo de su yerno Iñaki Urdangarín era una cortina de humo para ocultar sus propios negocios en paralelo. No hay más que acudir a las hemerotecas para comprobar los actos en los que Rey, “amiga entrañable”, cuñado, e incluso “La profesional” reina Sofía, coincidían sonrientes y cómplices… De aquellos polvos, nunca mejor dicho, con diamantes millonarios en portadas de revistas, estos lodos…No se le hace daño al Estado ocultando la verdad debajo de la alfombra, sino aclarándola y exigiendo responsabilidades a quienes las tienen. Por el momento parece que el campechano Rey Juan Carlos se va ganando un nuevo título, el de Rey Demérito.