A la espera de conocer con exactitud las medidas del escudo social anticrisis que el Gobierno mantendrá en 2024, hay iniciativas con más probabilidad que otras para quedarse a partir del próximo lunes 1 de enero. El octavo paquete anticrisis del Gobierno se aprobará este miércoles 27 de diciembre en Consejo de Ministros, el último del año, con algunas de las medidas que han protagonizado el 2023.
En primer lugar, se prevé que se mantenga la rebaja, o suspensión, del IVA para algunos de los productos básicos de la cesta de la compra como el pan, el aceite o las frutas y verduras. La reducción de impuestos para los productos básicos de alimentación ha sido una de las medidas que el Gobierno ha prorrogado durante todo 2023, como consecuencia del impacto de la guerra de Ucrania en el encarecimiento de los alimentos y los problemas de abastecimiento, y con un mayor impacto en el bolsillo de los ciudadanos.
La prórroga de la rebaja fiscal para los productos básicos de la cesta de la compra implica que alimentos como el pan, la harina, la leche, los quesos, los huevos, las frutas y verduras, hortalizas, legumbres y cereales se mantendrán sin IVA durante, al menos, la primera mitad de 2024, si el Ejecutivo mantiene la estrategia de los últimos años, con prórrogas temporales aprobadas de seis meses en seis meses. Además de la eliminación del IVA para estos productos básicos, desde el 4% habitual, otros productos básicos como el aceite y la pasta quedarán con la carga fiscal a la mitad, en el 5% como este 2023 frente al 10% anterior.
El mantenimiento de la rebaja del IVA a los productos básicos de la cesta de la compra es una de las medidas que, salvo sorpresa, se prorrogará en el último Consejo de Ministros del año. Según las cifras oficiales, la medida estrella para el bolsillo de los consumidores ha llevado consigo un impacto de 1.573 millones de euros para las arcas públicas hasta noviembre, sin datos todavía del último mes del año.
Incógnita en transportes: la primera decisión clave de Puente
El resto de las medidas previsiblemente prorrogables a partir del 1 de enero todavía están en duda y, según fuentes conocedoras, ni siquiera a fecha 26 de diciembre, se conocen con exactitud los detalles del nuevo escudo anticrisis. En el aire quedan las rebajas fiscales en términos de energía, entre las que se encuentran las rebajas del IVA al tipo del 5% en el caso de la electricidad o el gas; o, por ejemplo, el tope al precio de la bombona de butano.
Las dudas se asientan también sobre las medidas que tienen que ver con la gratuidad del transporte público, sin conocer los detalles aún del anuncio que realizó el presidente del Gobierno hace meses. Pedro Sánchez emitió públicamente su compromiso para mantener el transporte público gratuito para menores de edad, jóvenes y desempleados. Sin embargo, a día de hoy no se conoce ni la edad máxima para los jóvenes ni la entrada en vigor de esta medida.
No obstante, al mantenimiento de la gratuidad del transporte público -a la que ya se han sumado varios gobiernos regionales con una aportación del 20% complementaria al 30% estatal- se suma la incógnita sobre el transporte fuera de las grandes ciudades. A solo unos días de terminar el año, ni el Ministerio de Transportes, ni Renfe ni las empresas de autobuses ofrecen pistas de lo que pueda ocurrir con los abonos gratuitos de transporte en líneas de Media Distancia, tampoco en Cercanías, o en rutas de autobús que conectan España de norte a sur.
También dentro del transporte por carretera se prevé la eliminación de la bonificación a los carburantes de 20 céntimos por litro, hasta ahora solo vigente para los profesionales del transporte tras la eliminación de la medida para los conductores particulares en la última actualización. A la espera de conocer el mantenimiento, o la suspensión, de la medida, dependiente ahora del nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente, medios de comunicación como El País avanzan que desparecerá este mismo domingo 31 de diciembre por el abaratamiento de los carburantes.
¿Y en energía? Europa ya no quiere excepción ibérica
Uno de los puntos clave de los grandes decretos anticrisis que ha ido aprobando el Ejecutivo cada seis meses pasa por proteger el suministro energético para los ciudadanos. Un objetivo en el que la excepción ibérica ha jugado un papel protagonista para los españoles, y los portugueses, desde su aprobación en junio de 2022, hace ya año y medio. Tanto que se ha convertido en uno de los hitos por los que Teresa Ribera, como vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, se ha convertido en referente en Bruselas.
Sin embargo, la excepción ibérica no parece gustar en Bruselas como para aprobarse para toda la Unión Europea de forma definitiva. La última decisión de la Comisión Europea, conocida hace apenas unos días, deja entrever que el mecanismo ibérico ya no es necesario para el continente tras la reducción del precio del gas y la electricidad de forma natural en los propios mercados energéticos. Desde el Ministerio de Transición Ecológica prevén así que la medida terminará este domingo 31 de diciembre, fecha en la que acaba la última prórroga pactada con Bruselas el pasado verano.
¿Por qué se retiran algunas de las medidas?
2024 será el año en el que vuelvan las normas fiscales europeas tal y como las conocíamos antes de la pandemia de coronavirus. Los 27 Estados miembros tienen que adaptarse de nuevo al cumplimiento de ciertas reglas con Bruselas en cuanto a deuda y déficit y, aunque la gestión de Calviño como máxima voz autorizada ha permitido a la economía española mantenerse en niveles óptimos, Europa pide frenar el gasto público. El coste fiscal del paquete anticrisis ascendió casi hasta los 22.000 millones de euros en 2022. Un coste que rebajó ligeramente en 2023 hasta alrededor de los 15.000 millones de euros. La tendencia parece indicar que el paquete anticrisis para 2024 suponga un coste fiscal menor, lo que implicaría necesariamente la reducción o el final de algunas de las medidas incluidas en el decreto anticrisis del nuevo Gobierno de coalición.
