Mientras las cifras oficiales de los afectados por COVID-19 empiezan a darnos algo de tregua, se mantienen las dudas sobre la magnitud del drama que la enfermedad puede haber causado en los centros de personas mayores de toda España. La especial incidencia que ha tenido el virus infame en este perfil de edad, y cómo se ha afrontado la situación, está poniendo en cuestión el sistema de protección de nuestros mayores que hemos mantenido en los últimos años.

Hablamos de ello con Fundación Edad&Vida. Sobre los aspectos sanitarios, con el Dr. Josep María Via, asesor del presidente de la entidad, y sobre los financieros con María José Abraham, Directora General de la organización.

¿Qué debilidades y qué fortalezas se ha detectado a raíz de la crisis del COVID-19 en el modelo de centros de personas mayores que tenemos?

Me parece de justicia empezar por las fortalezas y destacar por encima de todo a los profesionales de los centros residenciales de servicios sociales, de todas las categorías y funciones, sin excepción, como hacemos con el personal de los centros de salud, hospitales y sociosanitarios. Se han infectado, han puesto en riesgo su salud y la de los suyos, han prolongado jornadas, han doblado turnos, no han sabido de horarios, ni de festivos. Merecen todo nuestro reconocimiento. Y sobre todo, merecen, además del reconocimiento social, el reconocimiento salarial y de condiciones laborales. Cuando todo esto pase y ya no salgamos a las 20h a aplaudirles, ojalá no caigan de nuevo en el olvido.

“Cuando no se dispone, no ya de los médicos y enfermeras necesarios, sino tampoco de productos terapéuticos esenciales -por no hablar de EPI, test, etc.- como son oxígeno, morfina y fármacos paliativos, el proceso de morir puede acompañarse de demasiado sufrimiento, además de la soledad inevitable, determinada por los protocolos sanitarios”.

En cuanto a las debilidades, también una, muy clara, central, estructural, que requerirá un replanteamiento futuro del modelo. Pienso que para los que hace años que seguimos la evolución del sector, lo único que ha hecho el COVID-19 ha sido aflorar con toda la crudeza la obsolescencia del modelo. Para entenderlo, hay que remontarse a los orígenes. Las residencias de mayores, también llamadas por aquel entonces de la tercera edad o de ancianos, los hogares del mayor, nacieron, hace muchos años, vinculados a problemáticas sociales del mayor y/o de sus familiares, y lo hicieron como una alternativa al hogar. No como un centro sanitario, ni mucho menos, como un hospital. Lógico si lo que motivaba el ingreso no era, fundamentalmente, un problema de salud.

A partir de aquí, y por lo que a las necesidades de salud se refiere, al igual que si el mayor vivía en su casa tenía asignado un equipo de salud, en el nuevo código postal, el de la residencia, tenía otro. ¿Qué pasó? Que a un médico primero o a un Centro de Salud después, le llegaron de repente 80, 100, 120 mayores nuevos a su cupo… Desbordaba lo previsto. A partir de aquí cada residencia fue buscando soluciones mejores o peores… Esas soluciones en demasiados casos -quede muy claro que no en todos, ni mucho menos- fueron insuficientes o inadecuadas y con la pandemia eso se ha puesto en evidencia de forma terrible. Han muerto muchas más personas mayores de las que hubiesen perecido caso de haberse realizado -hace años que desde Edad&Vida lo reclamamos- una integración sociosanitaria real y adecuada. Pero no es solo eso. Demasiados han tenido un final de vida indeseable. Cuando no se dispone, no ya de los médicos y enfermeras necesarios, sino que tampoco de productos terapéuticos esenciales -por no hablar de EPIs, test, etc.- como son oxígeno, morfina y fármacos paliativos, el proceso de morir puede acompañarse de demasiado sufrimiento, además de la soledad inevitable, determinada por los protocolos sanitarios destinados a evitar contagios a familiares o acompañantes.  

Tras la crisis del COVID-19, ¿habrá que repensar este modelo en cuanto a su distribución, reduciendo el número de personas de cada instalación?

