La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha negado categóricamente que el País Vasco sea considerado como un paraíso fiscal a pesar de que el territorio queda al margen de la aplicación del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas destinadas a gravar los patrimonios netos que se sitúen por encima de los tres millones de euros durante los próximos dos años. Así lo ha aclarado la ministra ante las preguntas de los medios de comunicación en Sevilla.
“No es cierto que sea un paraíso fiscal”, ha asegurado Montero, quien también ha apuntado que "es muy importante saber que el Gobierno vasco con la fiscalidad ha sido muy responsable". Así, también ha considerado que su política tributaria "es muy pareja a la política fiscal de España, muy leal en el ejercicio de sus potestades".
La titular de Hacienda y Función Pública ha mantenido que el concierto vasco, renovado una vez más durante el 2022 por la ley que aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, "es fruto de un reconocimiento constitucional a un estatus determinado fruto del diálogo, la convivencia, que se construyó con motivo de la Transición", también ha planteado que "no hay nada nuevo sobre las competencias fiscales que ostenta".
Asimismo, Montero ha recriminado el uso de discursos fiscales cuyo único objetivo es el interés en señalar a territorios para enfrentarnos a unos con otros". La ministra ha defendido a continuación que "en los acuerdos con el Gobierno vasco ha habido una voluntad de seguir una política fiscal con respecto a España y hemos encontrado lealtad al ejercer sus competencias".
Así, ha considerado, sobre su capacidad para atraer a grandes fortunas, que "siempre ha sido una zona atractiva para la inversión, no ocurre nada nuevo", antes de expresar su deseo de que "ojalá muchos capitales invirtieran en el País Vasco, Andalucía, Cataluña, Extremadura, y en todas las partes de España", antes de apuntar que "es una información ‘fake’" el vaciamiento fiscal respecto a gravar a fortunas de tres millones de euros.
La política contra los paraísos fiscales del Ejecutivo
De hecho, el pasado mes de febrero el propio ministerio de Hacienda actualizó el llamado listado de 'paraísos fiscales' y se cumple con lo establecido en la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Con la finalidad de combatir más eficientemente el fraude fiscal, la citada Ley amplió el concepto de 'paraíso fiscal', adecuándolo al concepto internacional de jurisdicción no cooperativa, y fijó nuevos factores a tener en cuenta.
Esto implica una actualización de los criterios para la determinación de los países y territorios que tienen la consideración de jurisdicción no cooperativa, en línea con los trabajos desarrollados en el ámbito internacional, tanto en el marco de la Unión Europea como en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Con ello se mejora la eficiencia en la lucha contra el fraude, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.
La ley actualizó los criterios para considerar a un territorio como paraíso fiscal, criterios que en ningún caso se dan en el País Vasco. Así, la Ley exige que se atienda a criterios no sólo de transparencia, sino también de equidad fiscal, identificando aquellos países y territorios caracterizados por facilitar la existencia de sociedades extraterritoriales dirigidas a la atracción de beneficios sin actividad económica real o por la existencia de baja o nula tributación, o bien por su opacidad y falta de transparencia, por la inexistencia con dicho país de normativa en materia de intercambio de información tributaria, por la ausencia de un efectivo intercambio de información con España o por los resultados de las evaluaciones realizadas por el Foro Global sobre la efectividad de los intercambios de información con dichos países y territorios.
El establecimiento de listas es un instrumento adecuado para promover la transparencia y tributación justa. De hecho, en la lista, publicada hace más de 30 años, aparecían inicialmente reduciéndose a lo largo de los años. Además se ha demostrado, tanto a nivel nacional como internacional, que esta publicación constituye un incentivo para conseguir el intercambio de información fiscal con países y territorios con los que antes resultaba más complicado.
En concreto, entre los territorios fiscales perjudiciales figuran: Anguila. Bahréin, Barbados, Bermudas, Dominica, Islas Fiji, Gibraltar Guam, Guernsey, Isla de Man, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Marianas, Islas Salomón, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de Estados Unidos de América, Jersey, Palaos, Samoa, Samoa Americana, Seychelles, Trinidad y Tobago y Vanuatu.
