El precio de los alquileres en España es sangrante y el acceso o el pago para las familias cada vez más complejo. El informe conjunto publicado este lunes por Fotocasa e Infojobs muestra que los españoles destinaron de media el 43% de su salario para hacer frente al precio del alquiler a lo largo de 2022. Lo que las familias perciben mensualmente se hace evidente también en los datos, que muestran que el precio de la vivienda en alquiler aumentó un 7,4% en tan solo un año, obligando a los ciudadanos a destinar un 3% más de su salario a hacer frente al pago del arrendamiento.

Según el estudio, el salario bruto medio en España fue, el pasado año, de 24.395 euros, por lo que, para alquilar una vivienda de 80 metros cuadrados, con un precio medio de 11,03 euros por metro cuadrado al mes, se necesitaba el 43% del sueldo. Atendiendo a los datos utilizados, el 43% necesario para pagar una vivienda corresponde a un salario bruto de 2.032 en 12 pagas. Teniendo en cuenta que aquellas personas que menos cobran, al menos legalmente, percibieron en 2022 un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 1.166 euros en 12 pagas (14.000 al año), en torno a 2,5 millones de trabajadores que cobraron el SMI se habrían visto obligadas a destinar el 75,67% de su salario para el pago del inmueble tipo que plantea el informe.

El Gobierno cifra en torno a los cinco millones el número de trabajadores que perciben menos de 21.000 euros, total que aumenta notablemente si se sube la barrera hasta los 24.395 de salario que contempla el estudio de estudio de Fotocasa e Infojobs. De esta manera, se evidencia que el groso de la población destina mucho más del 30%, porcentaje a partir del cual se considera la situación como de estrés financiero, para el pago del alquiler.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha señalado que el encarecimiento del arrendamiento es el responsable de que que el esfuerzo salarial que el ciudadano realiza para acceder al alquiler esté muy por encima de lo recomendado por los organismos de control europeos (30%). Por su parte, la directora de Comunicación y Estudios de Infojobs, Mónica Pérez, ha señalado el otro gran problema: la congelación de los salarios. El salario bruto mensual, según sus datos, ha alcanzado los 2.033 euros en 2022, lo que supone una pérdida del 6,4% en el poder adquisitivo, si se tiene en cuenta que la inflación cerró en un 5,7%.

Diferencias entre territorios

Los alquileres no paran de subir y los salarios se estancan o suben miserablemente, una suma que condena al poder adquisitivo de los trabajadores y aboca a una situación muy complicada a la gran mayoría de familias trabajadoras. No obstante, esta situación no se replica por igual en todos los territorios, sino que son diez las comunidades autónomas en las que el porcentaje destinado al alquiler aumenta con respecto al año anterior y siete en las que no. Destaca Baleares como la comunidad en la que se destina el mayor porcentaje salarial a pagar el alquiler, pasando del 49% en 2021 al 58% en 2022.

En Cataluña el porcentaje también asciende hasta el 58%, seguida de Madrid (57%), País Vasco (52%) y Canarias (49%). En el mismo valor que la media se sitúa Cantabria (43%) y, por debajo, Comunidad Valenciana (42%), Navarra (40%), Andalucía (38%), Aragón (36%), Galicia (35%), Asturias (33%), Castilla y León (33%), La Rioja (33%), Región de Murcia (32%), Extremadura (25%) y Castilla-La Mancha (24%).

Por provincias, los residentes en Zamora (24%), Jaén (23%), Cáceres (23%) y Ciudad Real (21%) son los únicos que utilizaron menos del 25% de sus sueldos para el alquiler. En las antípodas, Barcelona tiene el metro cuadrado más caro de España, con un incremento anual del 7,3%, situándose en los 16,10 euros el metro cuadrado al mes. Con estos datos, el estudio sentencia que los barceloneses destinan de media el 62% de su salario al alquiler. Las siguientes provincias más caras son Gipuzkoa (59%), Islas Balears (58%), Madrid (57%), Málaga (52%), Las Palmas (51%), Bizkaia (50%), Santa Cruz de Tenerife (47%), Girona (46%) y Álava (46%).

Propuesta del Gobierno para los alquileres

Para combatir esta realidad, la ley de Vivienda acordada por el Gobierno con sus socios propone regular y topar los precios en las zonas tensionadas, sean propiedad de grandes o pequeños tenedores, tanto para inmuebles nuevos en el mercado como para los ya presentes. Las fórmulas serán diferentes, siendo a través de la indexación a la renta anterior en vigor para los pequeños propietarios y mediante la aplicación del índice de contención de precios para los grandes tenedores.

Tampoco se podrán renovar anualmente los contratos conforme al IPC, sino que podrán incrementarse, como mucho, un 2% en 2023, un 3% en 2024 y, a partir de entonces, se diseñará un nuevo índice más estable e inferior a la evolución del IPC. Los gastos y honorarios inmobiliarios correrán a cargo del propietario, no se podrá aumentar el alquiler con nuevos gastos y se eliminan las cláusulas que permiten descolgarse de estos pretextos con un acuerdo entre las partes. Además, centrado en los tenedores, también se establecen una serie de incentivos para posibilitar que los pequeños propietarios mantengan o bajen los precios del alquiler.

Para que una zona sea considerada tensionada deberá cumplir uno de los dos (o los dos) requisitos establecidos en la norma -que la carga del coste más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media o que el precio se haya encarecido tres puntos por encima del IPC en los cinco años previos a la declaración como zona tensionada-. Más del 60% de los hogares españoles cumplen alguno de estos dos requisitos.