En Vox ya no ocultan que su horizonte político va más allá de la próxima cita electoral. En la dirección nacional del partido se habla abiertamente de una estrategia a medio plazo que tiene fecha marcada en el calendario: 2031. El objetivo, según han reconocido dirigentes de la formación a El Mundo, pasa por alcanzar entre el 30% y el 35% del voto, un porcentaje que consideran suficiente para gobernar y, sobre todo, para quitar al Partido Popular el liderato de la derecha.
La fórmula elegida para ese salto cuantitativo y cualitativo es clara: “lepenizar” el proyecto de Santiago Abascal. Así lo han admitido al mencionado periódico, reconociendo que, si esa evolución sirve para ganar elecciones, es un camino asumible. “Si es para llegar al 35% y gobernar, bienvenida sea la lepenización”, resumían desde la formación. La referencia es el modelo de Marine Le Pen en Francia: una extrema derecha que ha ensanchado su base electoral apelando a sectores populares desencantados y situándose como fuerza de impugnación del sistema.
En esa línea, Vox ha intensificado su discurso antipolítico. En los últimos meses se ha visto a Abascal hablar con frecuencia de “los políticos” en tono despectivo, tratando de marcar distancias con el bipartidismo tradicional. Algo un tanto incoherente, ya que conocida es su trayectoria desde las juventudes del PP hasta distintos cargos públicos, por lo que él mismo ha sido y sigue formando parte del propio engranaje institucional que ahora cuestiona retóricamente.
La inmigración sigue siendo un pilar fundamental de su argumentario, un asunto al que siguen culpando de buena parte de los problemas sociales. Vivienda, empleo, inseguridad o pérdida de identidad nacional aparecen vinculados en el discurso de Vox a la llegada de extranjeros, especialmente africanos y musulmanes. El partido ha asumido incluso postulados como el del “reemplazo demográfico”, defendido públicamente por la diputada Rocío de Meer, quien ha alertado de un supuesto “momento de no retorno” para la sociedad española. Se trata de una tesis que ni siquiera otras formaciones de la derecha radical europea comparten en esos términos, pero que Vox ha incorporado sin matices.
El planteamiento incluye propuestas como la “remigración” de inmigrantes en situación irregular y la deportación de extranjeros con permiso de residencia que cometan delitos. Algunas de estas ideas han encontrado eco en el debate político nacional, hasta el punto de que el PP ha endurecido también su discurso en este ámbito, moviéndose en un terreno marcado por Vox. Los de Abascal ganan terreno, prueba de ello han sido las elecciones de Extremadura y Aragón.
A la vez, la formación ha ensayado un giro hacia un tono más social, tratando de penetrar en las clases trabajadoras urbanas y en sectores golpeados por la crisis de la vivienda. El mensaje es que sólo una ruptura con el “tablero” partidista actual permitirá revertir la pérdida de poder adquisitivo y el acceso a la propiedad. En ese contexto se entiende también su ambivalencia ante los gobiernos autonómicos con el PP: participar les otorga poder institucional, pero mantenerse fuera refuerza su relato de oposición frontal al sistema.
El contraste con sus orígenes resulta evidente. En 2015, el programa electoral de Vox hablaba de controlar la inmigración “según necesidades laborales y capacidad de integración”, sin referencias a deportaciones masivas ni a teorías de reemplazo. Incluso mostraba preocupación por la situación de menores migrantes en Ceuta y Melilla, reclamando mayor protección. Una década después, el discurso ha virado hacia postulados mucho más duros.
La “operación 2031” no es, por tanto, solo una proyección demoscópica. Es una redefinición estratégica que busca ampliar su base electoral, erosionar al PP y consolidar a Vox como principal fuerza del espacio conservador en España.
