La junta de gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado la asignación de derechos especiales de giro (DEG) por valor de unos 547.316 millones de euros con el fin de "apuntalar la liquidez mundial" y que serán acreditados a los países miembros del FMI en proporción con sus actuales cuotas, según ha anunciado la institución. Se trata de la primera asignación desde agosto del año 2009, durante la Gran Recesión, y entrará en vigor el próximo 23 de agosto. Pero, ¿Qué es el DEG?

Se trata de un activo de reserva internacional creado en 1969 por el FMI para complementar las reservas oficiales de los países miembros y que se puede intercambiar por monedas de libre uso y su valor se calcula en función de una cesta de cinco monedas. 

Nueva asignación

Aproximadamente 231.557 millones de euros de la nueva asignación se destinarán a países de mercados emergentes y en desarrollo, incluidos países de bajos ingresos. "Esta es una decisión histórica ya que se trata de la mayor asignación de DEG en la historia del FMI y una inyección de ánimo para la economía mundial en medio de una crisis sin precedentes", afirma Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. El objetivo de la asignación es el de abordar la necesidad de reservas a escala mundial, generar confianza y promover la resiliencia y estabilidad de la economía mundial.

De hecho, el FMI ha planteado la posibilidad de que los países miembros con posiciones externas sólidas distribuyan voluntariamente una parte de sus DEG para ampliar los préstamos a los países de bajo ingreso que pueden acceder a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (FFCLP) del FMI.

El FMI también está estudiando otras opciones para ayudar a los países miembros más pobres y vulnerables en sus esfuerzos de recuperación y podría considerarse un nuevo Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad con el fin de facilitar un crecimiento más resiliente y sostenible a mediano plazo a pesar de que la oposición de la Administración estadounidense, durante la presidencia de Donald Trump, frenó una nueva asignación para abordar la crisis del coronavirus.