Esta semana, Intermón Oxfam ha presentado su informe sobre los efectos de la inflación en la desigualdad económica. El informe indica que el impacto se la subida de precios es mucho mayor en los más empobrecidos. Hoy en día, la cesta de la compra de los más vulnerables es un 14% más cara que antes de la subida de precios, al tiempo que los más favorecidos han sufrido una subida del coste de su vida de un 11%. En conclusión, los pobres sufren un 30% más la crisis de precios. El informe, además, señala que la capacidad de ahorro se ha deteriorado en todas las capas de la población, pero mucho más en los deciles más pobres de la distribución de la renta, aquellos que ya, antes de la crisis de precios, no tenían capacidad de ahorro.

Sin embargo, cabe fijarse en otro dato también relevante: los deciles cuatro, cinco, seis y siete, que tenían, antes de la subida de precios, cierta capacidad de ahorro, la han perdido o han necesitado realizar ajustes adicionales para llegar a fin de mes. En otras palabras, la clase media -incluso la clase media alta- ha tenido que ajustarse el cinturón o están tirando de ahorros. Son malas noticias que tienen una relevancia muy importante en la opinión sobre la situación económica. Si se ahorra mucho o poco, o si no se llega a fin de mes, son efectivamente situaciones que se viven en diferentes grados. Pero pasar de ahorrar a no hacerlo es un paso muy determinante, teniendo además en cuenta que, salvando las bonificaciones a los combustibles, el gobierno no ha focalizado ninguna medida específica en ese sector. La encuesta desarrollada por 40Db para El País confirma esta percepción al señalar que el 48% de los hogares que llegaban con dificultad a fin de mes han tenido que afrontar recortes en sus gastos con diferentes grados de intensidad. El efecto de estos recortes de consumo en la clase media se ha hecho notar en el consumo de los hogares y es uno de los factores que ha lastrado el crecimiento de la economía en el primer trimestre de 2022. En conclusión, y sin querer descubrir el mediterráneo, la inflación no sólo afecta a los costes sino que también, lógicamente afecta a la capacidad de consumo de las familias.

Todos estos caminos apuntan a la necesidad no sólo de dirigirse a los más vulnerables, cosa que el gobierno está haciendo adecuadamente, aunque quizá sin la intensidad necesaria, sino también a la necesidad de preservar, en la medida de lo posible, el poder adquisitivo de la clase media. Para ello parece de nuevo imprescindible el llamamiento a un pacto de rentas que permita reequilibrar los costes de la crisis, permitiendo no sólo una perspectiva de mejora del poder adquisitivo de los salarios, sino también moderando el crecimiento de los márgenes e incorporando a dicho pacto a las rentas más altas percibidas desde los presupuestos públicos, incluyendo las pensiones más altas y los salarios más altos del personal al servicio de las administraciones públicas.

Son estas medidas impopulares pero ya se tomaron en el pasado. Enfocar ahora un pacto de rentas con un compromiso tripartido entre empresas, trabajadores y administración pública se están convirtiendo en un imperativo y, quizá, puede que ya estemos llegando demasiado tarde. De no alcanzarse un acuerdo, el otoño se prevé complejo en materia de conflictividad laboral y tendremos que ver, al final, qué es lo que más perjudica los beneficios de las empresas: si una moderación de márgenes para responder a las necesidades de actualización de los salarios, o una caída de productividad debida a una movilización laboral que, en última instancia, reclama una salida justa a la crisis inflacionaria.

Además, como ya se ha señalado, un crecimiento moderado de los salarios puede ayudar a reactivar el consumo en términos reales y mejorar las perspectivas de crecimiento económico a medio plazo. Si la inflación sigue deprimiendo el consumo de los hogares, la economía tendrá que crecer a través de la inversión -que notará la subida de tipos del BCE, por leve que sea- y del sector exterior, en un contexto de profunda desaceleración de algunos de nuestros principales mercados, como Alemania. En definitiva, y en conclusión, alcanzar un acuerdo de rentas no sólo será una actuación más justa, sino además también una actuación más eficaz a la hora de paliar los resultados de la crisis. Para ello, el gobierno tiene todavía muchas armas que poner en marcha, además de invitar a los agentes sociales a mesas de diálogo. Tiene instrumentos fiscales y regulatorios suficientes como para incentivar a los agentes sociales a sentarse en la mesa para alcanzar un acuerdo. Lo importante ahora es activarlas. Y no podemos esperar más.