Después de una carrera al sprint, precedida por semanas de negociaciones entre los socios, el Gobierno registra este viernes una serie de enmiendas, aprovechando el marco abierto por la modificación del delito de sedición, entre las que se encuentra el endurecimiento de las penas para los delitos que atente contra los derechos de los trabajadores. La reforma prevista del artículo 311 del Código Penal, impulsada por Unidas Podemos, contemplará nuevas penas de entre seis meses y seis años de cárcel para aquellos empresarios que incumplan de manera sistemática y reiterada la legislación laboral.

“La defensa de los derechos laborales en casos flagrantes de injusticia estará garantizada por el Código Penal. Modificaremos el artículo 311 para proteger a los trabajadores y evitar que los incumplimientos reiterados de la legislación laboral no queden impunes”, ha revelado Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, a través de sus redes sociales. Así, empresas como Glovo, compañía en rebelión contra la reforma laboral y que vulnera constantemente la legislación laboral (ley rider), con un modelo de contratación de falsos autónomos, puede enfrentarse ahora a delitos penales (sus responsables). Modificación importante, ya que, previo cambio las faltas que enfrentaban estas compañías eran administrativas y, en muchas ocasiones, preferían elegir pagar la multa que cumplir la ley.

“Esta modificación busca que aquellos empresarios que de forma sistemática incumplen la legislación laboral y vulneran los derechos de los trabajadores no se vayan de rositas. Ahora mismo les sale más a cuenta pagar la multa y seguir incumpliendo la legislación laboral que cumplir la legalidad. Con esta reforma del Código Penal eso no será así. Es una reforma para blindar los derechos de los trabajadores, reivindicada por los sindicatos CCOO y UGT”, ha señalado Jaume Asens, líder de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados.

También se perseguirá el enriquecimiento ilícito

Dentro de la ristra de reformas anunciadas este viernes por el Ejecutivo, también se contempla una reforma para castigar con cárcel a los cargos públicos que estén en posesión de un enriquecimiento superior a 250.000 euros sin que éste se encuentre justificado. El texto se tramita en el Congreso de los Diputados con la intención de crear un nuevo delito de enriquecimiento ilícito de cargos públicos. Las penas podrán alcanzar hasta los tres años de cárcel y perseguirán a las personas que no puedan justificar estar en propiedad de un patrimonio que alcance dicha cantidad.

Quien “haya obtenido un incremento patrimonial o una cancelación de obligaciones o deudas por un valor superior a 250.000 euros respecto a sus ingresos acreditados” sea “castigado con penas de prisión de entre seis meses y tres años”, reza el texto. No obstante, el castigo no cesa ahí, ya que, la pena de prisión traerá consigo una multa al beneficiario de la cantidad, así como la inhabilitación especial para empleo y cargo público. Se enfrentarían a estas condenas las personas que se negaran “abiertamente a dar el debido cumplimiento de los requerimientos de los órganos competentes destinados a comprobar su justificación”. Así, se busca no tan solo castigar el delito, sino también recuperar la cantidad obtenida ilícitamente.