La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como Sareb o el banco malo, tiene el mandato de liquidar todos sus activos y disolverse de cara a 2027. La empresa participada mayoritariamente por el Estado tenía en su cartera, a fecha de 26 de enero de 2024, 50.000 viviendas, tal y como relataban fuentes de la sociedad a ElPlural.com. Apenas diez meses después ha llegado el anuncio del Gobierno de crear una empresa pública de vivienda y, este martes, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha deslizado la posibilidad de absorber estos inmuebles.
“Los activos que tenemos de la Administración General del Estado (AGE), que son patrimonio inmobiliario, se pueden traducir en vivienda asequible o utilizar instrumentos que representaban el fracaso de las políticas del PP como pudiera ser la Sareb, incorporarlos también a esta gran empresa", ha trasladado la titular de la cartera de Vivienda y Agenda Urbana en una entrevista concedida a la televisión pública. “Esta es la legislatura de la vivienda, se lo debemos a los españoles que están teniendo un problema de acceso a la misma. Tenemos que garantizar ese derecho constitucional”, ha trasladado.
La empresa pública de vivienda anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este pasado domingo en el Congreso Federal del PSOE realmente no será de nueva creación. “Esa empresa que ya tenemos, que es la empresa de suelo, SEPES (Entidad Pública Empresarial de Suelo), se va a completar con otras acciones”, ha confirmado Isabel Rodríguez. De ser así, no existirá una “nueva” empresa, sino la transformación en forma de engordamiento de una ya existente, a la que se destinarán más recursos y activos, como “pudieran ser” los de la Sareb.
Para ello, ha garantizado que la nueva empresa no se dedicará exclusivamente a la construcción o urbanización del suelo, “sino también a la promoción del parque de vivienda asequible, incluso la movilización en alquiler, como estamos haciendo en Valencia para atender a los afectados por la DANA”. En esa zona y por esta razón, precisamente la Sareb puso hace tres semanas a disposición de la administraciones autonómicas y locales, de forma gratuita e inmediata, 150 viviendas para entregar una vez amuebladas y acondicionadas. Asimismo, anunciaron la exención de pago durante tres meses en 800 alquileres.
Al hilo, Rodríguez ha señalado que “todos los recursos e instrumentos a disposición de la política pública de vivienda se concretan en el anuncio de una empresa que de manera integral aborde todas las capacidades, desde el suelo, que disponemos de mucho (Defensa, Adif, SEPES), su urbanización, la construcción de la vivienda y su distribución”. En la larga lista de suelos, viviendas y otros activos inmobiliarios se destaca también la Sareb, que aúna hasta 50.000 pisos de diferente naturaleza y estado.
Si bien para poder incluirlos en la nueva empresa pública de vivienda y no seguir deshaciéndose de ellos, el Gobierno debería suspender el mandato liquidador de la Sareb. Desde el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, del que depende el banco malo, trasladan a ElPlural que el destino de la entidad aún “no está cerrado”. Desde la propia Sareb responden a este periódico con un mensaje de “prudencia”, asegurando que se mantiene a la espera de la articulación final de la nueva empresa pública de vivienda.
Las múltiples viviendas de la Sareb, una por una
Del total, 21.000 inmuebles se encontraban a principios de año publicados en portales inmobiliarios, ocultando que su propietario era la Sareb por un supuesto miedo a la okupación. De estas, 10.000 están ya ocupadas o preparadas para ello, mientras que 11.000 están “a punto”, detallaban fuentes del banco malo a este periódico. Otras 15.000 son viviendas no construidas, pertenecientes al Proyecto Viena, y la construcción de 3.770 de estas ya ha sido sacada a licitación pública (18 de octubre y hasta el 20 de enero).
El proyecto inicial prevé la construcción de algo más de 10.600 viviendas, que podrían ampliarse hasta alcanzar las 15.000. A más, la Sareb cuenta también que 14.000 viviendas destinadas a alquiler asequibles, de las que en torno a 8.000 ya estaban ocupadas a inicios de año. Sin embargo, se desconoce si se han alquilado más, dado que muchas estaban sujetas a estudios y siendo reacondicionadas, o a cuántos vecinos se han desahuciado, ya que múltiples sindicatos de vivienda de los barrios aseguran que el banco malo está “desahuciando en masa” a muchas familias.
Más allá de las viviendas ya construidas, en condiciones de habitabilidad o no, la entidad cuenta también con más de 4.000 suelos repartidos por más de 500 municipios que, hasta el momento, ofrecía a los Ayuntamientos para que estos los comprasen, con descuentos de entre el 30 y el 40% de su valor, y los destinasen a la construcción de parques, aparcamientos, viviendas y demás servicios públicos en beneficio de la comunidad.
No obstante, gran parte de este suelo no genera un gran interés a las compañías constructoras, dado que se trata de suelo rústico en mayor medida. Por este motivo, la Sareb tomó la iniciativa de ofrecerlo descontado a entes públicos en vez de malvenderlo a iniciativas privadas. En el momento del anuncio, el banco malo remitió ofertas a 520 municipios por alguno de los 4.770 suelos que, en conjunto, aúnan un valor de 110 millones de euros.