Es muy posible que deba repensarse el modelo residencial, mucho más allá de la mera redistribución de espacios. Solamente 4 de cada 100 residentes, desean vivir en residencia. Si eso ya es así hoy, ¿qué babyboomer va a querer vivir en una residencia? Es posible que apueste por la atención domiciliaria, hasta que la dependencia provocada por sus enfermedades crónicas -no olvidemos que la dependencia, convencionalmente entendida, se deriva de problemas de salud- fuerce la necesidad de ingresar en un centro, más que residencial, sociosanitario. Los pisos llamados tutelados, asistidos, pueden ser buenos recursos alternativos al hogar, para cuando determinadas problemáticas sociales exijan una alternativa a la vivienda propia.

“Hoy en día, el 20% aproximadamente de las plazas residenciales se hallan en pisos de 20-25 mayores. Allí el COVID-19 se ha cebado sin piedad. Son centros con escaso o nulo personal sanitario disponible in situ, y sin posibilidad material de separar los infectados de los sanos".

Este tipo de alternativas harían incluso más fácil conseguir lo que, desde la tradición de los servicios sociales, se propone para las residencias: cuando la vida se organiza alrededor de pequeños grupos de personas, la atención es significativamente de mejor calidad y los niveles de bienestar y calidad de vida de los usuarios de los centros es mayor. Se puede organizar la vida en las residencias en módulos de convivencia de alrededor, por ejemplo, de 20 personas. Esa podría ser una solución intermedia, de transición, hacia otros objetivos estructurales y funcionales de futuro, más orientados hacia la reconversión sociosanitaria de la estructura residencial.

¡Atención! Que nadie interprete que estamos hablando de fomentar pequeños espacios, apartamentos, con 20 residentes. Hoy en día, el 20% aproximadamente, de las plazas residenciales se hallan pisos de 20-25 mayores. Allí el COVID-19 se ha cebado con ellos sin piedad. Son centros con escaso o nulo personal sanitario disponible in situ y sin posibilidad material de separar los infectados de los sanos.

¿Habrá que replantear también la asistencia sanitaria y geriátrica de estos centros, yéndonos a un modelo intermedio entre centro de mayores y hospitales donde se trate a personas especialmente frágiles?

Hace muchos años que, desde la Fundación Edad&Vida, hemos apostado por la integración de servicios sanitarios y sociales con el objetivo de atender de forma óptima las necesidades de las personas mayores con pluripatología crónica, la denominada cronicidad, y en situación de dependencia y sus necesidades sociales derivadas de su situación. En definitiva, un verdadero modelo sociosanitario.

En los últimos catorce años, hemos celebrado siete ediciones de nuestro Congreso Internacional, trayendo a España, las mejores experiencias mundiales de integración sociosanitaria. No creemos deseable que continúe la actual fragmentación entre salud y servicios sociales. En lugar de situar a la persona en el centro del sistema y organizarlo en función de sus necesidades, se acaba “fragmentando” a la persona en función de la organización parcelar social y sanitaria.

"No se trata de “medicalizar” centros sociales. Se trata de prestar la atención social complementaria necesaria, en centros sanitarios, consiguiendo una verdadera atención sociosanitaria integrada. Hay que programar una reconversión razonable, a partir de los actuales centros residenciales".

En 2015, publicamos los resultados de un estudio destinado a caracterizar el perfil clínico de los mayores en residencias. Los resultados fueron contundentes:

-más del 75% de los residentes presentaban tres diagnósticos activos

-el 66% tomaba más de 7 medicamentos cada día

-el 18% ya ingresaba con algún tipo de úlcera por presión

-el 75% presentaba incontinencia urinaria y

-el 45% estaba en una situación de dependencia total

¿De qué estamos hablando, sino de enfermos?  ¿Dónde deben atenderse los enfermos? Desde luego, no en residencias de servicios sociales y sí en centros de atención intermedia o sociosanitarios. No se trata de “medicalizar” centros sociales. Se trata de prestar la atención social complementaria necesaria, en centros sanitarios, consiguiendo una verdadera atención sociosanitaria integrada. Hay que programar una reconversión razonable, a partir de los actuales centros residenciales.

