El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a mantener un encuentro con uno de los ministros socialistas. Después de José Luis Escrivá y Luis Planas, este miércoles ha llegado el turno de Teresa Ribera, vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La líder climática del Gobierno ha puesto en valor el Plan Nacional Integrado de Energía (PNIEC) que aprobó este martes el Consejo de Ministros. El texto renovado eleva al 81% el objetivo de generación renovable para 2030, con inversiones que alcanzarán los 294.000 millones de euros en este periodo y darán un impulso adicional al PIB del 2,5%.
Este plan fue calificado por la Comisión Europea en el momento de su presentación como “el mejor plan nacional”, ha ensalzado Ribera. “Es una guía para inversores, para el debate social, el empleo y la comisión, que había llegado diciendo que el futuro de Europa estaba ligado al nuevo pacto verde”, ha explicado la titular de Transición Ecológica. La claves, ha recitado, se centran en un uso “más inteligente” de la energía, “cuando se pueda ahorrar y ser eficiente que se haga”, y un tránsito en las energía empleadas. “Electrifiquemos todo lo que se pueda y, cuando no se pueda, sustituyamos el gas natural por hidrógeno o gases renovables como el biometano”, ha resumido.
El calor espantoso en una terraza en Madrid, si no talásemos árboles...
En el año 2018 la relación era negativa para España, que contaba con un mix de generación eléctrica compuesto por un 62% de energías no renovables y un 38% de renovables. Sin embargo, tan solo cinco años después, las tornas se han invertido y la renovable pesa más, con una relación del 49%-51%. Ahora, “el siguiente desafío es crear infraestructuras para almacenar la gran cantidad de energía generada”, ha detallado Ribera, que apoyándose en la rápida transición hacia una generación renovable, ha asegurado que el objetivo del 81% para 2030 es "realista". El compromiso es que “cuatro quintas partes de nuestro sistema eléctrico sean cero emisiones”
Contra una derecha negacionista
Para cumplir los objetivos definidos y aprobados por el Gobierno y aplaudidos desde Bruselas es necesario contar con la colaboración de las grandes ciudades. “Las ciudades son claves”, ha trasladado Ribera, asegurando que naturalizar los espacios, el aislamiento de las ciudades o la movilidad son fundamentales. De esta manera, además, se combatiría las elevadas temperaturas. “Un calor espantoso en una terraza en Madrid, si tuviéramos más verde alrededor, si no talásemos árboles en Arganzuela” podría combatirse. La ministra ha lanzado un dardo a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que ha puesto como ejemplo negativo de gestión.
El impuesto al sol, la prohibición de conectar más energía renovable al sistema eléctrico o la negativa de cierre de centrales de carbón son algunas de las principales medidas de la política energética que el Partido Popular desarrolló mientras gobernaba y a los que Ribera ha hecho alusión. “La derecha y la ultraderecha, sea por acción o inacción, niega la evidencia científica”, ha refrendado Sánchez el argumentario. Una de las mayores polémicas suscitadas estos últimos días ha sido por el mantenimiento de las nucleares propuesto por Feijóo, a pesar de que ya existía un acuerdo entre el Gobierno y las centrales para su transición.
Ribera ha hecho referencia al calendario de cierre de las plantas nucleares, que se pactó y consensuó con las empresas de generación nuclear en 2019. “Una gestión segura del desmantelamiento y de los residuos” son los pilares en lo que pivota el plan, garantizando la transición de estas empresas hacia la generación limpia, de forma progresiva y sin que estas se vean obligadas a afrontar un coste desmedido. Sin embargo, ahora el presidente del PP ha irrumpido en el debate energético con una medida que retorna un debate ya superado, el alargamiento de la vida de las centrales.
No han transcendido más detalles de la propuesta, lo que preocupa a la vicepresidenta tercera. “Cuando Feijóo se lanza a la piscina y dice, sin presentar un número, que quiere prorrogar las centrales nucleares, las primeras preguntas son: ¿Alguien le ha ayudado a hacer los números? ¿Cuántos años? ¿Qué coste tiene?”. La falta de rigor técnico y el vertido de propuestas aleatorias en materias muy relevantes está siendo la tónica del PP en la precampaña electoral y podría salir muy caro a los ciudadanos, literalmente, si estas medidas se aplicasen.
Esta es la línea que ha seguido la última pregunta de Ribera: “¿Quién va a pagar esto?”. La ministra tiene claro que sería la ciudadanía porque asegura que solo existen dos respuestas. “O el presupuesto público, que son los ciudadanos, o los consumidores de electricidad”, ha explicado. Una política que no sorprende a Ribera después de que desde las formaciones de la derecha tildasen de “chavistas, bolivarianos o intervencionista” a un Gobierno que, “efectivamente intervino el mercado” y ahora “tenemos una factura de la electricidad más baja que en 2018”.
“La energía española ha estado desacoplada del precio medio del resto de los países europeos y del precio del gas. Conseguimos que los precios de 2021 estuvieran ligeramente por debajo de 2018 y, en 2022, la tarifa regulada, gracias a la bajada del IVA, a la disminución del resto de los impuestos y de costes fijos y a la aplicación de la excepción ibérica, estuvo por debajo de 2021”, ha recordado. El refuerzo del bono social, la creación del bono térmico o el aumento de las ayudas a los consumidores vulnerables y vulnerables severos son otras políticas que ha resumido en una forma de hacer política energética: “modernicemos la economía, pero pensando siempre en recortar desigualdad y protegiendo siempre a quien más lo necesita”.
