La vicepresidenta tercera del Gobierno y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, celebraba hace días la respuesta común de los Veintisiete, que, tras varias vueltas en dos bloques de sur y norte enfrentados, han llegado al acuerdo de un tope de 180 euros el megavatio hora (MWh) en las compras de gas en la Unión Europea. Un mecanismo que finalmente suma el apoyo de la reticente Alemania, país que demostró sus reservas durante la negociación. Ribera llegaba así al final de la carrera que ha supuesto el 2022 en materia de energía, un año que pasará a la historia por haber sido el momento en el que Vladímir Putin decidió tirar el tablero energético de Europa por los aires. “Nunca en la historia hubo tantísimas reuniones”, reivindicaba Ribera al tiempo que enseñaba con felicidad casi navideña la sudadera que la delegación checa ha regalado a los ministros, con el logo de la Presidencia y el mensaje “Convocaremos tantos consejos de Energía como resulten necesarios”. El ramo se ha reunido 12 veces en este 2022, tres veces más de lo habitual.

En cuanto al tope al precio del gas, la responsable de Transición Ecológica en nuestro país señalaba que España ha logrado ganar apoyos durante el año muy “complicado” y ha puesto en valor el papel jugado para sacar adelante la medida. No obstante, ha asegurado que nadie debe “apropiarse” de la decisión, ya que es “una respuesta” comunitaria en la que ha primado el espíritu de “unanimidad, flexibilidad y solidaridad con quien lo pasa mal”. Sin embargo, fuentes comunitarias afirman que Ribera ha tenido gran peso en la negociación y que sale con un protagonismo reforzado en Bruselas. En este sentido, la vicepresidenta tercera española ha demostrado ser capaz de plantarse y de insistir en la “tomadura de pelo” que suponía la propuesta inicial de Bruselas para limitar el precio del gas. En su momento, Ribera avisó a la Comisión Europea, “o se hace una propuesta seria, o simplemente vamos a dejar de apoyar otras propuestas de la Comisión en otros temas que le puedan resultar importantes”. Un órdago que, combinado con mano izquierda en las negociaciones, ha provocado un refuerzo de la posición española.

Ahora, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se muestra satisfecha con el acuerdo del tope de 180 euros el megavatio hora (MWh). Así lo aseguraba al tiempo que explicaba que este tipo de decisiones “permitirán a la UE prepararse mejor para el próximo invierno” y fomentar el despliegue de renovables. En este caso, España también ha conseguido posicionarse como uno de los referentes europeos, pues en nuestro país más del 40 % de la producción eléctrica es ya renovable.

Una oposición sin consistencia

"Decisiones de estas características no pueden ser tomadas dejando fuera actores muy relevantes de la economía e industria europea, sabiendo todos que para Alemania era un tema sensible (...) no debíamos tomar decisiones al margen o en contra de Alemania", expuso la vicepresidenta tercera, consciente de que Berlín había jugado a la contra durante todas las negociaciones para este tope. Finalmente, el mecanismo de corrección del mercado salía adelante por mayoría cualificada, incluyendo el apoyo germano, y solo con el voto negativo de Hungría en la votación final.

Pero no ha sido únicamente en las reticencias de Alemania, o en las abstenciones de Austria y Países bajos, donde no había consenso por la medida. En el interior de España, el Partido Popular (PP) ha puesto encima de la mesa varias propuestas que han quedado diluidas ante el músculo que ha ganado el Gobierno en materia energética.

Primero, los populares presentaron en abril el Plan de medidas urgentes y extraordinarias, por el que explotaban las dificultades para la bonificación de la gasolina y proponían respaldar las energías nucleares, una opción que en Francia ha sido señalada como causa de déficit de suministro eléctrico. En octubre, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo agitaba las aguas afirmando que “la excepción ibérica nos está saliendo muy cara a los españoles” y que no se había dado “ninguna declaración de la UE en favor de la ampliación de la excepción”. Sin embargo, ese mismo mes Von der Leyen elogiaba al mecanismo ibérico y aseguraba que debía ser considerado a nivel europeo.

A mediados de noviembre, y más cercanos a final de año, el PP lanzaba su paper llamado Propuestas para un pacto energético, en el que reivindicaba que “Europa se inclina más por la propuesta marcada por Italia” que en un principio solo hablaba de precio máximo. Finalmente, y gracias al empuje de los países del sur entre los que se encontraban tanto España como Italia, la UE ha fijado el límite en 180 euros por megavatio hora (MWh). En ese mismo documento, los populares aprovechaban para arremeter contra la excepción ibérica una vez más, lanzando la afirmación de que “no ha contenido los precios”, a pesar de que en Europa la reconocen y aseguran que trae consigo más beneficios que riesgos. La última prueba de su buen funcionamiento son los precios de la luz conocidos la semana de esta Nochebuena en Europa: de los vecinos europeos, son España y Portugal los que destacan por tener la factura más barata.