La reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales y sin merma salaria para los trabajadores llega este lunes a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), paso previo a la comisión de subsecretarios y a su posterior aprobación en el Consejo de Ministros. La previsión es que la medida llegue al encuentro de mandatarios la semana que viene, el martes 4 de febrero, según ha apuntado el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y ahí llegará el momento de debatir si la tramitación se produce de urgencia o por la vía ordinaria.
La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es partidaria de la primera opción para acortar los plazos lo máximo posible y garantizar que antes de finalizar 2025 todas las empresas aplican la nueva jornada laboral. No obstante, la medida deberá pasar antes el examen del Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo de colación no cuenta con mayoría y los últimos posicionamientos de Junts per Catalunya, tumbando junto al Partido Popular (PP) y Vox el decreto ómnibus, no generan optimismo en las filas gubernamentales.
Esa batalla llegará más tarde. Antes se verán las caras Díaz y Cuerpo que, después de los momentos de tensión protagonizados en las últimas semanas, parecen atravesar un mejor momento en su relación. Las palabras gruesas con las que la vicepresidenta segunda castigaba al titular de Economía, al que acusaba de estar boicoteando la reducción desde dentro, parecen haber quedado atrás y la tregua ha devuelto el carácter orgánico a la reunión de CDGAE, donde si bien se confrontarán los puntos, parece haber una predisposición al acuerdo.
“Es importante que esta discusión de la jornada laboral se traiga al órgano donde están presentes los ministros con competencias en materia económica”, ha celebrado Cuerpo. “Esperamos que la discusión nos permita seguir avanzando a través de un acuerdo sobre las siguientes fases por las que tiene que pasar este proyecto tan importante para el Gobierno”, ha proseguido, asegurando que ambas facciones parten de “un punto inicial común con dos objetivos claros: avanzar en la reducción de jornada y hacerlo lo antes posible”.
Las mayores discrepancias surgirán en torno a las medidas que deben, o no, asumirse con respecto a las empresas y su adaptación. Durante los once meses de negociación, Díaz puso sobre la mesa planes de acompañamiento, ayudas para microempresas, deducciones para pymes y una larga lista de ofertas que buscaban un apoyo de la patronal que nunca llegó. Así, la vicepresidenta se muestra ahora más dura y apuesta por seguir adelante con la reducción de jornada a parte de las empresas, cuyos representantes decidieron abandonar el diálogo.
Sin embargo, Cuerpo no está por la labor y la defensa de medidas de carácter empresarial que acompañen a la reducción de jornada ya ha hecho saltar chispas entre ambos ministros, con la participación estelar de Antonio Garamendi alagando al de Economía, en detrimento de la de Trabajo. “Queremos garantizar que esta conquista se lleva a cabo y para ello es necesario ayudar a las empresas y, en particular, a nuestras pymes a que nos ayuden. Acompañarlos en este proceso para que sea una garantía y un éxito”, ha trasladado Cuerpo.
Sin embargo, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no lo pone fácil y la última jugada ha sido presentar un informe ante la Dirección General de Trabajo alegando que la reducción de jornada es inconstitucional. Pese a este movimiento, el ministre de Economía evita mojarse. “Para nosotros es fundamental ser capaces de combinar la ambición de una conquista de derechos sociales para los trabajadores y un equilibrio en el propio diseño de tal forma que podamos garantizar este derecho a los trabajadores sin que esto suponga un elemento negativo para nuestras pymes”, ha trasladado.
Díaz, por el contrario, sí se ha pronunciado. “El cambio de estrategia de la patronal les ha llevado a estar desdibujados y hace que tenga un papel impropio en la sociedad, esté cuestionado en la sociedad porque la patronal no es ajena al bienestar de los españoles”, ha cargado. “Que no estén de acuerdo con reducir la jornada laboral media hora al día, sino que digan que hay que aumentarla a 41,2 horas creo que no es correcto”, ha añadido.
Además, ha tirado por tierra el argumento de la inconstitucionalidad. "Este alegato a la inconstitucionalidad de la reducción de la jornada laboral ya fue resuelto por el Alto Tribunal en una sentencia […] el Tribunal Constitucional ya resolvió esta cuestión y, además, fue claro: no solamente no dijo que era completamente constitucional, sino que señaló que era como un alegato a favor del factor de la negociación autónoma entre sindicatos y empresarios para darle, efectivamente, más fuerza", ha defendido este lunes en un desayuno.