La vigencia de la excepción ibérica expira el próximo 31 de mayo, pero el Gobierno tiene en sus planes mantener el precio al tope del gas o bien mientras dure la crisis energética o bien hasta que Bruselas apruebe la reforma que prepara para el mercado eléctrico. Aún quedan cinco meses de vida a la solución, pero Moncloa quiere extenderla hasta al menos finales de 2024.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, lo ha confirmado este mismo lunes. El Gobierno quiere blindar el éxito que ha supuesto la excepción ibérica, que ha logrado la reducción del precio de la electricidad desde su entrada en vigor. Entre tanto, en las entrañas de Bruselas, se debate una nueva reforma para el mercado energético que pretende reducir la vinculación entre el precio de la luz y los altibajos del gas natural.

Desde el pasado 15 de junio, España y Portugal aplican el mecanismo de la excepción ibérica, un salvoconducto que limita el precio del gas para la generación de electricidad cuyo fin pasa por abaratar el precio de la luz. Tras seis meses de vigencia, la medida ha logrado topar el precio del gas a 40 euros/Mwh. Ahora, se incrementará en cinco euros/Mwh al mes hasta el próximo 31 de mayo, fecha en la que en un principio caduca la solución.

En declaraciones ofrecidas a Antena 3, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha subrayado que España quiere acogerse a este mecanismo hasta que en Europa se resuelva la reforma que regulará el mercado eléctrico en el Viejo Continente. Sin embargo, este proceso amenaza con ser largo y tedioso, por lo que el Ejecutivo quiere estirar el chicle de una medida que cosechó una buena acogida desde su implantación.

Ribera ha avanzado en Espejo Público que elevarán a la comisión las propuestas para la “modernización del sistema eléctrico”, a las que acompañará una petición para la “extensión de le excepción ibérica”, más allá de mayo de 2023. En un principio, el Gobierno espera que esta cubra la duración de esta crisis energética, pero también hasta la articulación de la nueva regulación del mercado eléctrico. “Nos gustaría que el tope al gas se quedara en el entorno más bajo posible, unos 45 o 50 euros el Mwh y que se pueda prolongar, por lo menos, hasta finales de 2024”, ha argumentado la ministra del ramo.

La vicepresidenta tercera ha explicado que los “vaivenes” en el precio de la luz tienen una alta dependencia del gas que se necesita para producir. Por tanto, cuando hay mucha generación de energía renovable, los precios caen. En cambio, en caso contrario, cuanto más gas se precisa para producir electricidad, los valores suben.

Esta volatilidad del mercado refuerza las tesis del Gobierno, que defienden a capa y espada la necesidad de modificar el sistema eléctrico europeo, de tal manera que se reduzca esa inestabilidad en los precios de la electricidad para abaratarla. La ministra remarca que gracias al mecanismo ibérico se ha conseguido ese cierto equilibrio en los mercados, amén de la aplicación de medidas fiscales de otra índole.

Por ello, Ribera confía en que estas medidas, sumadas al debate sobre la modernización del sistema eléctrico europeo, contribuirían a dotar de estabilidad los precios a lo largo de este 2023.