Tras el acuerdo con la patronal del transporte, y los objetivos logrados en el marco del Consejo Europeo, el gobierno presentará esta semana su plan de respuesta a las consecuencias de la guerra. Tras unos día en los que parecía que el país se le iba de las manos, el gobierno plantea una serie de medidas para parar el golpe y reorientar la economía. Se trata de un plan sobrevenido, que no estaba en la agenda de nadie hace apenas poco más de un mes, y que ha tenido que ser construido en un contexto de alta incertidumbre sobre los impacto a corto y medio plazo de la invasión rusa de Ucrania.

Haríamos mal en pensar que este escenario es un escenario transitorio que acabará con el fin de las operaciones militares. La quiebra de las relaciones económicas internacionales durará un tiempo indefinido y es posible que algunas de las condiciones estructurales que dábamos por supuestas -como la vigencia de las cadenas de suministro en un contexto de altas facilidades para el comercio internacional- hayan cambiado sus características en el nuevo contexto geopolítico. ¿Qué podemos esperar, por lo tanto, no sólo del mercado energético, sino también del turístico, el de los bienes de equipo, el de las materias primas o el de los microchips? Del análisis que desarrollemos en este ámbito dependerá la conveniencia o no de actualizar algunos elementos clave de nuestra estrategia económica en el medio y largo plazo.

España tiene aprobados varios documentos de referencia en este ámbito. El más conocido es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, aprobado en Abril de 2021 y visado por la Comisión Europea y el Consejo Europeo el pasado verano. El plan parte de un presupuesto básico: la necesidad, de acuerdo con el paquete Next Generation EU, de profundizar en la estrategia del Green Deal Europeo como marco de salida de la crisis provocada por el coronavirus, en un contexto de baja inflación, alta liquidez y un ritmo adecuado de sustitución de las fuentes de energía contaminantes por fuentes limpias, en un contexto de suministros regulares de materias primas necesarias para la transición. Lo cierto es que la guerra ha cambiado este escenario al abrir un marco nuevo en el que la inflación va a seguir alta durante algún tiempo, lastrando las expectativas de crecimiento económico, la liquidez comenzará a escasear en algún momento y la paulatina sustitución de fuentes de energía emisoras de gases de efecto invernadero se ha visto reemplazada por la necesidad de asegurar el suministro de gas natural en un contexto de altos precios energéticos, donde además el acceso a algunos de los elementos clave para la transición energética se puede ver comprometida por la quiebra de las cadenas globales de suministro.

“Cuando los hechos cambian, cambio mi opinión”. Así hablaba John Maynard Keynes en una cita quizá apócrifa. Lo cierto es que el Plan NextGen no tiene un marco de revisión lo suficientemente desarrollado, sino que una vez aprobado, lo esperado es que siguiera su curso. Pero tarde o temprano, y no sólo en España, tendremos que pensar en una posible reprogramación del mismo. El anuncio de España pedir los 70.000 millones pendientes en forma de préstamos es una buena oportunidad para integrar en el mismo no solo las orientaciones emanadas de la comunicación de la Comisión sobre autonomía energética de la Unión Europea -a través, por ejemplo, de la interconexión gasística con Francia-, sino también para reflexionar sobre el nuevo marco macroeconómico a medio plazo, sus efectos, y sus condicionantes.

No quiere decir esto que el ingente ejercicio desarrollado el año pasado carezca de valor. Por primera vez en mucho tiempo, España tiene una hoja de ruta a medio y largo plazo con la que avanzar en las transformaciones básicas y en las reformas necesarias. Pero aferrarse a ella sin validar si el escenario actual afecta a las líneas de objetivos y actuaciones previstas es una práctica de riesgo. Si alguna de las inversiones no logra sus objetivos porque no hemos tenido en cuenta el nuevo escenario, habremos cometido un error y habremos perdido una oportunidad de oro.

Evidentemente, es muy difícil manejar al mismo tiempo dos agendas: la de las reformas estructurales y las inversiones a largo plazo, y el choque de oferta que supone la guerra de Ucrania. Tenemos que ser conscientes de esto. Pero si la situación se complica, y existen altas probabilidades de que así sea, corremos el riesgo de que ambos ejercicios, el de corto y largo plazo, pierdan su conexión. Tendríamos que tener, con el beneplácito y la coordinación de la Comisión Europea, la oportunidad de examinar si el importantísimo ejercicio de programación que se desarrolló en 2021 sigue siendo plenamente vigente o si, por el contrario, es necesario realizar algún ajuste para maximizar su impacto en el nuevo contexto macroeconómico y social.