La salud mental es un aspecto fundamental de la calidad de vida de las personas, pero también un factor determinante de la productividad y la competitividad de las empresas y la economía. Sin embargo, en España, la salud mental sigue siendo un tema tabú, estigmatizado y relegado a un segundo plano, tanto en el ámbito laboral como en el sanitario. Los datos son alarmantes: en 2023, España batió su récord de bajas laborales vinculadas con "trastornos mentales y de comportamiento", con casi 600.000 incapacidades temporales relacionadas con la salud mental, un 13,6 % más que el año anterior. Esta cifra supone más del doble que las registradas hace siete años, y evidencia el impacto que ha tenido la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia de covid-19 -y sus repercusiones- en la salud mental de los trabajadores españoles.
En concreto, los trastornos mentales y de comportamiento representan el 8,2 % del total de procesos iniciados en el 2023, según las estadísticas del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, desde los sindicatos advierten que esta cifra está infraestimada, ya que muchos casos no se reconocen ni se diagnostican adecuadamente, y se tratan como enfermedad común, cuando en realidad están relacionados con el trabajo.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los trastornos mentales son una de las principales causas de absentismo, presentismo y baja productividad laboral, y suponen un coste anual de 12.000 millones de días de trabajo perdidos a nivel mundial. Además, los trastornos mentales afectan a la salud física, al bienestar emocional y a las relaciones personales y sociales de las personas que los padecen, y pueden derivar en situaciones de exclusión, discriminación y vulnerabilidad.
No obstante, estos datos también pueden tener una lectura positiva, en el sentido de que cada vez hay más gente que le da mayor importancia a su salud mental y que busca ayuda profesional cuando la necesita. Esto supone un avance en la concienciación y la visibilización de un problema que durante mucho tiempo ha sido ignorado o minimizado por la sociedad. Además, implica un reconocimiento del derecho a la salud mental y a la protección de la misma como parte de la salud integral de las personas. Así, se rompe el silencio y el estigma que rodean a los trastornos mentales y se favorece el empoderamiento y la participación de las personas afectadas en su propio proceso de recuperación y en la defensa de sus derechos.
Los sindicatos reclaman una mayor atención y prevención
Por otra parte, ante esta situación, los sindicatos reclaman una mayor atención y prevención de la salud mental en el ámbito laboral y sanitario. Por un lado, exigen que se actualice la ley de Prevención de Riesgos Laborales para incluir los riesgos psicosociales y la salud mental como parte de la evaluación y la intervención preventiva en las empresas, así como que se reconozcan los trastornos mentales como enfermedades profesionales, tal y como hizo la OIT en 2010. Por otro lado, demandan que se refuerce el sistema público de salud con más recursos humanos y materiales para atender la salud mental, especialmente en el ámbito de la atención primaria y la salud laboral, donde las mutuas apenas cuentan con profesionales especializados en esta materia. Asimismo, piden que se garantice el acceso universal y gratuito a los servicios de salud mental, que se elimine el copago farmacéutico, que se promueva la sensibilización y la formación sobre la salud mental, y que se proteja los derechos y la dignidad de las personas con problemas de salud mental.
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