La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) comenzó a funcionar en 1971, es la más antigua de España, su tecnología es idéntica a la de Fukushima y hace años que está amortizada, por lo que su gestión sólo reportaba beneficios. En 2010 el Gobierno de Zapatero decretó  su cierre el 1 de enero de 2013, lo que le valió una durísima campaña en contra de las eléctricas y también críticas de los ecologistas que querían su cierre inmediato. El Partido Popular, siempre pro-nuclear, hizo bandera electoral de Garoña y prometió que, si ganaba las elecciones, no cerraría la central porque había miles de puestos de trabajo en juego. Nada más llegar al Gobierno, Rajoy aprobó la prórroga de la central hasta 2019, sin embargo la empresa propietaria de Garoña, Nuclenor (constituida por Endesa e Iberdrola), inició en la noche del pasado domingo el proceso de apagado de la central porque consideran que con los nuevos impuestos del Gobierno más las inversiones a las que obliga Europa tras el accidente de Fukushima, la hacen inviable.

Autobuses del PP
El Partido Popular tampoco cumplirá su promesa de mantener abierta Garoña, y esto ha provocado un enfado monumental del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP), porque él y su partido quedan en entredicho, especialmente en la provincia de Burgos.

El PP llegó a poner publicidad en los autobuses urbanos defendiendo a Garoña. Todos sus políticos acusaron a Zapatero de preferir mandar trabajadores a la calle en plena crisis a mantener abierta una central nuclear por cuestiones "ideológicas". Ahora tienen muy difícil explicar a los ciudadanos por qué cierra Garoña. No está previsto que el PP de Castilla y León vuelva a contratar autobuses para defender Garoña ni convoque movilizaciones contra el cierre de la central.

Enfrentamiento con las eléctricas
El Gobierno del PP mantiene un enfrentamiento brutal con el sector eléctrico. Agobiado por la deuda que se acumula en el déficit de tarifa -y que después de un año no sabe como atajar- y acuciado por la necesidad de reducir el déficit público que le ha llevado a subir todos los impuestos a todo el mundo, el ministerio de Industria se ha enemistado con todo el sector. Y no deja de ser sorprendente, porque los directivos de las eléctricas no son precisamente sospechosos de ser de izquierdas.

Los nuevos impuestos que gravarán la producción y distribución de todo tipo de energía no solo se reflejarán en los recibos de la luz, que ya ha subido un 7% este año y previsiblemente volverá a subir otro 7% el próximo mes de enero. En ese mes, enero de 2013, entrará en vigor un nuevo impuesto a las nucleares por el que se pagarán 2.190 euros por cada kilo de uranio quemado en el reactor. Eso costaría a los propietarios de Garoña 153 millones de euros al año, a los que habría que sumar otros 120 por las obras de reforzamiento de seguridad tras el accidente de Fukushima. Nuclenor explica que al tratarse de una central pequeña, de solo 466 megavatios, que tendría garantizado el funcionamiento sólo hasta 2019, la hacen inviable.