El Gobierno de España continúa asumiendo la responsabilidad de transformar el mercado energético europeo, tal como demuestra la propuesta de reforma que ha remitido este martes a Bruselas. En una clara apuesta por incentivar las renovables y alejarlas del elevado precio que las tecnologías marginales (gas o carbón) introducen en el mercado, Transición Ecológica sugiere a la Comisión Europea desarrollar un mercado a plazo (largo) y con capacidad que, complementado con un mercado a corto plazo muy líquido y transparente, aporte estabilidad en los precios para los consumidores, seguridad de suministro e ingresos estables para los generadores y almacenadores.
Esta propuesta detallada por fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico será debatida en el seno de los Veintisiete la próxima primavera, motivo por el que no cabe esperar que se tome una decisión con celeridad, más teniendo en cuenta las reticencias de países como Alemania, Países Bajos y demás frugales, contrarios a modernizar y regular el mercado energético. Por este motivo, la cartera liderada por Teresa Ribera ha solicitado simultáneamente a Bruselas la ampliación del periodo de la excepción ibérica hasta finales de 2024 para evitar la contaminación del mercado ibérico por el elevado precio del gas y conseguir mantener el coste de la energía más bajo de Europa.
España se convierte, nuevamente en esta materia, en el primer Estado miembro en remitir una propuesta a la Comisión. La reforma propuesta tiene que ser progresiva y buscar fórmulas para adaptarse a la realidad del mix energético de cada país, han trasladado las mismas fuentes de Transición Ecológica. Sin bien es cierto que España cuenta con una posición privilegiada por la avanzada penetración de las energías renovables en el sistema energético, que alcanza un 50% ya del total del mix y se espera se sitúe en el 75% en 2030. No obstante, esta adaptación dependerá de cómo avance la propuesta en Europa, han trasladado fuentes del Ministerio.
"España ha sido de los primeros países en el que hemos sentido el impacto del incremento del precio del gas y sabíamos que nuestras condiciones eran diferentes. Ahora, tenemos una gran oportunidad para ofrecer una visión de presente y futuro. Queremos apostar por un modelo basado en energías renovables con costes asumibles por los consumidores", ha defendido Ribera en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, apostando por una "certidumbre" sobre el sector.
Fin al cortoplacismo
Los estudios teóricos en los que apoya el Gobierno, sobradamente contrastados con la inesperada guerra de Ucrania y la crisis energética devenida de esta, ponen de relevancia que el actual diseño del mercado eléctrico se encuentra ya caducado. Así, es evidente su incapacidad para hacer frente a situaciones de elevada volatilidad (stress proof) y a la incursión en él de energías renovables y recursos a largo plazo (future proof). El problema, más concretamente, es que la composición actual sujeta al sistema de fijación marginalista a corto plazo determina que el precio lo marque la última tecnología en entrar en el mercado marginal.
Esto provoca que el precio que luego tienen que afrontar los consumidores no refleja el coste medio real del mix energético, genera beneficios extraordinarios para aquellos generadores cuyos costes de producción está muy por debajo de los marcados por las tecnologías marginales, no atrae a la inversión de renovables y, además, no garantiza la seguridad de suministro al tener una naturaleza cortoplacista. Todo ello, en suma, dispara la factura de los hogares y engrosa las cuentas de resultados de parte del sector energético. Con respecto a la solución, otro de los problemas es el entramado tedioso diseñado por la Unión Europea. Las políticas de competencia, los innumerables pasos a seguir y la exigencia de que algunas medidas sean la última alternativa y de carácter temporal impide desarrollarse dentro del mercado eléctrico actual. Es aquí donde entra el juego la propuesta española.
Los instrumentos a largo plazo son el pilar fundamental, articulado en dos patas: contratos a plazo de energía y de capacidad. En el primer caso, se articularían a través de la fórmula de los contratos por diferencias (CfD) con un precio fijo y orientado a cubrir los costes de los generadores, añadiendo en el caso de las energías inframarginales (nuclear e hidráulica) incentivos para la disponibilidad, es decir, para producir en los momentos de mayor escasez de energía y precio más elevado. En el caso de la capacidad la idea es, también a través de incentivos, propiciar la disponibilidad y el almacenamiento para, de esta manera, garantizar la seguridad de suministro. Esto puede realizarse a través de diferentes instrumentos, a elegir por los Estados miembros, como las reservas estratégicas, las subasts de capacidad o las obligaciones descentralizadas.
Con todo, la pretensión de esta reforma propuesta por el Gobierno es atraer la inversión en renovables, seguir avanzando en la descarbonización, reflejar un coste real medio que determine un precio estable y menos para los consumidores, evitando elevados beneficios extraordinarios para las energéticas, y evitar situaciones de peligro del suministro como las que se han vivido por motivo de la guerra de Ucrania. En los próximos meses, esta y otras propuestas llegarán a Europa para atravesar un arduo y largo debate en el que los países frugales harán un frente común para no acometer esta reforma. En frente, los países mediterráneos presionaran como ya es costumbre en los últimos tiempos para sacar adelante una reforma en materia energética necesaria para el mercado eléctrico, el planeta y los consumidores.
