En Bruselas recibieron la noticia oficialmente horas después de que Moncloa lo dijera a través de una nota de prensa. Los distintos portavoces de la Comisión esquivaron las respuestas en un primer momento, pero después fueron más claros. Las autoridades europeas creen que este nuevo ajuste va en el buen camino de “cumplir con el objetivo de déficit del 5,3% para 2012”. La cita entrecomillada es textual. Quiere decir esto que en la sede de las instituciones europeas no han sumado directamente los 10.000 millones a lo ya anunciado anteriormente.

 

Atrevimiento inicial
El Gobierno anunció en un primer momento que el objetivo de llegar al 4,4% de déficit público en 2012 no era asumible y dijo que en el ejercicio legítimo de su autonomía fiscal –“es una decisión soberana de España”- fijaba el nuevo objetivo para este año en el 5,8% del PIB. La Comisión Europea no era partidaria de dejar impune el atrevimiento y le dijo a Rajoy que la meta sería el 5,3%. La diferencia suponía que España tendría que recortar 5.000 millones más a los ya previstos inicialmente, pero el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dijo que eso corría por cuenta del Gobierno central.

 

 

¿Vuelta al inicio?
Efectivamente, en los presupuestos generales del Estado para 2012 los ajustes de la Administración Central del Estado han asumido ese nuevo reto. Las comunidades autónomas continuaban teniendo como meta bajar del 2,94% al 1,6% del PIB. Exactamente 14.916 millones de euros, según las cuentas del Ministerio de Hacienda. Ahora el Gobierno anuncia otros 10.000 millones que todos (menos Bruselas, por lo que parece) dan por hecho que serán adicionales. Si eso fuera así y todos cumplieran con los compromisos ya adquiridos anteriormente, el déficit público español quedaría a final de 2012 en el 4,4% (0,9 puntos por debajo de lo incluido en los presupuestos generales del Estado), que es el objetivo que Rajoy dijo que se negaba a cumplir porque España no lo podía asumir.

 

 

Aclarar el laberinto
Ante el tamaño de la confusión de cifras, la Comisión Europea, que ya había dado el visto bueno inicial a los presupuestos generales del Estado, ha dado al Gobierno de Rajoy lo que queda de esta semana y la que viene, hasta el fin de semana del 21 de abril, para que se aclare y, sobre todo, para que explique de modo concreto y con números las cuentas de cada una de las comunidades autónomas y de todas en su conjunto. El objetivo no es otro que saber cuál es realmente el objetivo de déficit público para 2012 que se ha marcado el Ejecutivo, porque a la vista de los anuncios y la siembra de dudas no está nada claro.

 

 

Ingresos y gastos
Con las cifras que tiene Hacienda para hacer sus cuentas, la diferencia entre ingresos y gastos de las comunidades autónomas en 2011 fue de 31.541 millones de euros (el 2,94% del PIB). De esa cifra, y aunque no está liquidado el presupuesto, las comunidades creen que aproximadamente la mitad corresponde a menos ingresos procedentes de la participación en los impuestos estatales (IRPF e IVA fundamentalmente), debido a la menor recaudación por la crisis, mientras que la mitad restante viene de un exceso de gastos.

 

 

El doble de lo previsto
El incremento esperado para 2012 de impuestos por las medidas fiscales incluidas en los presupuestos del Estado y en el decreto-ley de subida del IRPF de diciembre pasado no supondrán, en conjunto, ni la mitad de lo que dejaron de recibir las autonomías en 2011 por la caída de la recaudación. Eso quiere decir, en cifras concretas, que los gobiernos de las comunidades autónomas tienen que reducir en no menos de 10.000 millones sus gastos este año para cumplir el objetivo del 1,6% del PIB impuesto previamente.

 

 

Misión imposible
Si a esa cifra se le suman 10.000 millones más (los anunciados ahora en Sanidad y Educación), el tijeretazo autonómico debería ser de 20.000 millones en un año, que es el equivalente a algo más de la mitad de lo que cuesta la educación en toda España o el 35% del gasto en sanidad del conjunto de las comunidades autónomas. Y supone casi el doble de lo que pagan en intereses por su deuda pública (un 8% del presupuesto total). El ajuste es muy complicado y por ello Bruselas no cambia las cifras hasta ver las cuentas con detalle.