Isabel Díaz Ayuso consumará antes de final de año el primer retroceso en derechos LGTBI de la democracia. El PP ha aprovechado el foco mediático que genera la amnistía para registrar dos proposiciones de ley en la Asamblea de Madrid para modificar las conocidas como leyes trans y LGTBI autonómicas, que están vigentes desde el año 2016 y que salieron adelante gracias a Cristina Cifuentes.

De hecho, sendos registros responden a una antigua promesa de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la modificación de estas leyes a Vox durante el último pleno de la pasada legislatura. Era la segunda vez que Vox trataba de derogar estas leyes y, hasta ahora, Ayuso se negó por eliminar derechos.

Se trata de dos modificaciones que cortan de raiz con muchos de los derechos que las personas LGTBI, en especial de los menores que, por ejemplo, si deciden iniciar una transición deberán ser tratados administrativamente con el género que precisamente no quieren usar apareciendo en documentos como las notas que reciben cada trimestre o la lista de la clase con el nombre que no quieren usar al usar su identidad elegida.

Una situación que se consiguió cambiar en 2016 y que siempre ha sido motivo de conflicto para los menores trans ya que, aunque expresaban otra identidad de género diferente a la que aparecía en documentos oficiales. De esta forma, por ejemplo, podían sufrir discriminación si el profesor les llamaba por el nombre que aparecía en su DNI y no en el que querían usar conforme a su identidad.

.De acuerdo con el documento presentado, las dos reformas legislativas que promueven buscan "dar mayor claridad y seguridad jurídica" y eliminar algunos aspectos vigentes como "la inversión de la carga de prueba". En la realidad, y comparando las modificaciones con las dos leyes, se elimina desde el régimen sancionador por LGTBIfobia detallado, la necesidad de tener libros con temáticas LGTBI en las bibliotecas públicas o la formación del profesorado para tratar con menores trans de una manera adecuada.

También se elimina el reconocimiento y visibilidad de la Comunidad de Madrid a las personas LGTBI, que se hable de personas LGTBI en los colegios, que se desarrollen políticas de apoyo, que se cuente con los colectivos o que las personas trans que quieran recibir tratamiento hormonal y residan en pueblos de la región lo puedan hacer de manera próxima y no desplazarse kilómetros. En los casos de menores, un pediatra deberá certificar que pueden acceder a la transición a pesar de que la recién aprobada Ley Trans estatal elimina este requisito.

Las proposiciones de ley se aprobarán por el procedimiento de urgencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el PP quiere acortar sensiblemente los tiempos de tramitación de la norma reduciendo los tiempos. Según se indica, la urgencia está motivada por "la necesidad de adaptar la actual ley a la normativa estatal" y para "corregir determinados aspectos de la misma y garantizar la necesaria protección de los derechos fundamentales". Cabe recordar que la normartiva nacional va en sentido contrario a la modificación y que en los siete años que lleva la norma en vigor no se ha producido ningún problema que afecte a ningún ciudadano ni vaya contra los "derechos fundamentales". Además, la norma elimina por completo la carga de prueba así como el término "identidad de género".

Un término que Ayuso ha tachado de "moda" y que en el preámbulo de las modificaciones se explica que va contra lo que se expresa desde la medicina, asociaciones feministas y la bioética.  "Esta moda no depende solo de estas leyes” sino que se están “fomentado todas estas cuestiones en las plataformas audiovisuales”, indicaba sobre la transexualidad. “Consulte los móviles de sus hijos y verá los contenidos a los que acceden.... ¡Y no digamos en decenas de programas de televisión! Estas modas que son tan agresivas, impositivas e internacionales están haciendo mucho daño a los adolescentes en todo el mundo”, apuntaba en marzo.

La oposición denuncia que se volverá a patologizar a las personas trans

Carla Antonelli, diputada y senadora de Más Madrid en la Asamblea, fue una de las promotoras de la ley en 2016 cuando estaba bajo las siglas del PSOE. "Será la primera vez que en en 44 años de democracia que se retroceda en derechos adquiridos", resume en declaraciones a ElPlural.com sobre la intención de Ayuso. "Quiere ser la cabeza visible de la involución de los derechos de las personas LGTB. Es la metamorfosis de la Ayuso transfriendly de la época de Cristina Cifuentes por la competencia por absorber lo que es Vox, la ultraderecha. Se ha convertido en la líder populista del radicalismo y de la extrema derecha española. Es una absoluta vergüenza. No ha habido algún tipo de problema o prejuicio en 7 años que lleva en vigor, como se podrá imaginar cualquiera. Se hubiera creado una alarma social, pero no ha habido problemas", indica asegurando que las personas LGTBI son una "cortina de humo" porque son políticas "que no cuestan dinero implementar, pero que acaparan numerosos titulares en los medios de comunicación". "Primero nos han caricaturizado y nos han deshumanizado diciendo que somos una teoría y ahora nos recortan en derechos", denuncia al respecto.

