La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha iniciado una inspección para detectar rentas no declaradas derivadas del alquiler turístico de viviendas en los últimos cuatro años, un hecho que está sorprendiendo a muchos propietarios de apartamentos vacacionales en plena temporada turística y ola vacacional. La lupa de Hacienda está derivando en una estrategia clara: cruzar datos entre las plataformas de alquiler como Airbnb o Booking, los registros municipales y autonómicos, y las declaraciones fiscales presentadas por los propietarios. Todo para averiguar quién ha cobrado por arrendar sus propiedades sin rendir cuentas al fisco.
Y es que la AEAT tiene acceso a la información correspondiente a los ejercicios de 2021, 2022, 2023 y 2024, siendo los últimos cuatro años los únicos que pueden revisarse legalmente, para así poder reclamar a los contribuyentes las cuantías que no han sido mostradas. Para ello, está enviando requerimientos a ayuntamientos y gobiernos autonómicos, solicitando censos y expedientes de viviendas con uso turístico.
Uno de los primeros en responder ha sido el Ayuntamiento de Valencia, que el pasado 16 de junio resolvió colaborar con la Delegación Especial de la Agencia Tributaria. Y es que el departamento de Inspección Regional trasladó el mensaje por instancia a través del registro de entrada el 30 de abril, con el deseo de acceder a todos los datos relativos a los expedientes de cambio de uso y órdenes de cese de actividad de alquiler turístico, todo ello firmado por el cuarto teniente de alcalde y concejal con competencia en Urbanismo, Juan Giner.
El consistorio que dirige la popular María José Catalá no solamente ha accedido a proporcionar los datos, sino que ha negociado personalmente con la AEAT un convenio para trasladar la información sobre estas viviendas turísticas no registradas detectadas por los servicios municipales de inspección.
En solo un año y medio, el Ayuntamiento valenciano ha forzado el cese de actividad de un millar de viviendas irregulares. Ahora, con los datos en manos de Hacienda, el siguiente paso será determinar si hubo ingresos no declarados por parte de sus propietarios.
Otras ciudades se suman
Aunque Valencia ha tenido una elevada demanda turística en viviendas y alquileres que Hacienda ha inspeccionado, no ha sido un caso aislado en España. En ciudades como Alicante, donde el turismo también es un motor clave, el área de Urbanismo ha comenzado a coordinarse con los responsables de Hacienda.
"Se manifestó la intención de colaborar en este asunto, que se materializará en cuanto envíen formalmente el requerimiento para que les traslademos los datos", indican fuentes del gobierno local.
Esta acción se suma a los más de 836.000 avisos que Hacienda ya envió durante la última campaña de la renta, concluida el pasado 30 de junio, recordando a los contribuyentes la obligación de declarar los ingresos derivados del alquiler de viviendas.
La lupa digital: rastreo con datos de Airbnb, Booking y censos autonómicos
Hacienda ya cuenta con datos proporcionados por plataformas europeas como Airbnb y Booking, gracias a la Directiva DAC 7 de la Unión Europea, que obliga a estos portales a informar a las autoridades fiscales del Estado sobre la comercialización de inmuebles realizada por sus usuarios.
Sin embargo, no todos los alquileres turísticos se gestionan desde estas grandes plataformas, lo que dificulta el rastreo electrónico de los beneficios monetarios. Muchas viviendas se ofrecen en páginas locales, inmobiliarias, contactos personales o incluso por redes sociales, sobre todo en zonas costeras. En estos casos, su identificación digital es casi inexistente, lo que complica la labor de los inspectores.
Aun así, Hacienda ha decidido intensificar su vigilancia, dando un aviso previo de ello. En su Plan Anual de Control Tributario y Aduanero para 2025, publicado en febrero por la Dirección General de la AEAT, se establece que se pondrá el foco especialmente en este tipo de arrendamientos: "Se incidirá especialmente en los distintos operadores en el mercado del arrendamiento turístico a través de plataformas. La proliferación de inmuebles ofrecidos en alquiler exige intensificar la identificación de los posibles titulares de las rentas no declaradas, tanto de propietarios (personas físicas o jurídicas, residentes o no) como intermediarios en la gestión arrendataria", explican detalladamente las directrices.
Por todo ello, la misma resolución considera imprescindible "explotar la información proporcionada por las Comunidades Autónomas en relación con su censo de viviendas turísticas", así como los datos que se obtienen a través del intercambio internacional de información mediante la directiva DAC 7, que regula las plataformas de alquiler por internet.
