Carlota Prado se ha retirado como acusación en el juicio por abusos sexuales que asumirá la Fiscalía. La exconcursante de Gran Hermano, según la jueza, “no desea que se le nombre abogado del turno de oficio”, delegando así la defensa del caso en el Ministerio Fiscal.

La joven ha tomado esta decisión después de la dimisión de su abogado, quien ha revelado este miércoles que renunció hace ya unas semanas a continuar con su representación judicial. Por ello, la Fiscalía será la única parte en el juicio que se encargue de llevar adelante la acusación contra José María López por los abusos sexuales que supuestamente cometió contra Carlota Prado hace cinco años en la casa donde se grababa el programa de telerrealidad de Telecinco.

A una semana del juicio, que está previsto para su celebración los días 3 y 8 de noviembre, la magistrada del caso, María Dolores Palmero, ha comunicado en una providencia a la que ha tenido acceso el diario ABC que la denunciante “renuncia a comparecer al juicio asistida de abogado particular y que no desea que se le nombre abogado del turno de oficio”. Por ello, Prado ha desistido en su intención de ejercer la acusación particular y deja así ese trabajo en manos de la Fiscalía: “Desea que la acusación la ejercite el Ministerio Fiscal”.

Carlota Prado renuncia a la acusación particular

“Se la tiene por apartada en el presente procedimiento, quedando prevista la vista de juicio oral para los próximos 3 y 8 de noviembre”, ha explicado la jueza en la resolución previa a la celebración de este acto judicial. Estos días, fijados en el mes de junio, se han confirmado después de que la semana pasada los médicos forenses concluyeran que Prado ya se encuentra en condiciones para declarar en el juicio.

Durante el pasado febrero, se decretó la suspensión de la vista inicial temporalmente por petición de los abogados de la acusación por motivos psicológicos de la denunciante. En aquel momento, el fiscal pidió para el acusado una condena de dos años y seis meses de prisión y una indemnización de 6.000 euros por los daños morales causados a la supuesta víctima.

Además, el miembro de la Fiscalía también solicitó la misma cantidad de dinero a Zeppelin TV, productora del programa donde ocurrió el supuesto delito, Gran Hermano, por los daños ocasionados al mostrar a la concursante las imágenes de lo sucedido. Sin embargo, por su parte, la defensa legal de la joven solicitaba una pena de siete años de cárcel y una indemnización de 100.000 euros por daños morales. Incluso, su abogado pretendía invalidar el proceso para crear uno nuevo por considerar que el supuesto delito no es abuso sexual, como está actualmente en consideración, sino violación con penetración, lo que provocaría un aumento de las penas.