La conclusión de 2023 podría ser el fin de múltiples ayudas públicas que el Gobierno aprobó en sus paquetes de crisis para de respuesta a la crisis inflacionaria. La reducción del IVA de los alimentos o las tarifas energéticas excepcionales penden de un hilo; sin embargo, parece que la apuesta del Ejecutivo por el transporte público se va a mantener intacta. En septiembre de 2022, dio comienzo la reducción del 50% en los abonos de transporte público, financiado en un 30% por el Estado y un 20% obligatorio para las autonomías, y ha continuado ampliándose su vigencia según se acercaba el plazo de vencimiento de la medida.

La próxima fecha de finalización es el 31 de diciembre de este año y, a la espera de reunir los apoyos para una investidura que reedite el Gobierno de coalición, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya ha confirmado que la pretensión es mantener los descuentos e, incluso, llegar a establecerlos definitivamente. “Nuestra intención es mantener en 2024 la reducción del precio de los abonos de transporte y de convertir más adelante esta medida en estructural para determinados colectivos”, ha trasladado Raquel Sánchez.

Continuando con la línea de fomento del transporte público, tanto en su vertiente económica, abaratando el precio para las clases trabajadoras, como en la sostenible, reduciendo el uso de vehículos individuales y contaminantes, estos descuentos parecen ser unos de los pocos elegidos para sobrevivir al cierre del año. “El transporte público es una prioridad y ha sido la gran apuesta del Gobierno para proteger a la ciudadanía de las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania y, al mismo tiempo, combatir la inflación y reducir nuestra dependencia energética y el consumo de combustibles fósiles”, ha enfatizado la ministra.

La líder de la cartera de Transportes ha puesto en valor la necesidad de fomentar el transporte público como eje vertebrador del país, “también para aquellas zonas, dispersas geográficamente y afectadas por la despoblación, cuya dependencia del vehículo privado es hoy casi absoluta”, ha añadido. En la misma línea, ha señalado la necesidad de dotar estas zonas de servicios básicos y todo tipo de comodidades que en muchas ocasiones, ante su falta, empujan a la población a un desplazamiento obligado hacia núcleos mayores.

“Tenemos que ser capaces de movernos mejor o de crear las condiciones para que la movilidad sea innecesaria. Para ello estamos impulsando la conexión a Internet de todo el territorio y estamos decididos a aprobar una cartera de servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos del lugar de residencia”, ha señalado la ministra durante el encuentro, en el que se ha puesto el foco en las ciudades y en la necesaria transformación que han de acometer para mejorar la calidad de vida de sus habitantes ante desafíos tan inmensos como el calentamiento global.

Vivienda digna en una ciudad sostenible

En otro orden de cosas, Sánchez ha defendido también la necesidad de caminar hacia ciudades sostenibles porque “no habrá un planeta sostenible sin ciudades sostenibles”. Aumento del reciclaje de residuos, optimización del consumo de agua, eficiencia energética o digitalización son algunos de los aspectos claves destacados por la ministra del ramo. Este avance hacia la descarbonización tiene como objetivo que, en 2050, “las ciudades españolas sean neutras en carbono, se hayan liberado de la contaminación, practiquen una economía circular en el uso de los recursos y multipliquen su resiliencia a los impactos del cambio climático”.

En este avance hacia la sostenibilidad, “el acceso a una vivienda digna es un pilar fundamental de esta ecuación”, motivo por el cual el Gobierno pretende “devolver a la vivienda la función social que nunca debió perder y configurarla como un servicio público de interés general”. Más allá de la enumeración habitual de lo ya aprobado, Sánchez también ha establecido dos nuevas metas a futuro: que la vivienda pública en alquiler social represente el 20% del parque total de vivienda y acelerar la rehabilitación con criterios de eficiencia energética hasta alcanzar las 500.000 viviendas.