La semana pasada, el nuevo presidente del Partido Popular, Nuñez-Feijoo, se encontró con Sánchez, en su primer encuentro oficial como líder de la oposición. Las expectativas del encuentro eran altas, pues la situación política y económica que vive el país aconseja un mayor entendimiento entre los dos principales partidos de la política Española, que gobiernan, solos o en coalición, no sólo en el Gobierno Central, sino también en 16 de las 17 Comunidades Autónomas, y que forman parte ambos de las dos principales familias políticas que se sientan tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo de la Unión Europea y, adicionalmente, en el Colegio de Comisarios de la Comisión Europea.

Todo indicaría que entre estos dos partidos se podrían encontrar puntos de encuentro sobre cómo abordar la crisis económica, pues gobiernos de ambos colores lo han hecho en el marco del Consejo de la Unión Europea y políticos con estas orientaciones han dirigido, sin grandes discordancias, la respuesta europea ofrecida desde la Comisión Europea. En definitiva, pese a las diferentes aproximaciones políticas, ambas tradiciones tienen -o tendrían- una visión similar del diagnóstico y la respuesta ante la crisis económica generada por la guerra de Ucrania.

Lamentablemente no ha sido así. El líder de la oposición llegó a Moncloa pidiendo bajada de impuestos, como respuesta a la pérdida de poder adquisitivo de los españoles y españolas, incluyendo la reducción de las retenciones al IRPF y la bajada de los impuestos indirectos, algo a lo que, en principio, Moncloa se ha negado. Las razones para la propuesta de Feijoo: si el Gobierno está recaudando más por motivo del incremento de los precios, y las familias están viendo su capacidad de compra atenazada por la inflación, una bajada de impuestos permitiría mejorar la renta disponible de las familias, aligerando de esta manera la sobrecarga que representa el aumento de precios. Las razones de Moncloa son también conocidas: bajar impuestos no beneficiaría a las rentas más bajas, las cuales ya apenas pagan IRPF, y sí sería una medida regresiva que podría incrementar la desigualdad ya de por sí elevada de nuestra sociedad.

Adicionalmente, España mantiene un déficit público estructural alto y está en medio de un proceso de consolidación fiscal, de manera que cualquier reducción de impuestos debería venir acompañada por una reducción, al menos, equivalente, del gasto público. Hasta el momento, Nuñez Feijoo no ha sido capaz de plantear de dónde se producirían los recortes necesarios para que esa bajada de impuestos no infligiera un nuevo castigo en nuestras cuentas públicas. Todo este debate se produce en un país que, en promedio, sigue recaudando alrededor de cinco puntos porcentuales menos que el promedio de la Unión Europea, de manera que la posición fiscal de España sigue siendo frágil en el medio y largo plazo.

España necesita un acuerdo político sobre el nivel de ingresos fiscales y de gasto público que prefiere, y debería evitar el recurso permanente a bajar impuestos como única medida económica. La gran mayoría de la población, de acuerdo con el CIS, considera que los impuestos deberían mantenerse en los niveles actuales, frente a los que prefieren perder servicios públicos a costa de bajarlos. Esta situación se mantiene estable en el tiempo, aunque no hay una plena consciencia de los beneficios asociados a nuestro sistema fiscal: el 60% de la población piensa que recibe pocos servicios y prestaciones por los impuestos que paga, pero la evidencia acumulada en diferentes estudios muestra que es justo al revés.

De acuerdo con un estudio publicado por la Comisión Europea en 2018, la relación entre prestaciones y servicios, por un lado, y los impuestos por otro, muestra un balance favorable para el 90% de la población, y sólo el 10% más rico pagaría más que los servicios y prestaciones que recibe del Estado. Este dato es corroborado por un estudio publicado por FUNCAS en 2019, que señalaba que la relación entre impuestos y prestaciones públicas mejoraba la situación relativa del 70% de la población, mientras que el 30% más rico salía perdiendo.

En FEDEA se han desarrollados estudios similares, señalando que el sistema fiscal español es netamente beneficioso para el 60% de la población. Estos estudios sólo tienen en cuenta los servicios y prestaciones públicas en términos de “pérdidas y ganancias” individuales, pero habría que añadir, además, los beneficios de vivir en sociedades seguras, donde la justicia funciona razonablemente porque tiene los medios para proteger la vida, la propiedad y las libertades de todos y todas; los beneficios de la educación pública, que se trasladan a toda la sociedad, o las infraestructuras que permiten el adecuado desarrollo de la economía, aspectos todos ellos que benefician al conjunto de la sociedad y, por lo tanto, a cada uno de nosotros y de nosotras.

En otras palabras, si tenemos en cuenta todos estos efectos, la gran clase media y trabajadora de nuestro país sale beneficiada del sistema de ingresos y gastos públicos, pero si además sumamos los aspectos no estrictamente contables, nuestro sistema de bienestar, basado en la solidaridad, la reciprocidad y en la provisión de bienes públicos, es beneficiosa para la mayoría de la población. Lógicamente existen muchos ámbitos de mejora en la eficiencia y eficacia del gasto público, para lo que los niveles de exigencia deberían ser mayores: podríamos conseguir mucho más bienestar con los ingresos que tenemos, y esto implicaría una mayor calidad en nuestro gasto público, reto en el que el Plan de Recuperación debe incidir de manera decidida.

Lamentablemente esta realidad llega con poca nitidez a la ciudadanía, que ve como se reproducen hasta la saciedad mensajes que terminan calando en la opinión pública. Los casos de derroche -que los hay- se convierten en categorías, mientras que los múltiples beneficios de los servicios públicos son soslayados o dejados en segundo plano. Nunca fue noticia que un perro mordiera a un niño, así que tenemos los medios de comunicación llenos de niños que han mordido a perros, sean o no ciertos.

Es una verdadera lástima que en el libro blanco sobre la reforma del sistema tributario no haya ni una sola línea sobre educación fiscal, sobre la necesidad de conocer el cómo, el cuando y el por qué de los ingresos públicos, aunque sea para que el debate sobre el nivel y calidad de nuestros ingresos y gastos públicos sea realmente informado y no la acumulación de slogans, medias verdades y falsedades a la que lamentablemente nos estamos acostumbrando