Continúa la cruzada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra el Gobierno de Pedro Sánchez. A veces, como en esta ocasión, llegando a límites inesperados e insospechados como vincular indirectamente al Ejecutivo español con la Rusia de Vladimir Putin y con la reciente prohibición del movimiento LGTBI por parte del Tribunal Supremo Ruso.

La presidenta madrileña, que ha inaugurado la Navidad en la Comunidad autónoma este mismo jueves desde la Real Casa de Correos, también ha tenido tiempo para tuitear este crítpico mensaje, en el que asegura que Putin y los suyos son "los socios de los socios" del Gobierno de España, sin especificar más detalles.

 

Probablemente, la presidenta madrileña se refiera infundadamente al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), después de las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la matanza indiscriminada de civiles por parte del Ejército de Israel, y del mensaje de agradecimiento que el grupo islámico envió poco después. Hamás, por su parte, mantiene relaciones diplomáticas neutrales con Rusia, y este mismo jueves liberó a un rehén ruso como gesto de buena voluntad hacia el Kremlin.

La prohibición del movimiento LGTBIQ en Rusia

El Tribunal Supremo de Rusia ha prohibido este jueves el 'movimiento internacional LGTB' al considerarlo una "organización extremista" tras la petición del Ministerio de Justicia.

"El objetivo es reconocer el movimiento internacional cívico LGBT como una organización extremista y prohibir sus actividades en territorio de Rusia", ha dictaminado el juez, Oleg Nefédov. Una medida con efecto inmediato que prohíbe la propaganda, la publicidad y la animación al apoyo y la integración de las filas del movimiento LGTB. De acuerdo con la agencia Interfax, esta medida "no afecta al derecho de los ciudadanos a la vida privada", por lo que la homosexualidad, que lleva despenalizada en el país desde 1993, sigue siendo legal, pero no lo serán las manifestaciones públicas de demostración o apoyo a la misma.

Desde el Ministerio de Justicia ruso se argumenta que se han detectado "tendencias extremistas" en los movimientos pro LGTB, como pueden ser “la incitación al odio social y religioso”. Por su parte, organizaciones rusas de derechos humanos visitaron el Tribunal Supremo para que no siguiese adelante con este procedimiento, alegando que es "imposible considerar como un movimiento cívico extremista" a una serie de personas que pertenecen a un grupo social o están unidos por cualidades personales concretas.

"Esto sería tan absurdo como, por ejemplo, llamar movimiento social a todos los pensionistas o a la gente que pertenece a una particular etnia", argumentan desde las organizaciones pro LGTBI. "Además, también se contradirá con las cláusulas de la Constitución que establecen que Rusia es un Estado laico”, añaden.

Señalando el caso ruso, pero retrocediendo también en Madrid

Por otra parte, resulta sorprendente que Ayuso se haya escandalizado de la decisión del Tribunal ruso, cuando precisamente en la Comunidad de Madrid, y valiéndose de la mayoría absoluta del PP en la Asamblea, se ha destruido recientemente la ley LGTBI comunitaria en lo que ha supuesto el primer retroceso de derechos de este colectivo en toda la democracia española. 

Aprovechando el foco mediático de la amnistía, el PP registró dos proposiciones de ley en la Asamblea de Madrid para modificar las conocidas como leyes trans y LGTBI autonómicas, vigentes desde el año 2016 y que salieron adelante gracias a Cristina Cifuentes.

En concreto, se trata de dos modificaciones que cortan de raíz ciertos derechos de las personas LGTBI, en especial de los menores que, por ejemplo, si deciden iniciar una transición, deberán ser tratados administrativamente con el género que precisamente no quieren usar, apareciendo en documentos como las notas que reciben cada trimestre o la lista de la clase con el nombre del que quieren desprenderse al usar su identidad elegida.

De acuerdo con el documento presentado, las dos reformas legislativas que promueven buscan "dar mayor claridad y seguridad jurídica" y eliminar algunos aspectos vigentes como "la inversión de la carga de prueba". Sin embargo, si se comparan las modificaciones con las dos leyes, quedan eliminados el régimen sancionador por LGTBIfobia detallado, la necesidad de que existan libros con temática LGTBI en las bibliotecas públicas, o la formación del profesorado para tratar con menores trans de una manera adecuada.

A su vez, las reformas también eliminan el reconocimiento de la Comunidad de Madrid a las personas LGTBI, el desarrollo de políticas de apoyo o que las personas trans que quieran recibir tratamiento hormonal y residan en pueblos de la región lo puedan hacer de manera próxima y no verse obligados a hacer desplazamientos de kilómetros. En definitiva, las reformas establecen nuevas trabas legales y sociales a las personas LGTBI, suponiendo retrocesos en derechos que ya se daban por sentados.