En el VII Congreso Internacional de Dependencia y Calidad de Vida, presentamos las conclusiones de un trabajo auspiciado por nuestra Fundación, realizado por expertos en el ámbito de la atención sociosanitaria, representantes de sociedades científicas, colegios profesionales, asociaciones de pacientes, prestadores de servicios, laboratorios farmacéuticos, de productos sanitarios y nutrición enteral, etc. Entre las principales conclusiones: el reconocimiento de la atención en residencias como un nivel asistencial diferenciado de la atención primaria y de la hospitalaria y plenamente integrado en el Sistema Nacional de Salud y la creación de un marco estatal de acreditación social y sanitaria básico y común, así como un modelo de financiación pública mixto sanitario y social, en función de la respectiva carga, que garantice la inexistente suficiencia financiera.

¿Está excesivamente privatizado este sector?

Mientras el COVID-19 segaba la vida de nuestros mayores tanto en centros públicos como privados, la demagogia política, que no ha sabido ni respetar el drama que vivimos, ha tratado de asimilar los muertos en residencias a la gestión privada. Ciertamente, hay un tipo de residencia, la mencionada de 20-25 plazas, efectivamente preponderante en el sector privado, donde el problema ha sido especialmente grave. Pero vayamos por partes.

En un informe publicado por Envejecimiento en Red, se constata que más 73% de las plazas de atención a personas mayores están en centros privados. Nosotros no consideramos que esto sea un problema, de hecho, ni siquiera lo piensan así las administraciones públicas. De lo contrario, ¿qué debería hacerse? ¿Rescindir los conciertos y sustituir las residencias actuales por centros de nueva construcción financiada públicamente? ¿No sería eso un uso ineficiente y poco inteligente de los recursos de todos?

Si la autoridad sanitaria y social ejerce como tal, establece normas de acreditación claras y rigurosas para todo centro de utilización pública -ya sea público o privado, normas que difícilmente superarían esas residencias de tamaño y/o estructura inadecuado- firma contratos claros con los proveedores, exige niveles de calidad asistencial altos, regula el sector desde el punto de vista del interés público…. ¿qué problema ha de haber con la prestación privada? Máxime cuando los posibles escasos beneficios, en general se reinvierten. Por todo ello, opinamos que es positivo que se encuentren fórmulas de colaboración entre diversas entidades más allá de su titularidad.

“Hemos construido una imagen de la vejez estereotipada, simple, llenas de clichés (casi siempre negativos)”.

En los últimos tiempos, muchas familias dependen económicamente de sus mayores, así como de su tiempo para cuidar a los niños. Sin embargo, tenemos prejuicios respecto a cómo es una persona mayor, y como consecuencia, las tratamos de manera inadecuada. ¿Existe edadismo, esto es, discriminación por edad en nuestra sociedad?

Sin ninguna duda, existe y sus efectos, aunque puedan pasar desapercibidos o los normalicemos, son nefastos. El edadismo es un conjunto de ideas y creencias estereotipadas, prejuicios y discriminaciones contra las personas únicamente por motivos de edad. Además, estas ideas justificarían la existencia de normas injustas y valores diferenciados para las personas en función, únicamente, de la edad. Además, como en todos los tipos de discriminación, el grupo que discrimina se encuentra en una situación de superioridad o de poder con respecto al otro. Normalmente, el grupo en inferioridad puede carecer de los elementos necesarios para denunciar esa discriminación o injusticia. Aplicado al edadismo, hemos construido una imagen de la vejez estereotipada, simple, llenas de clichés (casi siempre negativos). Además, es una visión de la vejez presente en todos los ámbitos de nuestra vida. Desde el laboral (“una persona mayor no trabaja igual de bien que un joven”), al sanitario (“todos los viejos están enfermos”), a la imagen (“la piel vieja hay que tratarla con cremas para que no se vean las arrugas”, “hay que teñir las canas”), etc.

