Meses de arduas negociaciones han culminado este miércoles con el visto bueno del Pacto de Toledo a la reforma del sistema de pensiones impulsada desde el Ejecutivo. La propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sale airosa del penúltimo trámite que esta norma ha de cumplir antes de ser aprobada en el próximo Consejo Extraordinario de Ministros, con fecha todavía por determinar, tras haber recibido el apoyo de los socios de gobierno, de sindicatos y el visto bueno de la Comisón Europea.

La reforma ha llegado en la tarde de este miércoles a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdo del Pacto de Toledo tras haber recibido el aval de la Comisión Europea, los socios de la coalición y los sindicatos. Por su parte, la CEOE y la derecha ya mostraron su oposición a los distintos aspectos recogidos en la medida y han continuado dando la espalda a una reforma que ha logrado un amplio consenso. Las quejas del sector crítico se fundamentan en la forma de aprobación de la medida en forma de Real Decreto Ley.

Así pues, tras el paso de la reforma por el Pacto de Toledo y la celebración de un Consejo Extraordinario de Ministros, el plazo establecido por Escrivá para aprobar la medida antes de Semana Santa se cumple sobradamente.

Dicha reforma de las pensiones, que ha superado con éxito el diálogo social, recibiendo los apoyos de los partidos del Gobierno y los socios de investidura, pero con la oposición de la derecha, supone, tal y como la ha definido Escrivá, una "modernización del sistema de pensiones”, con tres objetivos: garantizar la suficiencia de las pensiones, reforzar la equidad y la solidaridad, y reforzar la sostenibilidad del sistema.

¿Cómo será la nueva reforma de las pensiones?

En concreto, la segunda fase de la reforma de pensiones acordada por el Gobierno, CCOO y UGT se centra en la obtención de ingresos para que el sistema afronte con garantías las tensiones financieras que implicará la jubilación de los 'baby boomers' en las décadas de 2030 y 2040. Las nuevas medidas permitirán fomentar la sostenibilidad del sistema ante el previsible aumento de pensionistas.

También contempla mejoras en la cobertura de lagunas de cotización, en el complemento de la brecha de género y en las pensiones mínimas, así como el establecimiento de un sistema dual para el cálculo de la pensión para que las personas con carreras laborales irregulares no vean mermada su prestación.

El principal escollo en las negociaciones ha sido el método de cálculo de las pensiones. Las partes han acordado mantener un modelo de cotización dual que combine la fórmula tradicional con la propuesta por el Ejecutivo. En concreto, dicha cotización podrá calcularse o con los últimos 25 años cotizados o con 29 años de cotización, de los que se podrán excluir los dos peores, por lo que en la práctica el cómputo en este segundo caso será de 27 años. Esta nueva opción se irá introduciendo de manera progresiva, desde 2027 a 2038, año en el que ya quedarán completamente desplegados los 29 años (menos dos).

Hasta 2040 podrá elegirse entre esta opción y los últimos 25 años, mientras que entre 2041 y 2043 la opción de 25 años irá subiendo a razón de seis meses por año, desde 25,5 años en 2040 a 26,5 años en 2043, pudiendo elegirse entre este periodo o los 29 años (menos los dos peores). A partir de 2044 ya no se podrá elegir y la pensión se calculará con 27 años efectivos de cotización (29 años menos los dos peores). De oficio, mientras existan las dos alternativas, la Seguridad Social siempre aplicará la más ventajosa para el trabajador.

Por otro lado, la nueva reforma establece una cotización para la parte del salario que no cotiza por superar la base máxima de cotización, lo que se conoce como cuota de solidaridad que ha dolido especialmente a la patronal. Ésta será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045 (5% a cargo de la empresa y 1% a cargo del trabajador).

También refuerza el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) que ya fue aprobado durante la primera parte de la reforma el pasado año. La actual sobrecotización del MEI, del 0,6%, subirá hasta el 1,2% en 2029, a un ritmo de una décima por año y con la siguiente distribución: 1% a cargo de la empresa y 0,2% a cargo del trabajador. Esta sobrecuota se mantendrá en el 1,2% de 2030 a 2050 y podrá aumentar de manera automática si el gasto en pensiones sobrepasa el 15% del PIB.

Otro punto es el destope de las bases máximas de cotización. Subirán anualmente con el IPC más una cuantía fija de 1,2 puntos entre 2024 y 2050. Esto implicará un aumento acumulado del 38% hasta 2050. El Gobierno evaluará cada cinco años en el marco del diálogo social la subida de las bases máximas de cotización y remitirá un informe a la Comisión del Pacto de Toledo.

Lo que también subirá serán las pensiones máximas, que se revalorizarán año a año con el IPC anual más un incremento adicional de 0,115 puntos porcentuales acumulativos cada año hasta 2050, lo que supondrá un alza aproximada del 3%. A partir de 2051 y hasta 2065 se producirán incrementos adicionales para que al final del periodo, en 2065, la pensión máxima haya subido de manera acumulada un 20%. A partir de ese año se valorará la conveniencia de alcanzar un incremento total del 30%.

Así pues, la nueva reforma que se encuentra a la espera de una inminente aprobación en un Consejo de Ministros Extraordinario supondrá más ingresos a la hucha de las pensiones, una mejora de las cuantías y un reparto más justo, equitativo y sostenible.