El primer encuentro entre los líderes de los Veintisiete para abordar la política de competencia, que den respuesta al proteccionismo norteamericano, las reglas fiscales y la reforma del mercado energético ha llegado a su fin. Una vez más, como viene siendo habitual, los mandatarios han trasnochado para alargar un debate del que no ha prosperado nada más que la puesta en común de las diferentes posiciones. “Hemos examinado las medidas para reforzar la competitividad europea, en un contexto marcado por altas tasas de inflación en Europa”, trasladaba Pedro Sánchez en la madrugada de este viernes.
El siguiente envite llegará el próximo lunes, durante la reunión del Eurogrupo, que anticipa un debate tenso en su orden del día: evolución de los mercados de energía, evolución y retos de los mercados de trabajo, coordinación marcoeconómica y financiera y, como no podía ser de otra manera, ruegos y preguntas. Más allá de esta reunión futura, la que ha finalizado este viernes ha supuesto también avances, aunque pequeños. “La comisión ha presentado recientemente una comunicación que va muy en línea con lo que nosotros defendemos desde el inicio de la guerra: un pacto verde para la industria”, ha señalado el presidente del Gobierno español.
Sobre el debate acaecido, Sánchez ha explicado que se ha defendido por parte de todos los gobiernos la revisión de la normativa de ayudas de Estado. “Hemos acordado simplificar, flexibilizar el marco de las ayudas de Estado, agilizar su aprobación, introducir nuevos instrumentos como los créditos fiscales”, ha desarrollado, eso sí, “la flexibilización será acotada en el tiempo y a sectores de la transición verde y la transformación digital”, ha añadido. Sobre la ampliación de estas ayudas, el líder del Ejecutivo ha seguido la línea defendida por Calviño y por otros países como Portugal, primar el consenso y el mantenimiento del mercado común europeo.
“Lo importante es salvaguardar la integridad del mercado único, las condiciones justas de competencia y, a partir de ahí, mejorar el entorno regulatorio (fiscal) y la reforma del mercado eléctrico”, ha desgranado Sánchez. Además, ha asegurado que la Comisión Europea “está alineada con nuestras posiciones”, aunque es imposible eludir la contra de países con un peso importante, que podrían demorar el debate en el tiempo, lo que dejaría expuestas a las empresas europeas frente a la competencia desleal estadounidense, llegando incluso a no alcanzarse un consenso unificador que de respuesta a todos los Estados.
Europa dividida
Como ocurre siempre que es necesario afrontar una decisión relevante, en Europa el debate se demora a la espera de alcanzar un acuerdo que en muchas ocasiones no llega. Margrethe Vestager, comisaria europea de Competencia, ya se ha puesto en contacto con los Estados miembros para conocer su posicionamiento en lo que a ayudas estatales se refiere. No parece idóneo que dar libertad de respuesta a los diferentes Gobiernos, contrarrestando las ayudas norteamericanas con ayudas propias, genere más que una competencia desleal, también en el seno de la Unión. No todos los países, afectados por la deuda y el déficit, pueden responder de esta manera al gigante americano.
Francia y Alemania sí, por eso se posicionan a favor de dar esta libertad de actuación, aunque en menor medida el país galo. Los Países Bajos, casi siempre escoltados por los nórdicos, se muestran, como viene siendo habitual, escépticos y piden esperar a tomar una decisión que, realmente, es de urgencia. Austria, Dinamarca, República Checa, Finlandia, Irlanda, Estonia y Eslovaquia ya se han posicionado contra la posibilidad de financiar, de forma conjunta, nuevas ayudas que combatan la política de EEUU. Alemania, Francia y Países Bajos no han firmado el documento a través del cual el grupo de países reticentes han mostrado su postura, pero tampoco quieren una respuesta conjunta, que quizá sería la única que pudiese contrarrestar de forma práctica la apuesta de un gigante económico.
Independientemente del desacuerdo evidente, el Gobierno europeo tiene claro que es necesario abordar este debate de forma inmediata. El jueves, tras tres días de reuniones informales, los líderes de cada país tendrán que presentar sus posiciones y afrontar un debate que parece va para largo en Bruselas. Además, este debate se encuentra también inundado por la normativa fiscal común, que busca combatir los paraísos fiscales y los territorios con tributaciones desleales que hay en el seno de la propia Unión. España tiene claro que esta pata del debate es ineludible y defiende su propuesta en Bruselas con uñas y dientes, de igual manera que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Competencia desleal estadounidense
La norma que ha generado la polémica y EEUU ha aprobado, en contra de los intereses de uno de sus socios comerciales (Europa), es la Ley de la Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés). Esta norma, aprobada por el Ejecutivo de Biden en agosto del pasado año, contempla subsidios para la transición ecológica de las empresas por valor de unos 400.000 millones dólares. Si bien esta apuesta del Gobierno demócrata por combatir el cambio climático ha sido bien recibida por los Veintisiete, las exigencias contempladas en ellas, de marcado tinte proteccionista, no tanto.
La apuesta del gigante económico busca incentivar la descarbonización de las empresas, con la condición de que estas desarrollen su actividades de producción en suelo estadounidense. Esto deja en una situación de desventaja al viejo continente, que puede ver como sus empresas cruzan el charco para percibir ayudas que las hagan más competitivas y adapten su producción a un futuro ya presente en muchas legislaciones. Ahora la Comisión Europea tiene que tomar una decisión, pero poner de acuerdo el sentir de casi treinta países, que no suelen coincidir, es mucho más complicado que aprobar un decreto desde el Despacho Oval.
