El ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, Luis Planas, acude este lunes a Bruselas, donde se celebra el encuentro de ministros del ramo de los Veintisiete. Las últimas reuniones de estos mandatarios han estado marcadas por las duras restricciones aprobadas contra la pesca en el Mediterráneo, que se consiguieron capear con una seria de modificaciones que aliviaban el mandato. Los países más afectados, con España a la cabeza, reclaman ahora establecer un tope del 20% a la reducción de los días de pesca.

Este reclamo llega después de que, hace ya más de un mes, la Comisión Europea pretendiese meter un recorte del 79%, lo que reducía los días de faena de los 130 a los 27. El sector crítico con la medida, al que también se suma Francia o Italia, consiguió introducir unas modificaciones que evitasen la “sentencia de muerte” para el sector, buscando amortiguar el impacto de las medidas y mantener el sector del arrastre que emplea a muchos pescadores y armadores españoles.

En el encuentro de ministros con el que se inauguran la semana, las tres delegaciones mediterráneas (España, Italia y Francia) presentarán una propuesta de reforma del reglamento de Plan Multianual de gestión para el Mediterráneo Occidental con el objetivo de garantizar una mayor previsibilidad económica para el sector y garantizar su protección y viabilidad. Una vez transcurridos cinco años de la aplicación del plan de gestión, fuentes diplomáticas aseguran que el sector ha hecho un "esfuerzo enorme" para adaptarse y que hay elementos que es "necesario y urgente corregir".

El objetivo de los tres países es claro y para darle cumplimiento la propuesta incluye medidas concretas como la de poner un tope a las reducciones e incrementos de los días de pesca para que estos no superen el umbral del 20% y no tengan un impacto tan pronunciado sobre la flota arrastrera que faena en el Mediterráneo Occidental. Estas se sumarían a las modificaciones que se consiguieron establecer en la “política radical” que emano de Europa el pasado diciembre.

A más, España quiere que las medidas sobre Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas pasen de ser anuales a plurianuales y que se permita pasar un 10% de las posibilidades de pesca entre dos años consecutivos para facilitar la planificación de la actividad. En la misma línea, pretenden desvincular las cuotas que se establecen para todas las especies de la situación de la población más vulnerable y que se tenga en cuenta la naturaleza mixta de la pesquería del Mediterráneo.

En lo referido a este último aspecto, Planas pretende evitar que las especies más vulnerables condicionen la pesca del total de poblaciones que habita en una zona concreta, como ocurrió en el acuerdo pesquero de diciembre, cuando las especies demersales, cuya recuperación preocupaba a la Comisión Europea (alevines de merluza y la gamba roja), obligaron a limitar la actividad de toda la flota. Todas estas propuestas de España, Italia y Francia no se votarán, pero los líderes esperan que el resto de Estados se sumen a la petición a Bruselas para que modifique el plan plurianual del Mediterráneo Occidental.

Contra las prácticas desleales en el sector agrícola

Los ministros de los Veintisiete centrado en Agricultura, Pesca y Ganadería también abordarán la problemática de la competencia desleal en el sector agrícola, atendiendo a las propuestas de la Comisión. El Ejecutivo apunta a e un reglamento relativo a la aplicación transfronteriza contra las prácticas comerciales desleales y las modificaciones específicas del actual marco jurídico por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrícolas (OCM).

Estas dos propuestas pretenden reforzar la posición de los agricultores en la cadena de suministro agroalimentaria y reflejan algunas de las recomendaciones derivadas del diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura de la UE. La primera de ellas busca acrecentar las relaciones entre empresas de la cadena de suministro agrícola y alimentaria e incluye nuevas medidas para mejorar la cooperación entre Estados miembro. La segunda refuerza el papel de las organizaciones de productores, establece normas sobre regímenes de intervención y ayuda en el mercado y nuevas reglas de comercialización y relaciones contractuales entre agricultores y compradores.