Tras conocerse la intención de volver a patologizar a las personas trans con un informe médico, Antonelli señala que "está vulnerando las decisiones que ha tomado la propia Organización Mundial de la Salud desde el 2018, que ha descatalogado la transexualidad como un trastorno mental". "Desde esa premisa con muchos los países que han despatologizado a las identidades trans. Ayuso quiere llevarnos de nuevo al psiquiátrico, a las terapias reversivas y a patologizar las identidades trans. Ayuso considera que tenemos que ir a un psiquiatra a que dude de nuestro juicio, de nuestra estabilidad en la ley nacional", insiste.

"Eliminarlo supone retroceder. Hay una ley nacional que permite despatologizar como principio rector, pero las competencias de Sanidad las tiene la Comunidad de Madrid.  Ayuso, va haya una ley nacional que despatologiza a las identidades trans va a patologizarlas dentro de la sanidad madrileña", denuncia.

Misma idea que desliza el diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Santi Rivero. "Para las personas trans en Madrid, lo que supone es que vamos a volver, si se cumple lo que han amenazado, que van a volver a poner requisitos para el reconocimiento de la identidad. Supone tener que volver a pasar por esos requisitos con todas las cuestiones personales y psicológicas que ello puede suponer. Desde luego, nosotros, desde el Grupo Parlamentario Socialista, vamos a defender a ultranza, como ya lo dijo mi portavoz Juan Lobato en el debate de investidura, dos leyes que están funcionando bien, con las que no está habiendo ningún tipo de problema y que no tiene sentido abrir un debate de algo que está funcionando bien, que lo único que está causando es felicidad y bienestar a las personas, especialmente a los menores", indica.

"Ha habido un debate por el futuro electoralismo y además comprando totalmente el uso de la ultraderecha, porque recordemos que estas leyes se aprobaron en el año 2016, una con el voto a favor del Partido Popular y la otra con la abstención del Partido Popular, por lo tanto, permitieron la aprobación de la ley", insiste sobre el cambio de postura del PP.

"Primero tenemos que ver qué es exactamente la reforma que quieren hacer para poder hacer una valoración tan profunda. Pero, desde luego, lo que no va a poder es contradecir a la ley estatal, en la que se reconoce los derechos de los menores trans y de las personas trans, y estaremos muy vigilantes de lo que dice para que no se contradigan esos derechos, pero efectivamente si vuelven a poner estos médicos o psicológicos para las personas trans, estaríamos volviendo a una patologización y en la ley estatal se protege la despatologización de las identidades trans. Aunque la competencia la tenga la Comunidad de Madrid, no pueden contradecir leyes que están aprobadas a nivel estatal. Es decir, no estamos hablando del desarrollo de una ley, la Comunidad de Madrid lo que tiene que hacer es que, en el ámbito de su competencia, regular en función a lo que dice la ley estatal en esa materia", agrega el diputado.

Una modificación dos veces anunciada

Antes de que acabe el 2023 la Ley Trans de la Comunidad de Madrid va a ser modificada. Así lo confirmaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante su pleno de investidura argumentando que durante "el primer periodo de sesiones" la norma que se aprobó gracias al Gobierno de Cristina Cifuentes cambiará. Según explicó, esa modificación ya está "redactada" y será aprobada, por tanto, antes de final de año sin interferencias al contar el PP con mayoría absoluta en la Asamblea.

"Ayuso ha hecho varios anuncios. El último fue que iba a haber una consulta pública. Ayuso ha anunciado que tienen la ley escrita. Ya me dirás qué sentido tiene. Se han basado en anunciar de manera reiterada que van a volver a patologizar a las personas trans", argumenta Antonelli.

A pesar de que la norma no ha supuesto ningún problema, al final de la pasada legislatura, prácticamente simultáneamente a la aprobación de la normativa nacional impulsada desde el Ministerio de Igualdad. En ese momento, y a propuesta de Vox, la dirigente popular se comprometió a llevar a cabo una reforma en la autonómica y sortear la ley de Irene Montero, a pesar de que muchas de las cuestiones que se establecen en la autonómica se incluyen en la nacional. No solo eso, Ayuso se comprometía a dotar "de mayor seguridad jurídica" la de la Comunidad de Madrid .

"Ese es un proyecto que se aprobó con la abstención de Cifuentes, pero que ni siquiera era nuestro. Era un compendio de varios partidos y hay cosas que se debían analizar", indicaban desde fuentes populares sin explicar qué se cambiará de la norma y qué conflicto supone en la actualidad más allá de un cambio de postura de Ayuso, que defendía la norma a capa y espada cuando solo era diputada y no ostentaba ningún cargo institucional.