El relato sobre la problemática de vivienda es fácil de escribir desde una posición acomodada o tras un ordenador ubicado en la redacción de un periódico. La mercantilización de este bien de primera necesidad salta ahora a la agenda pública por la extensión de su afectación más allá de los barrios obreros, que sufren su condena desde antes de que la burbuja inmobiliaria comenzase a hincharse. Fondos buitres, bancos y entidades financieras no son nuevas en esto de especular, pero en 2012 sumaron a su selecto grupo al conocido como banco malo.
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) nacía con dominio privado y una participación pública del 45,9%; sin embargo, en 2022 las cosas cambiarían cuando el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) se hacía con un 4,24% extra que catapultaba al Estado como participante mayoritario (50,14%). El banco malo tiene dominio público y, en consecuencia, su gestión recae sobre el Gobierno, pero sus prácticas no distan mucho de las que desarrollan diariamente grandes tenedores. En los barrios, donde sus colectivos y sindicatos defienden el derecho a la vivienda, lo saben.
Y como contarlo desde esta redacción no es procedente, ElPlural.com se ha desplazado hasta el barrio madrileño de Vallecas, concretamente al centro social La Villana, para que militantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cuenten cómo es Sareb como casero. El colectivo habla de 10.000 alquileres suscritos con Sareb, la entidad lo rebaja a 8.000, pero la cuestión no está en el número de inquilinos del banco malo, sino en la tipología de sus contratos. “Plagados de cláusulas abusivas”, denuncia Plan Sareb, paraguas que aglutina a decenas de movimientos de vivienda.
PAH Vallekas ha interpuesto la primera demanda contra la entidad por este motivo y este periódico ha podido consultar con el abogado de Giselli, la denunciante, las cláusulas en cuestión. “Son cláusulas que podemos encontrar en cualquier otro contrato con un fondo de inversión, que van desde la penalización totalmente draconiana de los inquilinos que no quieren abandonar la vivienda, entradas en el domicilio con la mera comunicación en 15 días hasta una bonificación asociada a un acuerdo sociolaboral que les convierte en padres del inquilino”, relata Diego Redondo.
“Obligan a comunicar cualquier cambio socioeconómico, pero no se especifican cuales son”, continúa. “Cualquiera que pueda alterar tu vida e influir en el pago de tu renta, tanto para bien como para mal. Tanto si has recibido una ayuda, te has quedado embarazada o te vas a divorciar”, desgrana el letrado. Mientras, desde Sareb defiende a este medio el “acompañamiento” ofrecido, que se basa en la “corresponsabilidad de la familia por mejorar y dejarse ayudar”. Pero, ¿qué pasa si no cumples los criterios que el banco malo establece para conceder la bonificación?
“Se arrogan el derecho a desistir del acuerdo sociolaboral solo con notificarlo con un mes por criterios como la falta de colaboración, en genérico, cambios en tu vida, pero no te establecen ningún tipo de requisito ni criterio. Lo que a ellos les apetezca, su posición de poder es absoluta”, añade Redondo. Sin embargo, desde Sareb niegan la mayor y aseguran que todavía no ha habido ninguna modificación de cuantía de contrato, pese a que ElPlural.com ha podido ver esas variaciones en contratos de inquilinas afectadas. “No ha sucedido”, trasladan.
El cruce de acusaciones no es lo pretendido por los militantes de los colectivos, que buscan una negociación directa con Sareb que aseguran imposible. “Las estrategias negociadoras de Sareb son de presión constante y desgaste, intentan desahuciar por todos los medios porque hay intereses económicos detrás”, relata Sonia García, militante y portavoz de PAH Vallekas. “Las negociaciones son siempre complicadas, mantienen las fechas de desahucio hasta que se termina su imposición absoluta de contratos con cláusulas abusivos”, continúa, “negocian con la pistola del desahucio en la cabeza”.
Una negociación que ni siquiera se produce con la propia Sareb, sino con entidades privadas externas. “Sareb es una entidad orgánicamente muy pequeña porque tenemos un mandato liquidador de cara a 2027 y todo lo que hacemos, supervisado desde Sareb, es a través de servicios especializados”, justifica la entidad a ElPlural.com, trasladando su confianza a sus colaboradores externos. El testimonio de la PAH sobre Servihavitat, conformada por una entidad bancaria y un fondo buitre de Texas, no es tan positivo. “Son un ejército de mediadoras que hacen el trabajo de desgaste”, denuncia García.
Lo denunciado choca con lo que el propio Gobierno promete de la Sareb y sus viviendas y también lo hace en lo referido a los desahucios, que aseguran suspendidos. “Sareb es una de las mayores desahuciadoras en provincias como Barcelona, que es donde más desahucios se producen”, explica Redondo. “Toda esa prohibición es una mentira, es propaganda política y electoral”, cierra el abogado su argumento, lamentando que cada día haya “miles de desahucios en el Estado español”, pero con la convicción de que la lucha desde los barrios es el único camino.
