Está muy claro que la Historia no absolverá a Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y a tantos y tantos otros dirigentes del secesionismo catalán que, desde sus altas responsabilidades institucionales y políticas, han perpetrado el más importante ataque frontal a nuestro actual Estado democrático de derecho, con su vano e ilícito intento de dar por finiquitada en Cataluña toda la legalidad constitucional y estatutaria y que, por si no les bastara con ello, han fracturado de forma muy grave y peligrosa, difícilmente reparable al menos a corto e incluso a medio plazo, al conjunto de la ciudadanía catalana, que se encuentra dividida ahora en dos mitades enfrentadas y apenas sin relaciones ni contactos entre una y otra mitad.

Pero la Historia tampoco absolverá a Mariano Rajoy y a todo el PP, que desde hace ya más de diez largos años se ha comportado como un auténtico bombero pirómano, instrumentalizando de una forma partidista el conflicto institucional y político existente alrededor del necesario encaje de Cataluña en el conjunto de España, con la sola y mezquina intención de deteriorar la imagen y las expectativas del PSOE para obtener sus propios réditos electorales cortoplacistas, sobre todo en el resto del territorio español. También son suyas muchas de las más importantes responsabilidades políticas de la situación actual, de una gravedad extraordinaria porque constituye un desafío al Estado de derecho, sin precedentes en nuestra reciente historia común.

Ya sé que el Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy tiene a su favor toda la legitimidad democrática y toda la legalidad propia de un auténtico Estado de derecho como es España desde hace ya cerca de cuarenta años, una legalidad avalada tanto por la Unión Europea como por el mismo Derecho Internacional. Por ello este Gobierno puede e incluso debe actuar con todo el peso de la ley contra todos cuantos, desde posiciones secesionistas, pretenden llevar a cabo la pura y simple voladura de nuestro actual Estado democrático de derecho, aunque debería hacerlo con mucha mayor proporcionalidad y mesura, sin innecesarios mazazos que pueden acabar siendo no solo inútiles sino también contraproducentes, puesto que incluso podrían dar nueva munición emocional o sentimental al adversario político.

No obstante, la absurda e incomprensible dejación de sus responsabilidades políticas durante todos estos años, su reiterada negativa a asumir el reto que comportaba abrir un diálogo transaccional con las autoridades catalanas para intentar llegar a algún tipo de acuerdo, hace que tanto Mariano Rajoy como todo el PP sean también grandes responsables de este callejón sin salida al que unos y otros nos han conducido.

Poco o nada importa quién tiene ahora mayor o menor cuota de responsabilidad o de culpabilidad. A título personal tengo muy claro que el próximo 1 de octubre no votaré en este referéndum ilegal, como no lo hice ya, antes del restablecimiento de la democracia en nuestro país, en otras consultas sin ninguna clase de garantías democráticas. Tampoco consideraré el 1-O una forma de expresión participativa no vinculante, como defienden algunos de aquellos que sueñan con equidistancias imposibles. Simplemente, no votaré. No seré equidistante: disiento de esta convocatoria porque es ilegal y la juzgo no democrática.

Pero tengo muy claro que volveré a votar, cuando de forma legal y con todas las garantías democráticas necesarias, sea convocado de nuevo a las urnas, en unas nuevas elecciones, ya sean autonómicas, municipales, generales o europeas. En cualquiera de estos posibles nuevos comicios, tengo muy claro que no votaré a ninguno de los que, por acción o por omisión, no merecerán la absolución de la Historia. Y defenderé hasta el límite de mis fuerzas la necesidad de dar una respuesta política eficaz al gravísimo conflicto institucional y social que está planteado en Cataluña. Una respuesta que más ante que tarde pasará por la convocatoria de un referéndum, éste sí legal, acordado y vinculante, mediante el cual el conjunto de la ciudadanía catalana pueda ratificar o no un nuevo pacto de convivencia libre, ordenada y pacífica como parte de este Estado democrático de derecho que es y debe seguir siendo España.