AirBnb, Booking o Vrbo. Estas son algunas de las plataformas que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 investigará por incurrir en "prácticas desleales". En concreto, la cartera denuncia que estas empresas ofrecen más pisos de alquiler turístico de los que, en realidad, tienen licencia en distintas ciudades de España. Así, los números no coincidirían entre la información oficial de las instituciones autonómicas y municipales y la que ofrecen desde estas compañías.
La Dirección General de Consumo ha enviado los requerimientos necesarios para llevar a cabo la investigación. Con ella, Consumo pretende que las plataformas le envíen la información relativa de estos pisos turísticos que son anunciados por estas empresas. Eso sí, la investigación aún se encuentra en su fase inicial. El requerimiento se habría enviado a las "principales plataformas", aunque aún no se ha revelado cuántas ni cuáles son las investigadas.
Según ha comentado la cartera a distintos medios, el objetivo sería responsabilizar a los grandes arrendadores de los pisos por su actividad. La denuncia se ha hecho en base al artículo 47 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios. Según este texto, en algunos casos graves las sanciones podrían llegar hasta los 100.000 euros de multa.
Menos plazas en hoteles y falta de acceso a la vivienda: qué implica el auge de estos alquileres
España contaba el pasado febrero con más de 350.000 alojamientos de alquiler, según datos proporcionados por el INE. Tal y como han señalado medios como El País, los pisos de alquiler turístico sin licencia generarían una falta de control de las autoridades sobre los apartamentos, ya que no cuentan con la suficiente vigilancia e inspección. Además, estos apartamentos habrían superado ya en número de plazas a los alojamientos hoteleros, que sí están reglados correctamente.
Pero también genera problemas hacia el propio mercado de la vivienda: muchas familias afrontan múltiples dificultades para acceder a una. En diciembre de 2023, el Gobierno anunció que iba a abrir un "grupo interministerial" para analizar posibles medidas sobre estos alquileres turísticos. El Gobierno de España sigue así la tendencia de otros países, como Francia, que ya están buscando soluciones a estas prácticas y sus impactos.
El Ministerio de Consumo, sin embargo, no ha participado en varias de las medidas que están realizando para combatir los impactos de los alquileres turísticos. Por ejemplo, la ministra Isabel Rodríguez anunció que adelantaría a 2025 el nuevo reglamento europeo, que busca crear una plataforma estatal que recoja los datos y normativas que afectan a los alquileres turísticos. En esa solución no participa Consumo. El ministro Bustinduy ha recalcado su intención de "perseguir la publicidad de las viviendas turísticas ilegales". Ha encontrado la vía de las sanciones para poder perseguir estas prácticas.
De los alojamientos a las aerolíneas: investigadas a través de la misma ley
La investigación se ha anunciado poco después de que la cartera haya multado a varias aerolíneas. En concreto, ha impuesto el pago de 150 millones de euros a Vueling, Volotea, Ryanair y Easyjet, que habían estado cobrando a sus consumidores por la maleta de mano y realizar otras prácticas que el Ejecutivo consideraba que lesionaban los derechos de los consumidores. Estas compañías fueron sancionadas en base a la misma ley con la que Consumo busca investigar a las plataformas de alquiler turístico.
De igual forma, Consumo también ha abierto expedientes sancionadores contra grandes operadores de comercio electrónico. La cartera de Bustinduy las acusaba de "rebajas sospechosas" durante el 'Black Friday'.
