El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado a declarar como imputados por un delito de desobediencia hasta a un total de cinco miembros de El Confidencial y el Moncloa.com, tras haber publicado nuevas informaciones sobre el presunto espionaje de Iberdrola a Florentino Pérez y al grupo ACS. Ambos medios, como avanzó ElPlural.com en exclusiva, recibieron un requerimiento judicial de manos de agentes policiales en el que el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, les pedía todo el material que tuvieran en su poder sobre este caso y les prohibía “publicar, en lo sucesivo, ese material”.
Tal y como avanzó ElPlural.com este martes, el juez García Castellón citó primero a declarar al CEO de Moncloa.com, Alejandro Suárez, en calidad de imputado por un presunto delito de extorsión. La investigación del caso sospecha que el medio habría utilizado, presuntamente, sus grabaciones e informaciones para presionar a los empresarios espiados por Villarejo a cambio de contratos publicitarios.
Tras su declaración, como avanzó este medio, agentes policiales se presentaron en las redacciones de El Confidencial y Moncloa.com con un requerimiento judicial para el director del medio para que “hiciera entrega de todo el material obtenido, "tanto el ya publicado a partir del 8 de octubre de 2019, como el que aún no se haya publicado y que ya obre en su poder, relacionado con las contrataciones efectuadas por Iberdrola a Grupo Cenyt, con prohibición de publicar en lo sucesivo ese material, todo ello sin perjuicio del derecho constitucional que asiste a ese medio de comunicación en orden a la protección de las fuentes en que haya dado motivo a la publicación de esas noticias, todo ello bajo apercibimiento de desobediencia a la autoridad judicial".
Después de ese requerimiento, ambos medios publicaron una nueva información con una grabación del comisario Villarejo a Antonio Asenjo, ex jefe de seguridad de Iberdrola y mano derecha del presidente, Ignacio Sánchez Galán. En dicha grabación, Asenjo llegaba a decir que le salía “más barato matarle”, en relación a Florentino Pérez, y llegaba a pedir que se realizase un montaje para decir que al empresario “se le ha visto con un niño”.
Este jueves, la publicación conjunta de El Confidencial y Moncloa.com se ha detenido. Mientras que el primero ha publicado una nueva grabación y noticia, con otra conversación entre Asenjo y Villarejo que parece apuntar al presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, en Moncloa.com abren a cinco columnas con una crónica política sobre la sentencia de los ERE y el silencio de Pedro Sánchez.
Esta mañana están citados a declarar en la Audiencia Nacional cinco miembros de ambas redacciones. De El Confidencial, tal y como ha informado el propio medio, han sido imputados por desobediencia el director, Nacho Cardero, y el subdirector y responsable de Nacional, Alberto Pérez Giménez.
Desde este medio, han remitido al juez un escrito este miércoles donde ofrecían su colaboración en la investigación y reprochaba que el oficio no tenía un relato fáctico y jurídico que lo justificara.
"Como quiera que ningún argumento se ha esgrimido para, 'quasi manu militari', requerir a mi representado bajo apercibimiento de delito de desobediencia, impidiéndole el ejercicio de su profesión y cercenando la libertad de prensa, es por lo que impetramos se nos ofrezca la justificación de una actuación tan inusual como excepcional en un Estado de derecho. Mi representado está firmemente comprometido con la compleja labor judicial y se muestra fiel colaborador de la misma, poniéndose a disposición del juzgado para cuanto fuere menester, si bien todo requerimiento debe tener un fundamento legal que lo ampare, sin que en este caso se haya esgrimido ni establecido ninguno, lo que lo convierte en arbitrario", señalaban en su escrito los abogados de El Confidencial.
Este miércoles, el periodista de investigación de El Confidencial, José María Olmo, intervenía en Al Rojo Vivo para dar cuenta de las últimas informaciones del medio y para explicar la situación judicial del medio. “La opinión pública tiene el derecho de saber que estas conversaciones se producen. Tenemos el derecho a informar y a contar cosas que consideremos veraces y relevantes además del deber de contárselo a los ciudadanos. Perjudique a quien perjudique y beneficie a quien beneficie”. Y avisó de que “vamos a seguir con nuestro trabajo y nuestra obligación”