En una sociedad con una pirámide poblacional casi invertida, ¿habrá que reconsiderar el papel que juegan las personas mayores?

Por supuesto, es algo que deberá cambiar de manera radical. De hecho, ya lo estamos viendo. No hace tanto, en los 60 y 70, cuando una persona llegaba a los 65 años (límite socialmente aceptado para ser considerado “persona mayor”) le quedaban entre 5 y 10 años de vida años de vida y no precisamente de calidad. Hoy, a esa persona le quedan entre 20 y 25 años por delante y como mínimo entre 15 y 20 libres de enfermedad. No podemos, como sociedad, desaprovechar todo este potencial.

“Se espera un cambio en los procesos de participación y decisión sociales. Las nuevas generaciones de personas mayores son más demandantes y críticas, están acostumbradas a tomar decisiones complejas en su vida. No van a permitir que otras personas tomen decisiones por ellos”.

Como hemos dicho, el aumento de la esperanza de vida hará que las personas de más de 65 años sean el grupo más numeroso en nuestra sociedad. Así, será preciso revisar el papel de estas personas en todas las esferas de la vida. Nos referimos a los efectos y cambios que puede haber en el patrón de consumo y de oferta de productos especialmente dirigidos a una población envejecida cuyas prioridades, necesidades y gustos serán diferentes a la de una población que prime la juventud. Por otro lado, también se espera un cambio en los procesos de participación y decisión sociales. Las nuevas generaciones de personas mayores son más demandantes y críticas, están acostumbradas a tomar decisiones complejas en su vida. No van a permitir que otras personas tomen decisiones por ellos.

¿Debe repensarse nuestro sistema de jubilación?

Antes de la aparición de la COVID-19 ya había claros signos de que el sistema de pensiones tendría que ser reformulado. Hasta ahora hemos tenido un sistema de pensiones de solidaridad generacional, esto quiere decir que los trabajadores en activos dedican parte de sus impuestos a financiar las pensiones de las personas jubiladas. Con una distribución de la población en forma de pirámide, esto es fácilmente asumible pues siempre más personas en activo que jubiladas. El problema viene cuando esta pirámide se modifica y llegamos a momentos como el actual en el que a cada pensionista lo sustentan 2,23 trabajadores: es la denominada tasa de dependencia. Según diversos estudios, el sistema comienza a flaquear cuando la tasa de dependencia es inferior a 2.

Por tanto, hay que empezar a pensar en nuevas fórmulas que complementen la pensión pública que cada persona recibiremos y que desde Edad&Vida defendemos y seguiremos defendiendo, pero ante un hecho incontrovertido que es la disminución de la población activa y por tanto de la recaudación para el pago de pensiones debemos pensar en fórmulas alternativas para mitigar la tasa de sustitución (diferencia entre el último salario y la pensión de jubilación).

En esta línea las propuestas de Edad&Vida son diversas: para las personas que hoy ya están cerca de la jubilación y que por norma general ha ahorrado a través su propia casa apostamos por formas de licuación de patrimonio, que hoy son prácticamente inexistentes en España mientras que en países como Reino Unido mueven más de 4.000 millones de libras. Para ello deberemos explicar muy bien en qué consisten y contar con el apoyo del Estado favoreciendo estas operaciones fiscalmente.

Para los más jóvenes, apostamos claramente por desarrollar de la mano de las empresas y los sindicatos fórmulas de ahorro a través de la empresa que permita voluntariamente a los trabajadores ahorrar. Este ahorro privado debería estar complementado tanto por las empresas como por la propia administración. Existen modelos de éxito en los que inspirarnos y que permiten complementar las pensiones públicas y mitigar así el descenso del poder adquisitivo que sufrimos al jubilarnos. Este esfuerzo necesariamente debe ser compartido por el trabajador, el empresario y por supuesto el estado. En general estamos retrasando la incorporación de los jóvenes al mercado laboral y si a eso le unimos que en términos reales nos jubilamos antes, el sistema de reparto se hará insuficiente y será inevitable complementar la pensión pública con sistemas alternativos.