Cepsa ha dado un paso más en su oposición al impuesto permanente al sector energético y advierte ahora con "ralentizar" sus inversiones en España si finalmente se aprueba la medida que convertiría al gravamen extraordinario y temporal en permanente a partir del 1 de enero de 2025. Las grandes energéticas, especialmente Repsol y Cepsa, han reiterado en los últimos días su total desacuerdo con la intención del Gobierno, al menos de Sumar, de hacer permanente el gravamen una vez terminado el plazo de vigencia para el que fue diseñado inicialmente.
Ahora, la compañía liderada por Maarten Wetselaar ha reconocido "estar valorando" el impacto que tendría aprobar este nuevo impuesto, de carácter permanente, a partir de próximo 1 de enero sobre su fiscalidad. Desde la compañía alegan que, por razones de rentabilidad, Cepsa se vería obligada a retrasar sus inversiones en España hasta una segunda fase mientras, en paralelo, se "da prioridad" a proyectos de hidrógeno verde en otros países en los que opera. Esta decisión supondría retrasar los avances en renovables en el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde que está desplegando la energética en Huelva.
"Si esto se materializa, provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendríamos que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que, inicialmente, teníamos planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico Positive Motion", advierte la compañía.
No obstante, Cepsa mantiene su apuesta por las energías renovables y su transformación hacia una compañía descarbonizada, cumpliendo así con los niveles de emisiones. "Nuestra transformación en marcha es irreversible para lograr que más de la mitad de nuestro beneficio provenga de actividades sostenibles en 2030”, justifica la compañía.
El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde
El Valle Andaluz del Hidrógeno Verde de Cepsa, junto con la participación de otros actores del sector, es una de las grandes apuestas de la energía verde a nivel nacional. La compañía ha elegido el sur de España para situar una instalación de energía limpia que pudiera dotar al resto de Europa de hidrógeno verde. Una infraestructura que ha nacido con el objetivo de descarbonizar la industria, la aviación y el transporte marítimo y terrestre pesado, e incluso convertir a España en un país exportador de energía sostenible. El proyecto andaluz de Cepsa contempla una inversión de 3.000 millones de euros, así como la creación de 10.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos para potenciar la descarbonización del sector y la apuesta por la energía limpia.
Rechazo de la gran banca y las energéticas
Tanto Repsol y Cepsa como las grandes entidades financieras se han pronunciado ya en contra de hacer permanente el impuesto que nació como temporal y que terminaría su vigencia el próximo 31 de diciembre de 2024. En el caso del sector energético, el Gobierno ha ingresado hasta ahora más de 2.400 millones de euros en los dos años de aplicación del gravamen. Un impuesto que también ha pagado Cepsa a pesar de haber cerrado el último ejercicio en pérdidas. El sector se ha quejado reiteradamente, desde el primer momento de aplicación de la medida en 2023, del carácter "injusto" del impuesto, además de estar "mal diseñado".
A estas críticas se han sumado ya las amenazas de grandes empresas del sector, por el momento Cepsa y Repsol, de replantearse sus inversiones en España. En el caso de Cepsa, la compañía ha reconocido "estar valorando" la "ralentización" de sus inversiones en renovables en terreno nacional mientras que, en el caso de Repsol, ya advirtió hace meses de llevarse sus inversiones a otros mercados como Portugal. Por el momento, Repsol ha priorizado la inversión en hidrógeno en su planta portuguesa de Sines mientras ha dejado, de momento, en stand-by, los correspondientes avances en sus centros de producción españoles. Todo ello si finalmente el Gobierno convierte en permanente el impuesto que nació como temporal a partir del próximo 1 de enero de 2025.
Mientras tanto, en el ámbito político están negociando in extremis el futuro del impuesto más allá de este 2024. Fuentes del sector reconocen estar manteniendo conversciones con "todos los grupos políticos" para rediseñar el impuesto o bien, evitar que se convierta en permanente en los próximos meses. Esto supone que el futuro del impuesto estaría ahora en manos del Gobierno y de los diferentes grupos parlamentarios ya que la medida tendría que pasar por los correspondientes trámites en el Congreso y el Senado en caso de que se decidiera mantener el gravamen más allá de lo diseñado inicialmente.
